La decisión de eliminar 12 aulas de apoyo para niños con discapacidad provoca crisis educativa y protestas en Bogotá

El martes 9 de diciembre de 2025, Bogotá fue escenario de una intensa protesta, con bloqueos intermitentes en la avenida El Dorado, donde padres, madres y cuidadores de niños con discapacidad expresaron su descontento frente a la Secretaría de Educación, en la intersección con la carrera 66.

Las protestas, desencadenadas por el anuncio de la eliminación de 12 aulas especializadas en educación para este grupo, afectaron gravemente la movilidad en la ciudad, conduciendo al cierre de estaciones, congestión, invasión de carriles y desvíos en las rutas del Sitp.

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La frustración de los usuarios del transporte público por las demoras y complicaciones de tráfico contrastó con la urgencia del motivo detrás de la manifestación. Más allá de las filas de vehículos y las dificultades para llegar a sus destinos, cientos de familias expusieron la crítica situación que padecen los niños con discapacidad ante la drástica disminución de espacios educativos adaptados en la ciudad.

Según denuncias recopiladas por Colombia Oscura en la red X, la medida administrativa del alcalde Carlos Fernando Galán implicaría el cierre de instituciones que, hasta ahora, han proporcionado un entorno pedagógico integral y especializado a esta población vulnerable.

Las madres que participaron compartieron testimonios reflejando una profunda preocupación y sensación de desamparo. Según declaraciones obtenidas en la mencionada red, una funcionaria de la Secretaría de Educación de Bogotá habría afirmado a una madre que “trasladar a sus hijos a colegios regulares y recibir maltratos les forjaría el carácter para la vida real”. Este tipo de comentarios, junto con la falta de información clara y la negativa al diálogo, causaron rechazo e indignación entre la comunidad educativa presente en el evento.

Una de las madres comentó: “Estamos aquí protestando por los niños con discapacidad que son atendidos en colegios, que están siendo clasificados como aulas de apoyo pedagógico. Estos son colegios que brindan atención integral para cada niño con discapacidad. No son segregadores, como la ha querido presentar la Secretaría de Educación. Venimos a denunciar porque, lamentablemente, cerraron matrículas para ciertos grados y llevaron a cabo un traslado arbitrario del rector del Colegio Bolivia, al que asiste mi hija”.

Asimismo, comentó: “No nos han dado respuestas claras sobre nuestras preocupaciones como cuidadores y padres respecto a la atención de nuestros hijos en aulas regulares. Dicen que hay inclusión en las aulas regulares, pero es una falacia. Los maltratan, los excluyen, y además, una madre recibió una llamada de la Secretaría de Educación diciendo que el maltrato que sufría su hijo le formaba carácter y ofrecía una educación para la vida real. Desafortunadamente, la Secretaría de Educación parece ignorar esta realidad, pero aquí estamos todos en pie de lucha”.

Otra madre detalló el clima de incertidumbre: “Soy mamá de un niño de ocho años llamado Samuel, que tiene discapacidad múltiple. Mi hijo asiste al Colegio Bolivia, donde están cerrando las aulas de apoyo. Tendrá que repetir primero el año próximo y, dado que ya no hay matrículas disponibles, no sabemos qué sucederá con nuestros hijos. La Secretaría de Educación no nos está otorgando matrícula ni para primer ni quinto grado de la jornada matutina. En la jornada vespertina, hay varios cursos sin matrícula. Estamos aquí solicitando una mesa de trabajo. Desde las ocho de la mañana estamos en esta situación y hasta ahora solo nos están dando largas, sin una respuesta concreta”.

El debate sobre cómo se atiende a los niños con discapacidad en el ámbito educativo no es algo reciente. En septiembre de 2025, el concejal Andrés Onzaga alertó en el Concejo de Bogotá sobre graves problemas relacionados con la contratación y la calidad de los dispositivos de asistencia personal distribuidos por el Distrito, así como una posible reducción en la oferta de espacios educativos adaptados.

Onzaga destacó que entre 2021 y 2024 se invirtieron más de 51.000 millones de pesos en ayudas técnicas para personas con discapacidad, y que el presupuesto proyectado hasta 2028 se acercaría a los 104.000 millones. Sin embargo, advertió que el aumento en los recursos no garantiza la protección de derechos si existen sobrecostos (algunos alcanzaron hasta un 695% en elementos como bastones y cuadernos de braille) o si predominan materiales de mala calidad. También mencionó la concentración de la contratación en pocas empresas, como Tu Salud IPS, y retrasos en convenios para el próximo año, factores que ponen en riesgo la cobertura y calidad del servicio.

La situación se complicó con la revisión de casos de estudiantes actualmente en aulas de apoyo con el objetivo de trasladarlos a espacios convencionales. Los padres, madres y cuidadores consideran que esta medida implica un cierre encubierto de los servicios diferenciados, lo que podría comprometer el derecho a una educación de calidad y adaptada para cientos de niños en la capital.

De acuerdo con datos del sector educativo, Bogotá cuenta con 42 colegios que ofrecen aulas de apoyo, atendiendo a aproximadamente 1.500 estudiantes con discapacidad, con el respaldo de 123 docentes especializados. En total, más de 6.000 estudiantes se benefician de este modelo, incluyendo a 221 con discapacidad múltiple y casi 1.000 con Síndrome de Down.

Durante reuniones con las autoridades, las familias han enfatizado que las aulas de apoyo son espacios pedagógicos vitales para el aprendizaje, la integración y la prevención de situaciones de exclusión o acoso. Los voceros de los cuidadores subrayaron: “La educación inclusiva no es invisible las diferencias. Las aulas de apoyo son herramientas de dignidad, no de segregación. Cerrarlas sería un retroceso en los derechos adquiridos por las personas con discapacidad.”.