“No hay motivo para el retraso”: Procuraduría pedirá explicaciones al Gobierno por suspensión del general Huertas

La Procuraduría General de la Nación solicitará explicaciones al Gobierno Nacional por la tardanza en la suspensión del general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, cuya remoción provisional del cargo fue decretada la semana pasada.

A pesar de que la orden estipulaba un plazo inicial de tres meses debido a su presunta vinculación con estructuras disidentes de las Farc relacionadas con alias ‘Calarcá’, la medida aún no ha sido ejecutada por la Presidencia, lo que ha suscitado inquietud en el Ministerio Público y en diversos sectores institucionales.

Desde la notificación oficial, la responsabilidad de llevar a cabo la suspensión recae directamente en el presidente Gustavo Petro, quien, según fuentes consultadas por W Radio, aún no ha firmado el acto administrativo que haría efectiva la separación temporal del oficial.

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La Procuraduría sostiene que no hay justificación para la inacción, en particular porque la comunicación se envió a la Casa de Nariño inmediatamente el jueves anterior.

El organismo de control ha notado que, a diferencia del caso del director de Inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía —quien también fue implicado en los hechos investigados—, la suspensión de Mejía se aplicó rápidamente tan pronto se notificó la decisión disciplinaria.

Este contraste ha elevado las alarmas, dado que muestra un trato inequitativo ante situaciones similares y podría anticipar retrasos injustificados en la aplicación de sanciones a altos mandos.

Según la información disponible, sigue generando preocupación que el general Huertas continúe firmando documentos y ejerciendo sus funciones sin cambios, a pesar de que la Procuraduría dejó claro que su permanencia en el cargo podría interferir con las investigaciones en curso.

La entidad recordó que una demora prolongada podría agravar la situación disciplinaria y abrir nuevos frentes relacionados con el incumplimiento de órdenes emitidas por una autoridad competente.

La referencia más inmediata que inquieta al organismo de control es el caso del excanciller Álvaro Leyva, quien también fue suspendido por tres meses en medio de los señalamientos por el contrato de pasaportes.

En esa ocasión, el Gobierno tardó en cumplir la decisión, lo que provocó tensiones institucionales que aún se mencionan como referencia en este tipo de procesos.

La Procuraduría enfatiza que no desea revivir un escenario similar, particularmente en una investigación delicada con posibles delitos y compromisos de seguridad nacional.

La medida contra el general Huertas se basa en hallazgos divulgados por Noticias Caracol, que indican que el oficial habría mantenido contacto con las disidencias de alias ‘Calarcá’ con la supuesta intención de asesorarlas en la creación de empresas de seguridad.

Estas empresas, según las denuncias, les permitirían moverse por el territorio nacional portando armas y obtener beneficios operativos bajo una fachada legal.

Ante esta situación, la Procuraduría consideró esencial implementar una suspensión imediata, tanto para evitar una repetición de los hechos como para impedir que la presencia del general en sus funciones afecte la recolección de pruebas o influya en subordinados y procesos internos. El alto rango del oficial, retirado en el gobierno Duque y reintegrado por Petro, fue un factor crucial en la decisión disciplinaria, dado que su posición podría facilitar interferencias involuntarias o intencionales en el avance de las investigaciones.

Mientras el Gobierno mantiene silencio sobre la firma pendiente, diversas fuentes militares han informado a W Radio que Huertas sigue realizando actividades normales en el Comando de Personal, sin que se haya registrado movimiento administrativo alguno relacionado con su suspensión. Esta continuidad operativa ha suscitado interrogantes sobre cómo se está tratando el caso y las decisiones de la cúpula civil encargada de asegurar el cumplimiento de las medidas disciplinarias.

El Ministerio Público reiterará, en su comunicación formal, que la suspensión debe cumplirse sin dilación, tal como ocurrió con otros oficiales investigados en circunstancias análogas. La Procuraduría enfatizará que no aplicar la medida disciplinaria podría constituir una falta adicional susceptible de iniciar nuevas acciones, especialmente si se demuestra que hubo una omisión deliberada o falta de justificación para no firmar el acto correspondiente.

Mientras tanto, el caso continúa generando tensión entre las instituciones, en un contexto donde la presión pública aumenta y se requieren respuestas rápidas y transparentes para evitar un mayor impacto sobre la confianza ciudadana y la coordinación entre organismos estatales.