Magistrada de la JEP aseguró que el general Huertas, vinculado con ‘Calarcá’, podría ser designado como responsable de ‘falsos positivos’

El caso judicial que indaga sobre los ‘falsos positivos’ en Antioquia tomó un giro significativo tras la audiencia de reconocimiento de verdad en Granada, donde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) devolvió los cuerpos de cuatro víctimas a sus familias, incluyendo a dos menores de 16 años desaparecidas durante dos décadas.

Este evento, resultado de la colaboración entre los involucrados y las víctimas, representa un paso hacia la justicia y la reparación, en un contexto en el que la JEP ha identificado al menos 1.500 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia y más de 6.400 en todo el país entre 2002 y 2008.

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Durante la audiencia, dos militares retirados mencionaron al general Juan Miguel Huertas, entonces capitán y oficial de operaciones del Batallón de Artillería N.º 4, por su papel en proveer armas para encubrir asesinatos y autenticar órdenes relacionadas con operaciones en las que civiles fueron engañados y asesinados. La JEP está considerando si incluir a Huertas en el subcaso de Antioquia, ya que su nombre aparece en documentos operacionales y testimonios recientes.

Al cerrar la audiencia, la magistrada Catalina Díaz comentó a El Tiempo que el evento es un ejemplo de construcción de paz en los territorios, destacando la disposición de las víctimas para escuchar y dialogar. Díaz enfatizó que los testimonios de los exoficiales presentes confirmaron el patrón macro criminal identificado por la JEP.

Es importante recordar que los comparecientes explicaron todas las etapas de los crímenes, desde la selección de víctimas hasta la ejecución, el encubrimiento mediante la falsificación de documentos y el enterramiento de los cuerpos como N.N. en cementerios apartados, con el fin de dificultar su localización y presentar las muertes como bajas en combate.

De acuerdo con la magistrada Díaz, el general Huertas había proporcionado una versión voluntaria en un momento en que la evidencia era insuficiente, pero la nueva información presentada en Granada podría comprometerlo considerablemente. Díaz indicó: “Es necesario evaluar si es pertinente llamarlo nuevamente y explorar la posibilidad de nombrarlo como máximo responsable”, mencionó al medio citado.

La JEP ha logrado aclarar 600 casos en Antioquia, de los cuales menos de la mitad corresponden a personas desaparecidas. Gracias a la colaboración con la Unidad de Búsqueda, Medicina Legal y la Fiscalía, se han entregado 13 cuerpos a sus familias, aunque al menos 100 víctimas de falsos positivos en Antioquia aún permanecen desaparecidas.

Al finalizar las audiencias, la Sala de la JEP deberá decidir si los comparecientes ofrecieron un reconocimiento pleno, detallado y exhaustivo de la verdad y responsabilidad. Si se cumple este criterio, la legislación exige que la resolución final incluya una propuesta de sanción, que para aquellos que admiten verdad completa y responsabilidad no implica prisión, sino tareas, obras o actividades con enfoque reparador. La magistrada Díaz aclara que la Sala debe formular estas propuestas con la participación central de las víctimas, y remitirlas a la Sección del Tribunal para la Paz, la cual será responsable de imponer la sanción.

Juan Miguel Huertas, quien fue dado de baja del Ejército Nacional en 2021 ante la creciente presión pública y judicial, regresó al servicio a mediados de 2025 y está involucrado en otro escándalo que lo asocia con disidencias de las Farc, lideradas por el alias Calarcá.

Este supuesto vínculo con grupos ilegales fue revelado a través de investigaciones periodísticas que señalaron posibles acuerdos o relaciones de apoyo entre Huertas y las disidencias de las Farc.

El regreso de Huertas al servicio, bajo la orden del presidente Gustavo Petro, ha generado una fuerte controversia. El mandatario justificó la decisión como una respuesta a “necesidades del servicio”, aunque muchos interpretaron la medida como un posible “pago de favores políticos”, a raíz de rumores que lo conectaban con la campaña presidencial.