Guía Completa: Lo Que Está Listo, en Proceso y lo Que Falta por Reglamentar Antes del 1 de Julio

Han transcurrido siete meses y medio desde que el presidente Gustavo Petro promulgó la Ley 2381 o Reforma Pensional (16 de julio del 2024) y su reglamentación comienza a generar inquietudes en algunos sectores debido a su escaso progreso. La inquietud se centra en que aún quedan varios temas fundamentales por tratar, lo que genera el temor de que no haya el tiempo suficiente para evaluar adecuadamente los proyectos de borrador pendientes, realizar los ajustes requeridos y, mucho menos, llevar a cabo la transición en aspectos esenciales, como los que gestionará el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc) bajo la administración del Banco de la República.

A la fecha, y con solo 120 días restantes para la implementación de esta ley (1.° de julio del 2025), los progresos en su proceso de reglamentación se resumen en dos decretos reglamentarios emitidos, el 1225 y el 1558, junto a dos borradores de decreto que permanecen disponibles para comentarios.

El primer decreto emitido reguló la denominada ‘Oportunidad de Traslado’, la elección de las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (Accai), cuyo plazo expiró el pasado 16 de enero, para aquellos que siendo afiliados a Colpensiones, no estén cubiertos bajo el régimen de transición y cuenten con cotizaciones superiores a 2,3 salarios mínimos mensuales legales, así como la asignación aleatoria para quienes no efectuaron esa elección. 

Con el segundo se definieron los requisitos necesarios para operar como Accai. Cuatro entidades ya poseen su licencia debido a la promulgación de esta normativa (Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia), y una más está a la espera de que la Superintendencia Financiera le otorgue su aprobación (Positiva Compañía de Seguros).

Borradores de decretos

A pesar de que desde la Unidad de Regulación Financiera (URF), entidad asociada al Ministerio de Hacienda, comunicaron en su momento a EL TIEMPO que “el desarrollo de los proyectos reglamentarios debe llevarse a cabo de forma meticulosa” y que la intención era tenerlos listos en el primer semestre del 2025, la realidad es que, además de los decretos firmes mencionados, solo se han dado a conocer dos borradores que continúan abiertos para comentarios del mercado y cuyos plazos de entrega vencen el próximo 3 y 8 de marzo.

De acuerdo con Asofondos, asociación que representa a las cuatro administradoras de pensiones privadas (Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia), el primero es un borrador (Decreto Único Reglamentario), en el que se sugieren normas para afiliación, pago de contribuciones, aseguramiento de los riesgos de invalidez y muerte para afiliados bajo la Ley 2381; reconocimiento de prestaciones de los pilares solidario (renta solidaria), semicontributivo (renta vitalicia y devolución de saldos) y contributivo (pensiones de vejez, anticipada, familiar, de vejez por hijo inválido, invalidez, sobrevivencia); bonos pensionales; reducción de semanas para pensiones de mujeres; comisiones para saldos hasta el 30 de junio y para las Accai; cobro de aportes en mora; transferencia de recursos a Colpensiones o al Fondo de Ahorro; división de saldos según umbral hasta 2,3 salarios mínimos mensuales y superiores a dicho umbral; extractos; y temas institucionales del Sistema Integral de Protección a la Vejez, Invalidez y Muerte de Origen Común.

Además, propone regular la posibilidad de renunciar al régimen de

transición; las condiciones para la viabilidad de la restitución de saldos en el pilar semi contributivo; y la disminución del límite de la comisión por administración de saldos de 0,7 a 0,55 por ciento en el corto plazo, así como la comisión de nuevas aportaciones en las Accai, que disminuyen de 0,8 por ciento a cero en un lapso de 20 años, es un aspecto sobre el cual Asofondos tiene serios reparos, dado que esto colocaría a las AFP en una circunstancia en la que será complicado que el costo de proporcionar el servicio pueda ser cubierto con las nuevas disposiciones que incluye el nuevo decreto, tal como han declarado.

Afectación a las comisiones

Andrés Mauricio Velasco, líder de Asofondos, aclaró que dicha comisión no se aplica sobre los 465 billones de pesos que actualmente gestionan las AFP, que es la interpretación incorrecta que se hace. Según el portavoz del gremio, el saldo que genera comisiones es menos de la mitad de esos fondos. El año pasado, ese saldo comisionable alcanzó los 219 billones de pesos. 

Por ello, considera que la propuesta en el proyecto de decreto es un golpe, especialmente cuando con la reforma pensional se deberá proporcionar un nuevo servicio a esos cerca de 20 millones de afiliados actuales, a través de las Accai, con unas reglas de inversión diferentes, lo que plantea enormes desafíos para las entidades en cuanto a su gestión.

En cuanto a la comisión que se aplicará a los flujos de las nuevas cotizaciones, que disminuye de 0,8 por ciento a 0 en 20 años, reemplazándola por una de desempeño, existen muchas inquietudes dado que aún no se ha establecido una regulación en este sentido.

Cálculos iniciales de Asofondos indican que la repercusión de este cambio en las comisiones podría estar en torno a 330.000 millones de pesos anuales menos, lo que les llevaría a tomar decisiones de ajustes para seguir ofreciendo un servicio de las dimensiones que hoy brindan en términos de ahorro individual a los afiliados.

Fondo de Ahorro

La semana pasada, el Gobierno presentó otro borrador de decreto, el cual regularía el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc) que estará bajo la supervisión del Banco de la República. 

Este documento incluye aspectos generales sobre el funcionamiento del fondo, las comisiones que se pagarán al Banco de la República y a quienes sean designados para la gestión de los recursos del mismo, algunos elementos de la política de inversión, las normativas para la contratación de terceros para la administración y las reglas de gobernanza corporativa para dicho fondo.

De acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), a dicho fondo ingresarían mensualmente recursos del orden de 1,4 billones de pesos, por lo que se estima que para el 2051 tendrá un total acumulado de alrededor de 660 billones de pesos. Así, los ingresos anuales del mismo estarían próximos al 0,9 por ciento del producto interno bruto (PIB) en los primeros años de funcionamiento y alcanzarían 1,2 por ciento del PIB en 2051, año a partir del cual disminuirían progresivamente debido al pago de pensiones.

Hasta ahora, estos son los únicos avances que existen en el proceso de regulación de la Reforma Pensional, pero los aspectos queaún están pendientes persisten en inquietar al mercado en la medida en que no se han revelado los borradores correspondientes.

Lo que se necesita

Desde el sector de las AFP alertan que, entre esos asuntos, se anticipa pronto una propuesta para que el mercado la comente. Se encuentran incluidos elementos esenciales del sistema, como el informe de afiliados a los operadores de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA); la normatividad de los fondos generacionales y su régimen de inversiones; la de licencias modulares que aseguren competencia justa entre los diferentes actores del sistema; la definición del seguro previsional para la transición, en caso de que se produzca una falla en el mercado (cuando las aseguradoras ofrecen primas que superan los recursos disponibles para el seguro previsional); y la reorganización de Colpensiones para que pueda llevar a cabo todas las responsabilidades y funciones que le asigna la Ley 2381, en un contexto de competencia con las Accai, que no tendrán más oportunidad de tener integración vertical.

En ese contexto, los desafíos que enfrenta el Gobierno con respecto a la regulación de la Ley 2381 son significativos, mientras que el tiempo para ello se constriñe cada vez más.

“Aún se hallan ante importantes desafíos en las innovaciones y adaptaciones tecnológicas necesarias para asegurar la operatividad del sistema por parte de actores clave”, expresa el presidente de Asofondos.

Señala que desde el gremio que representa han indicado que estos asuntos deben ser resueltos con prontitud, ya que el plazo de implementación es muy limitado y es crucial contar con claridad normativa para que el nuevo sistema pueda funcionar sin contratiempos el 1.° de julio del presente año, tal como se estableció en la ley.

Para Juan David Correa, presidente de la AFP Protección, un aspecto relevante es el pronunciamiento que emita sobre la Reforma la Corte Constitucional, decisión que respetarán y acatarán, afirma.

“Requerimos esa claridad y ojalá sea lo más pronto posible. No obstante, estamos a la espera de que se emitan los decretos, ya han sido publicados algunos, pero permanecen temas importantes por regular y lo que le hemos solicitado al Gobierno es rapidez en formalizar los decretos, que considere nuestras observaciones, ya que es fundamental para continuar con la implementación, mientras se obtiene la resolución de la Corte respecto a dicha reforma”