Colombia desmiente alertas externas y exige respeto al derecho internacional en el espacio aéreo de Venezuela

El Gobierno de Colombia desmintió las versiones difundidas recientemente por fuentes externas sobre supuestas limitaciones o peligros en el espacio aéreo de Venezuela. A través del Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, el país aseguró que, tras revisiones técnicas, el espacio aéreo venezolano sigue abierto, operativo y sin condiciones que pongan en riesgo la seguridad aérea.

Las autoridades señalaron que las alertas que circularon a nivel internacional no fueron coordinadas con Venezuela, no provienen de una autoridad competente y carecen de validez en el marco del Convenio de Chicago y los estándares de la OACI.

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En su comunicado oficial, el Ministerio de Transporte destacó que ninguna autoridad internacional tiene potestad para hacer modificaciones, restricciones o emisiones de advertencias sobre el espacio aéreo de Venezuela, ya que esa facultad es exclusiva del Estado soberano responsable.

“El espacio aéreo de la República Bolivariana de Venezuela permanece abierto, operativo y sin restricciones que afecten la navegación aérea civil”, reiteró la entidad. Además, aclaró que no existe en la actualidad ninguna situación que comprometa la seguridad operativa.

Las señales publicadas por un tercer Estado, dijeron, fueron emitidas sin coordinación con la autoridad aeronáutica venezolana y carecen de sustento técnico o jurídico. Estas advertencias, añadieron, crean confusión entre aerolíneas y pasajeros, y afectan la fiabilidad del sistema internacional de aviación.

El Gobierno recordó que cualquier cierre o restricción aérea excepcional requeriría soporte legal internacional, incluidas decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU, y en el caso de los Estados Unidos, autorización del Senado para intervenciones militares o medidas que impliquen acciones sobre otro territorio.

Por lo tanto, resaltó que ninguna aerolínea está obligada a seguir advertencias externas que no se ajusten al marco regulatorio internacional, y que las empresas colombianas deben operar según las directrices de la OACI y de la Aeronáutica Civil.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, reafirmó esta postura al señalar: “El espacio aéreo venezolano está abierto y plenamente operativo. En aviación civil no hay lugar para ambigüedades: cualquier modificación solo puede ser anunciada por el Estado responsable. Las advertencias externas carentes de competencia o coordinación no son válidas y generan incertidumbre innecesaria. Colombia apoya el llamado del Presidente Petro a defender el derecho internacional y la estabilidad aérea de la región”.

El Gobierno Nacional respaldó el llamado presidencial para que se convoque una respuesta coordinada ante la situación y solicitó tres puntos clave: primero, que la OACI convoque de inmediato su Asamblea, para evaluar la situación y garantizar el cumplimiento de los estándares de navegación aérea.

En segundo lugar, que la Unión Europea normalice los vuelos hacia Venezuela y adopte medidas contra aerolíneas que no cumplan con la normativa aeronáutica, y en tercer lugar que los países de América Latina y el Caribe mantengan sus operaciones con total normalidad, preservando la región como un territorio de paz, respeto a la soberanía y cooperación.

Asimismo, recordó que la consolidación democrática de Venezuela corresponde únicamente a su pueblo y a sus instituciones, rechazando cualquier intento de intervención externa.

Minutos antes del comunicado oficial, la Aeronáutica Civil emitió una primera alerta institucional. En ella reiteró que no hay ninguna anomalía que afecte la seguridad operativa en el espacio aéreo de Venezuela y que cualquier información aeronáutica que modifique la navegación solo puede ser emitida por el Estado responsable.

La Aerocivil subrayó que las declaraciones de un tercer Estado “no tienen validez operativa y generan confusión en el sistema de aviación civil”, ya que son “ajenas al marco normativo internacional”.

Además, enfatizó que la emisión de advertencias sin coordinación introduce incertidumbre, compromete la fiabilidad de la información aeronáutica y puede afectar derechos de los usuarios, así como la estabilidad regional del transporte aéreo.

Finalmente, tanto el Ministerio de Transporte como la Aerocivil aseguraron que seguirán monitoreando permanentemente la situación regional. Resaltaron que la seguridad operativa, el respeto al derecho internacional y la coherencia normativa son pilares esenciales para un sistema aéreo confiable y seguro.

El Gobierno reiteró su llamado a la comunidad internacional: las normas de aviación civil deben ser respetadas sin excepción, y la región debe mantenerse como un territorio de paz y cooperación.