Colombia
Estafada por un falso propietario, Carlota y su familia se enfrentan a un nuevo intento de desahucio en Madrid: “No tienen otro sitio donde vivir”

Carlota, una residente que comparte hogar con su hijo, nuera y una nieta de cinco años en el distrito madrileño de Carabanchel, ha hecho todo lo posible por evitar ser desahuciada del piso en el que habitan desde hace cerca de un año y medio. Sin embargo, este miércoles, si no hay cambios, una comisión judicial procederá con su desalojo a pesar de que se trata de una familia vulnerable sin opciones de vivienda alternativa.
La vivienda es propiedad de la empresa inmobiliaria Rhino Real Estate, pero un inquilino que había arrendado el apartamento se hizo pasar por dueño y firmó un contrato de arrendamiento con Carlota. Ella, que sostiene haber pagado “una cifra considerable en fianza y alquiler”, recibió poco después de mudarse una orden de desalojo a nombre de dicho inquilino falso, lo que le hizo caer en la cuenta de que “había sido víctima de una estafa”. Posteriormente, presentó una denuncia -que está aún en proceso- y, ante la falta de respuestas, reclamó ayuda del movimiento por la vivienda digna, específicamente del Sindicato de Vivienda de Carabanchel.
Dado que la primera orden de desalojo llegaba a nombre del supuesto propietario, cada vez que Carlota intentaba obtener asesoría legal, “un abogado de oficio la rechazaba, argumentando que no había documentos a su nombre”, explican desde Infobae España en el sindicato. La primera notificación a su nombre la recibió el 28 de enero pasado y el desalojo estaba programado para solo dos días después, el 30, aunque “logramos parar el proceso negociando con la comisión judicial” y se pospuso hasta el 19 de febrero. A pesar de esta complicada situación, señala el sindicato, a Carlota no se le proporciona la asistencia de un abogado de oficio ni la representación de un procurador, figuras esenciales para participar en el procedimiento y alegar posibles defensas, pues “se lo niegan con la justificación de que quedan pocos días para el desalojo”.
Por eso, la mujer presenta un documento en los juzgados solicitando la suspensión del desalojo y “que se reconozca dentro del proceso judicial que ha sido víctima de una estafa”, al mismo tiempo que exige asesoría legal y su derecho a ser defendida. Carlota también ha intentado comunicarse con la empresa inmobiliaria dueña del piso para regularizar su alquiler, “pero nunca se han puesto en contacto con ella” y han seguido adelante con el proceso judicial.
El sindicato subraya que esta familia está en una situación vulnerable, ya que tienen recursos limitados y no cuentan con familiares en Madrid ni otras alternativas de vivienda. Además, el hijo de Carlota enfrenta una dependencia debido a “las secuelas que le dejó una brutal agresión” y hay una niña menor en la vivienda.
“Si finalmente se lleva a cabo, se estaría desahuciando a una familia en situación de vulnerabilidad que nunca tuvo la oportunidad de ser defendida. Asimismo, estas personas deberían ser protegidas y amparadas por el Real Decreto que prorrogó la suspensión de desalojos para hogares vulnerables sin opciones habitacionales” hasta finales de diciembre de este año.
La situación de Carlota y su familia no es única, ya que son muchas las familias que prácticamente a diario son desahuciadas en toda España a pesar del escudo social y de la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023, que introdujo una serie de modificaciones legales para dificultar los desalojos de personas en situación de vulnerabilidad económica.

Con el objetivo de detener los desalojos y exigir una reducción en los precios del alquiler, el movimiento por la vivienda digna convocó una manifestación estatal para el próximo 5 de abril.
Bajo el lema ‘Acabemos con el negocio de la vivienda’, los sindicatos de inquilinos, plataformas hipotecarias y asambleas contra desalojos demandarán esa reducción de precios, la creación de más vivienda pública y social, y el desmantelamiento de las empresas de desokupación, entre otras iniciativas.
La protesta se llevará a cabo en Madrid, comenzando en Atocha a las 12:00 y finalizando en Plaza de España.