Niegan libertad condicional al general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán

El Juzgado 16 de Ejecución de Penas de Bogotá rechazó la petición de libertad condicional presentada por el general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, quien fue exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y fue condenado por su papel en el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, ocurrido el 18 de agosto de 1988 en Soacha, Cundinamarca.

Esta decisión se tomó después de que el tribunal revisara los informes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que evaluaron el cumplimiento de los requisitos legales para conceder el beneficio. Luego de esta revisión, el juzgado concluyó que no se cumplen las condiciones necesarias para liberar a Maza Márquez, por lo que deberá continuar su condena.

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El exdirector del DAS fue capturado en noviembre de 2013 por orden de la Corte Suprema de Justicia, en un marco del proceso judicial que se seguía en su contra. Tres años después, el alto tribunal lo sentenció a 30 años de cárcel por ser coautor de los delitos de concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas, en relación con el homicidio de Galán, uno de los principales candidatos a la presidencia.

En su fallo condenatorio, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que Maza Márquez, en su rol como director del DAS, estableció una “alianza criminal” con el comandante paramilitar Henry de Jesús Pérez Durán para planificar y ejecutar el ataque contra Luis Carlos Galán, quien en ese entonces tenía un importante respaldo popular.

El tribunal concluyó que la responsabilidad de Maza Márquez se basó en su intervención directa en el debilitamiento del sistema de protección del candidato presidencial. En el fallo se estableció que “el entonces director del DAS fue parte de la estrategia para asesinar al prominente líder político, debilitando su seguridad al nombrar a un allegado como jefe de escoltas. Esta acción fue acordada previamente con el paramilitar Henry de Jesús Pérez Durán, con quien mantenía cercanas relaciones.”

La Corte también apuntó que, según las evidencias, el director del organismo de seguridad estatal habría recibido instrucciones del Cartel de Medellín. Esta conclusión se respaldó en declaraciones juradas de personas cercanas al narcotraficante Pablo Escobar, así como en testimonios de exparamilitares que interactuaron con los asesinos de Galán, quienes dispararon cuando este se levantó en un escenario improvisado en la plaza principal de Soacha para dar un discurso.

Para el alto tribunal, se probó que Maza Márquez llevó a cabo acciones que buscaban disminuir la protección del candidato presidencial, facilitando así el trabajo de los asesinos. En este sentido, la Corte recordó que por este crimen también fue condenado el exministro y exsenador Alberto Santofimio Botero, quien recibió una condena de 24 años por ser determinador del homicidio.

Uno de los aspectos clave analizados en la sentencia fue el nombramiento del oficial de la Policía Manuel Torregrosa como jefe de escoltas de Galán, decisión tomada por Maza Márquez a pesar de que, según la Corte, el oficial no tenía la preparación adecuada para proteger a uno de los políticos más amenazados del país. Torregrosa murió en 2009 sin haber sido procesado judicialmente.

La Corte Suprema también cuestionó la manera en que se llevaron a cabo las investigaciones tras el magnicidio, sugiriendo que hubo una desviación intencionada que impidió la identificación de los verdaderos culpables. Según el fallo, el exdirector del DAS facilitó el contacto entre el autor material del asesinato, Jaime Eduardo Rueda Rocha, y el jefe de seguridad, Jacobo Torregrosa, quien le habría brindado información detallada sobre los movimientos y la protección del precandidato presidencial.

Ante las conclusiones del tribunal, el exdirector del DAS ha expresado su desacuerdo. Maza Márquez ha afirmado que el cambio del jefe de escoltas de Galán fue una solicitud específica y ha negado cualquier alianza con grupos paramilitares, insistiendo en que él mismo fue víctima de varios atentados atribuidos a estas organizaciones antes del magnicidio. Sin embargo, estas afirmaciones no fueron aceptadas por los jueces que dictaron sentencia ni afectaron la reciente decisión de negarle la libertad condicional.