Tras la caída de la reforma tributaria, se esperan recortes y posible decreto de emergencia

Con un presupuesto por 546,9 billones de pesos desfinanciado para el próximo año y un Congreso cada vez menos dispuesto a moverse a favor de los proyectos del oficialismo, al gobierno del presidente Gustavo Petro le negaron su reforma tributaria por 16,3 billones de pesos. Ni las movidas, los diálogos o la advertencia de un decreto de emergencia económica surtieron efecto a la hora de convencer al Senado, la corporación que ayer tuvo la última palabra.

En la tercera sesión que se citó para debatir la tributaria o ley de financiamiento, nueve senadores de la Comisión IV hundieron la iniciativa con la que la Casa de Nariño buscaba tapar el hueco fiscal de su presupuesto. El jefe de Estado aseguró que la decisión “predecible” del Legislativo abrió espacio a “consecuencias imprevisibles” que se comenzarían a ver inmediatamente.

“Nadie cuerdo puede decir que ante un déficit no se debe obtener más recursos de una economía que está boyante y de unos megarricos que han duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública”, escribió Petro en su cuenta de X. También cuestionó al Banco de la República y prometió medidas en beneficio de la población de escasos recursos.

Cabe recordar que, la semana pasada, el primer mandatario se había anticipado y dijo que la afectación se vería en las vías de cuarta generación (4G). “Hay un hecho sobreviniente: si el Congreso entra en rechazo a la ley de financiamiento, el único recorte de gasto posible es la inversión en carreteras 4G. Eso desploma la economía”, trinó el viernes.

En el aire quedó la sensación de victoria de la oposición, pero el Gobierno prepara duros pronunciamientos e incluso tantea el terreno para un posible decreto de emergencia económica. De hecho, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dejó abierta ayer esa posibilidad. “Vamos a analizar todas las medidas que sean necesarias, no vamos a descontar ninguna de las alternativas para asegurar el cumplimiento de las metas y los compromisos sociales”, apuntó cuando se le preguntó por la viabilidad de dicho decreto.

Sin embargo, según el director del centro de pensamiento Fedesarrollo, esos 16,3 billones de pesos representan menos del 3 por ciento del Presupuesto General de la Nación del 2026, por lo que resultaría “insostenible” argumentar que una afectación de esta magnitud compromete la estabilidad fiscal o la sostenibilidad del gasto público. Al contrario, algunos expertos señalan que lo que el Gobierno debería hacer es ser más austero, en especial, en los gastos de funcionamiento.

La medida ya tiene adversarios en el Congreso de la República, donde la oposición la ha calificado como una amenaza. Varios congresistas ya han hablado entre ellos para hacerle frente a las movidas de la Casa de Nariño y acordaron que, de expedirse la emergencia, esta sería demandada inmediatamente ante la Corte Constitucional.

La senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano es una de ellas y dejó constancia incluso desde antes de que se votara la reforma. “La eventual decisión del Congreso de la República de no aprobar un proyecto de ley del Gobierno –incluida una reforma tributaria– no constituye un hecho sobreviniente, extraordinario ni imprevisible, y por tanto no habilita la declaratoria de un Estado de Emergencia Económica”, aseveró.

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Lo cierto es que, debido al hundimiento de la tributaria, al Ministerio de Hacienda le tocará recortar esos 16 billones del Presupuesto, lo mismo que ocurrió en 2025. Este es el segundo año consecutivo en el que el Gobierno presenta un presupuesto atado a la aprobación de una reforma incierta para poder gastar más.

“La decisión del Congreso de archivar la tributaria abre una oportunidad para que el Gobierno reoriente la discusión hacia una estrategia fiscal que priorice la eficiencia del gasto y la estabilidad económica. Consideramos esencial avanzar hacia una gestión más austera y responsable, en especial en el gasto de funcionamiento del Estado, para proteger los recursos destinados a inversión productiva, generación de empleo formal y crecimiento empresarial”, aseguró la presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture.

Movidas y argumentos

No es que la Casa de Nariño no haya usado sus cartas, pues para la reforma tributaria hubo ‘jugadas’, diálogos y la usual estrategia de generarle presión a los legisladores. Por ello, esta negativa es una muestra más de que la relación entre los dos poderes está casi rota y que cada sector ya estaría pensando en favor de la campaña electoral.

El escenario en el Capitolio no le ha sido favorable al petrismo en los últimos meses. Aunque le fue aprobado su presupuesto para 2026, las comisiones económicas no se movieron para la tributaria, la reforma de la salud sigue estancada en la Comisión VII del Senado y los congresistas de las comisiones primeras llevan aplazando el trámite del proyecto para salvar el Ministerio de la Igualdad de su desaparición. La Jurisdicción Agraria también está trabada.

Para la tributaria sí se movieron a favor del oficialismo las comisiones económicas de la Cámara, pues no solo respaldaron las ponencias positivas, sino que también rompieron el quorum en dos oportunidades para que el proyecto no se hundiera y el Ejecutivo contara con más tiempo para hacer acuerdos. El Senado, pese a los acercamientos del Gobierno, se mantuvo firme en rechazar la medida por sus “riesgos” y “efectos negativos” con las clases bajas y medias. El Ejecutivo solo logró convencer a un senador (Jairo Castellanos, de ASI) de cambiar su postura.

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“Vi dos sesiones en las que los cercanos al Gobierno rompieron el quorum. Pero hubo debate y no nos iban a cambiar el voto, pues esta reforma golpeaba a las clases bajas y medias”, indicó el senador y precandidato presidencial conservador Efraín Cepeda, uno de los que impulsó el hundimiento de la medida y que en 2024 hizo lo propio con la ley de financiamiento por 12 billones de pesos.

Para la Casa de Nariño, la nueva negativa del Congreso es otro ejemplo del bloqueo institucional del que lleva hablando desde que le fue negada su primera reforma de la salud, el presupuesto de 2025 que expidió por decreto y la anterior tributaria. En este discurso también entró la caída de la laboral que fue revivida después y aprobada ante la presión de la consulta popular.

Igualmente, el presidente Petro viene responsabilizando a las comisiones económicas del Senado de darle la espalda a las finanzas del país y al pago de la deuda externa, especialmente la que se adquirió durante el gobierno de Iván Duque para la atención de la pandemia del covid-19.