Patricia Bullrich responde con contundencia a Jorge Macri: Acusaciones de mala fe y coerción sobre la crisis carcelaria en la Ciudad.

El fallo de la Justicia local que ordenó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) recibir a más de 400 presos sentenciados que se hallan en comisarías y calabozos de la Ciudad de Buenos Aires ha incrementado la tensión entre el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el marco de las negociaciones sobre la transferencia del servicio penitenciario, con el propósito de aliviar los notorios embotellamientos en las celdas de CABA.

En términos sencillos, la gestión de Macri solicita acciones inmediatas para reducir la hacinación en las comisarías y así detener los escapes. Aseguran que la Nación no está trasladando el número adecuado de detenidos para lograrlo.

La resolución del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N°23 de la Ciudad, dirigido por el juez Norberto Circo, en respuesta a un habeas corpus colectivo presentado por la Defensoría de la Ciudad, provocó una firme reacción de Bullrich hacia el jefe de Gobierno porteño.

“En la mayoría de las provincias hay un hacinamiento de presos en comisarías, pero no se reportan fugas cada semana”, afirmó la ministra de Seguridad Nacional en una carta dirigida al Jefe de Gobierno porteño, a la que tuvo acceso Infobae.

“Este gobierno no aceptará ningún tipo de coerción, ni directa ni indirecta”, declaró en relación a la decisión del juez Circo, quien no convocó al SPF antes de emitir su fallo, el cual ya ha sido apelado y que Bullrich calificó como “una aberración jurídica”.

En esta línea, anticipó que el Ministerio de Seguridad Nacional considera que la Justicia de la Ciudad “se está sobrepasando en el dictado de Habeas Corpus en relación con espacios federales”.

Además, en la misiva, la funcionaria mencionó los datos proporcionados por la gestión de Macri respecto a la cantidad de ingresos semanales a instituciones penitenciarias federales.

Bullrich también mencionó que “en los últimos días ha circulado información errónea y malintencionada en los medios y personas cercanas al Gobierno de la Ciudad han empezado a hacer acciones de Habeas Corpus para forzar la masiva aceptación de detenidos en el Servicio Penitenciario Federal”.

Posteriormente, argumentó: “Teníamos la obligación legal de aceptar de 60 a 70 presos semanalmente y, desde que comenzó este gobierno, hemos aumentado esa cifra a 90 internos por semana, lo que significa un incremento del 50%. Ofrecimos 100 espacios en el interior del país y un cupo especial de 50 lugares para delincuentes sexuales, pero, la Ciudad solo ha utilizado el máximo de 90 plazas semanales”.

Simultáneamente, reveló las acciones que la Nación ha propuesto mientras se termina la construcción de la cárcel de Marcos Paz para reclusos de la Ciudad.

“El 10 de abril de 2024, formalmente propusimos al Gobierno de la Ciudad que levantara módulos en terrenos del Servicio Penitenciario Federal para alojarallí a 400 de sus reclusos, con la posibilidad de extender a 600 adicionales. Esta propuesta fue completamente desestimada por las autoridades de la Ciudad”, afirmó.

Prosiguió: “En conversaciones informales subsiguientes se propuso al Ministro de Seguridad porteño incrementar esa oferta a 1000 espacios, donde la Ciudad asumiría el 50% de los gastos de mantenimiento por cada interno. Tal propuesta ni siquiera recibió contestación.”

Añadió que estas eran solo “soluciones provisionales”. “La auténtica solución es que la Ciudad concluyera y entregara el Complejo Penitenciario Federal en Marcos Paz que se comprometió a construir en 2018, el cual podría haber acogido a 2240 detenidos, pero que, debido a decisiones políticas de esta y la anterior administración, aún no ha sido materializado. La prisión debía ser entregada en 2020″, enfatizó.

Por su parte, desde la gestión porteña han señalado a este medio que ya se han reanudado las obras en dicho establecimiento penitenciario y que se espera finalizar para diciembre de este año.

Para Bullrich, la crisis actual de detenidos en el territorio porteño se debe a “decisiones políticas equivocadas que están poniendo en peligro la seguridad de los porteños y el bolsillo de todos los argentinos.”

Respecto a los costos del sistema penitenciario federal, Bullrich expuso: “Desde que asumimos, hemos tenido más de 5000 internos por delitos comunes cometidos en la Ciudad. En la actualidad, el sistema federal penitenciario alberga a 11.500 internos, de los cuales 6.000 son de la CABA, lo que implica un gasto anual para el resto de la población del país de $156.639.750.000″.

Esta afirmación se da como respuesta al Gobierno porteño, que había comunicado durante esta semana que el costo diario de cada detenido en sus instalaciones asciende a $83.576 para los vecinos.

“Desde hace 9 años, podrían haber establecido su propio Servicio Penitenciario. La tardanza es responsabilidad de una administración que no asume su deber respecto a los reclusos que su política de seguridad ha generado,” se quejó la titular del Ministerio de Seguridad nacional.

La ministra sostiene que las actitudes que atribuye al gobierno porteño ponen en riesgo el proceso de transferencia. “Socavan la buena fe que debe prevalecer en cualquier negociación seria,” sentenció. Añadió: “Esta administración no aceptará ningún tipo de coerción, ni directa ni indirecta.”

JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

SEÑOR JORGE MACRI

El Ministerio de Seguridad Nacional está comprometido con la protección de la seguridad pública nacional.

Con este objetivo, asumió la responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal para asegurar la coherencia y firmeza en las políticas implementadas.

Desde el inicio de nuestra gestión, reconocimos que era vital abordar la problemática de los detenidos en las comisarías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires; por ello, hemos puesto en marcha una serie de medidas para mitigar esta situación:

– Teníamos la obligación legal de recibir entre 60 y 70 reclusos semanalmente y, desde el comienzo de este mandato, hemos elevado a 90 internos por semana, lo que representa un 50% más;

– Ofrecimos 100 espacios en el interior del país y un espacio especial de 50 cupos para ofensores sexuales;

– No obstante, la Ciudad ha empleado únicamente el cupo de 90 plazas semanales.

Asimismo, después de ampliar significativamente el cupo de admisiones, el 10 de abril de 2024, formalizamos a la Ciudad de Buenos Aires una propuesta para la construcción de módulos en terrenos del Servicio Penitenciario Federal destinados a alojar a 400 de sus internos, con la opción de incrementar este número en otros 600 más. Esta sugerencia fue totalmente rechazada por las autoridades locales.

De hecho, en encuentros informales posteriores se le ofreció al Ministro de Seguridad de la ciudad ampliar la oferta a 1000, condicionando que la Ciudad asumiera el 50% de los gastos de mantenimiento por cada recluso. Esta propuesta ni siquiera recibió respuesta.

Todas las propuestas fueron soluciones temporales; la clave radica en que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires finalice y entregue el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, que se comprometió a construir en 2018 y que podría haber albergado a 2240 internos; no obstante, por decisiones políticas de esta administración y anteriores, continúa sin completarse. La cárcel debió haber sido entregada en 2020.

EN RESUMEN, SE TRATA DE DECISIONES POLÍTICAS ERRÓNEAS QUE AHORA CARGAN LOS PORTEÑOS EN TÉRMINOS DE SEGURIDAD Y LOS ARGENTINOS EN TÉRMINOS ECONÓMICOS, ya que, desde el inicio de nuestra gestión, hemos recibido más de 5000 internos por delitos comunes en CABA.

Actualmente, el sistema penitenciario federal que sostiene económicamente a todos los argentinos tiene a 11,500 internos, de los cuales 6,000 son reclusos de CABA, enfrentando juicios por delitos comunes, lo que supone un gasto anual de $156,639,750,000 para el resto de la población.

Esto implica que un ciudadano de, por ejemplo, Santa Fe, aporta financieramente al Servicio Penitenciario Federal, al Servicio Penitenciario Provincial y, debido a la decisión política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de no administrar a sus propios detenidos, también cubre el costo de mantenimiento de los reclusos de CABA.

En la mayoría de las jurisdicciones provinciales se presenta un superávit de presos en las comisarías; no obstante, no todas enfrentan fugas de prisioneros semanalmente.

Desde 2016, con la aprobación de la Ley 5688, la Ciudad cuenta con las facultades para establecer su propio servicio penitenciario, sin requerir asistencia federal, al igual que ocurrió con la formación de la Policía Metropolitana antes de la transferencia de la Policía Federal. Podrían haber instaurado su Servicio Penitenciario hace 9 años. La falta de acción se atribuye a una gestión que no asume la responsabilidad de los internos que su política de seguridad ha provocado.

En este contexto, el actual gobierno nacional, con un firme compromiso por fortalecer el federalismo y la autonomía de la Ciudad, le propuso a usted, como Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la transferencia de las competencias de custodia y vigilancia de los detenidos que, tras 30 años de autonomía porteña, permanecen bajo la administración del Servicio Penitenciario Federal. Así, en las últimas semanas, se han llevado a cabo negociaciones con la Ciudad para llevar a cabo la transferencia de dichas competencias.

Lamentablemente, en días recientes se ha propagado información errónea y malévola a los medios de comunicación y actores asociados al Gobierno de la Ciudad han iniciado una serie de acciones de Habeas Corpus para forzar la admisión masiva de detenidos en el Servicio Penitenciario Federal, un hecho que resulta materialmente inviable por la falta de espacio, precisamente por el incumplimiento de la Ciudad en la entrega del Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz.

Hace una semana, un tribunal nacional denegó una solicitud inicial.

y reconoció la complejidad de la situación; determinó que atender lo solicitado no solo desvirtuaría la función del Habeas Corpus, sino que además judicializaría un tema de política pública, indicando que la Policía de la Ciudad supervisa la División Alcaidías, cometiendo una inconsistencia al argumentar insuficiencia de capacitación de dicha entidad para resguardar a los detenidos.

Ante el rechazo de esta primera petición, se presentó otra de inmediato con el mismo propósito, esta vez en la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. Esta nueva solicitud fue atendida de forma completamente censurable, sin convocar siquiera al Servicio Penitenciario Federal para justificar las razones por las cuales no podría recibir más detenidos de los que procesa a diario. Esta excepcionalidad jurídica, vulnerando los principios más básicos del debido proceso, fue apelada sin demora por el Servicio Penitenciario Federal y aún no tiene carácter firme.

La Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está sobrepasando los límites en la emisión de Habeas Corpus sobre espacios federales. Si existe una transgresión de derechos en instalaciones de la Policía de la Ciudad, debería obligar al Gobierno de la misma a ingresar a los detenidos en su propio sistema de Alcaidías. En estas condiciones ilógicas de emisión de fallos, el Estado Nacional no está sujeto a dichos efectos.

En medio de una negociación política para la cesión de competencias que corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las autoridades de su Gobierno, a través de diversos mecanismos, están comprometiendo la buena fe necesaria en toda negociación seria.

Esta administración no aceptará ningún tipo de coerción, ya sea directa o indirecta.

Nuestra principal responsabilidad es la lucha contra los delitos federales.

Esperamos que, en su calidad de Jefe de Gobierno y los demás funcionarios políticos de la Ciudad, asuman las obligaciones que les corresponde para asegurar la seguridad pública de los ciudadanos; que cumplan con el mandato que les otorga su propia Constitución, que restauren la buena fe en las negociaciones y que alivien la carga económica del resto del país que, con sus impuestos, sostiene a los internos responsables de delitos en la Ciudad.