Colombia
Defensoría del Pueblo pide al Estado medidas tras atentado al Inpec en Neiva que dejó un niño de 11 años muerto
Un ataque armado contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Neiva, Huila, resultó en la trágica muerte de un niño de 11 años, hijo del director del penal, y heridas graves al subdirector del centro de reclusión.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Estado para que implemente “medidas inmediatas y efectivas de protección para los servidores del sistema penitenciario y sus familias”, como se indicó en un comunicado oficial tras los hechos del 13 de enero de 2025.
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El atentado ocurrió alrededor de las 6:48 a. m. en la carretera entre Neiva y Rivera, cerca del cementerio Los Olivos. Según los informes, un vehículo que transportaba a Édgar Rodríguez, director del Establecimiento de Mediana Seguridad, su hijo de 11 años y el subdirector Renato Solano Osorio, fue interceptado por dos sicarios en motocicleta.
Los atacantes abrieron fuego repetidamente contra el automóvil. El menor sufrió una herida de bala en la cabeza, y el subdirector resultó gravemente herido.
El director Rodríguez no sufrió lesiones físicas. El niño fue llevado de urgencia a una clínica, donde se confirmó su fallecimiento más tarde. El subdirector sigue recibiendo atención médica especializada.
La Defensoría del Pueblo advirtió que el ataque en Neiva debe ser visto como parte de una serie de violencias que incluye, entre otras, el asesinato del director de la Cárcel Modelo en mayo de 2024 y numerosos atentados contra funcionarios del INPEC en 2025, que han causado la muerte de dragoneantes y servidores administrativos en Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia y Cartagena.
La entidad estatal enfatizó que “la continuidad de estos incidentes muestra fallas importantes en las estrategias de prevención y protección” implementadas hasta la fecha. Desde octubre de 2025, la Defensoría ha solicitado al Ministerio de Justicia y del Derecho una revisión exhaustiva de las condiciones laborales y de seguridad para el personal del sistema penitenciario, así como reforzar la coordinación interinstitucional y la evaluación de perfiles de riesgo.
En el comunicado, se reiteró: “Quienes ejercen esta función esencial para el Estado y la sociedad lo hacen en entornos de alto riesgo, expuestos a amenazas y agresiones, sin contar aún con respuestas estructurales adecuadas que aseguren su vida e integridad, y la de sus familias”.
Ante la gravedad de lo sucedido, la Defensoría del Pueblo lanzó un llamado específico a las autoridades competentes:
- A la Fiscalía General de la Nación, para que realice investigaciones “rápidas y efectivas que esclarezcan los hechos y lleven a los responsables ante la justicia”.
- A las autoridades nacionales y territoriales, para que “implementen de inmediato medidas efectivas de protección para los servidores del sistema penitenciario y sus familias”.
- Al Gobierno nacional, para que refuerce integralmente “las acciones de prevención, seguridad y protección en los centros de reclusión”.
- Priorizar el diseño e implementación de una política sólida de protección para la vida e integridad del personal penitenciario y administrativo del Inpec.
El comunicado también enfatiza: “Este llamado, hoy, cobra una vigencia dolorosa y urgente”.
La Defensoría del Pueblo, a través de su Regional Huila, comunicó que está proporcionando acompañamiento institucional a las familias afectadas y supervisando las acciones de las autoridades en el marco de sus responsabilidades constitucionales. El comunicado señala que el objetivo es “garantizar una atención adecuada y proteger los derechos de los afectados”.
Además, el organismo subrayó que “la humanización del sistema penitenciario y carcelario no debe limitarse a garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad”, sino que “el Estado colombiano tiene el deber irrenunciable de proteger la vida, la integridad y la dignidad de quienes, desde el servicio público penitenciario, llevan a cabo la misión de custodiar, resocializar y garantizar el orden en los centros de reclusión”.
“La Defensoría del Pueblo expresa su solidaridad y acompaña a los padres y familiares del niño, cuya vida fue truncada de forma violenta, así como a la familia del subdirector herido. Compartimos su dolor y nos unimos al llamado por verdad, justicia y garantías de no repetición”, concluyó el comunicado oficial.
Las autoridades han desplegado personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación para recolectar evidencias y verificar grabaciones de cámaras de seguridad en el área, con el objetivo de identificar a los responsables. El Inpec y la Policía Nacional colaboran en aclarar los motivos del ataque, sin descartar vínculos con las funciones penitenciarias de las víctimas.
El ataque ha reavivado el debate sobre la seguridad de los funcionarios penitenciarios en Huila y otras áreas del país, donde se han registrado incidentes de violencia anteriores. La situación mantiene a las autoridades bajo presión, mientras continúan con las investigaciones y el acompañamiento a los afectados.