Colombia
Estas fueron las ‘jugaditas’ de Álvaro Leyva en el caso de pasaportes que hoy lo tiene imputado por prevaricato
La acusación de cargos contra el exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva Durán, por supuesta prevaricación en la gestión de la licitación para la producción y distribución de pasaportes ha reavivado el debate sobre la transparencia y la gestión de un servicio fundamental para millones de ciudadanos.
Este caso involucra a la compañía Thomas Greg & Sons y varias entidades del Estado, resaltando las tensiones existentes entre el Gobierno, la Fiscalía y el sector privado, así como las dificultades para asegurar la continuidad en la emisión de pasaportes en el país.
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El 9 de diciembre de 2025, la fiscal Sandra Portilla imputó formalmente a Leyva Durán como presunto autor de prevaricato por acción en concurso homogéneo.
La audiencia se llevó a cabo ante la magistrada Alejandra Ardila del Tribunal Superior de Bogotá de forma virtual, dado que el exfuncionario se encontraba fuera del país.
Durante esta diligencia, la Fiscalía argumentó que Leyva, en su rol al frente de la Cancillería, habría intervenido de manera “caprichosa, tozuda y arbitraria” en el proceso de licitación para la emisión de pasaportes, un contrato valorado en 559.000 millones de pesos.
La fiscal Portilla afirmó que Leyva emitió tres actos administrativos que, según el ente investigador, buscaban “disfrazar las dificultades derivadas de su falta de planeación”.
La Fiscalía sostiene que el exministro tenía conocimiento de que la oferta presentada por Thomas Greg & Sons cumplía con todos los requisitos y que su equipo le había sugerido adjudicar el contrato.
“Para ese período usted ya sabía que el proceso licitatorio se había llevado a cabo correctamente.”, destacó la fiscal.
Sin embargo, Leyva declaró desierta la licitación en septiembre de 2023, una decisión que, según la Fiscalía, no estuvo justificada y se basó en un “acto puro y subjetivo de autoridad”.
Además, la inadmisión del recurso de reposición presentado por la empresa fue vista por la Fiscalía como una acción “a su propio arbitrio, con desviación y abuso de poder”.
En respuesta a las acusaciones, Leyva ha defendido su actuar, argumentando que declarar desierta la licitación tenía como objetivo garantizar la “pluralidad” de ofertas y evitar que el proceso quedara en manos de una sola compañía.
El exministro ha mencionado que existían sospechas de que la licitación había sido “cuadrada” por sus subordinados para beneficiar a Thomas Greg & Sons.
Sin embargo, esta versión no fue aceptada por la Procuraduría, que en noviembre de 2024 lo destituyó e inhabilitó por diez años tras un juicio disciplinario. El organismo determinó que Leyva, con sus acciones, puso en riesgo el funcionamiento del servicio de pasaportes y no protegió los intereses de la comunidad.
El conflicto entre el Gobierno y Thomas Greg & Sons (TGS) data de mayo de 2023, cuando siete empresas que participaban en la licitación para la fabricación de pasaportes se retiraron en bloque, argumentando que el concurso favorecía a TGS.
Los requisitos del proceso, como la necesidad de tener una planta de producción en Bogotá y plazos de entrega difíciles de cumplir, fueron considerados como obstáculos que solo la empresa colombiana podía solventar. Thomas Greg & Sons, que ha gestionado la producción y distribución de pasaportes desde 2007, quedó como el único finalista habilitado.
En septiembre de 2023, tras la suspensión temporal de la licitación por sospechas de irregularidades, Leyva declaró desierta el concurso, lo que abrió la puerta al uso de la figura de urgencia manifiesta.
Esta herramienta legal permitió la contratación directa de TGS para asegurar la continuidad del servicio. Poco después, la empresa interpuso un recurso de reposición, que fue desestimado al día siguiente, y posteriormente inició una demanda contra el Estado colombiano por 117.000 millones de pesos, alegando perjuicios por la declaración desierta de la licitación. La demanda fue retirada en enero de 2025, coincidiendo con el final de la gestión de Luis Gilberto Murillo como canciller.
La gestión del contrato de pasaportes ha pasado por varias extensiones. En septiembre de 2024, bajo la dirección de Murillo, la Cancillería anunció una segunda prórroga del contrato con TGS hasta agosto de 2025.
El plan oficial contemplaba que, a partir de septiembre de 2025, la Casa de Moneda de Portugal asumiría la fabricación de pasaportes en una planta ubicada en Colombia, con la expectativa de transferir la infraestructura a la Imprenta Nacional una década después. Sin embargo, a pocos meses de finalizar la segunda prórroga, no había un acuerdo firmado con Portugal y la Imprenta Nacional aún carecía de la capacidad operativa necesaria para asumir la producción.
En junio de 2025, la Cancillería confirmó que se estaba preparando una nueva declaración de urgencia manifiesta, lo que llevó a una tercera prórroga para que TGS continuara imprimiendo los pasaportes. A su vez, la entonces canciller Laura Sarabia anunció que, a partir del 1 de septiembre de 2025, el Ministerio implementaría una etapa transitoria en la que la gobernanza de los datos pasaría al control de la Cancillería, mientras la Imprenta Nacional fortalecía sus capacidades.