A la economía colombiana le sucede algo similar a aquella persona que dice estar muy bien cuando llega a su chequeo médico periódico. En un primer momento quien la examina acepta que su paciente se ve relativamente vigoroso a pesar de uno que otro achaque y un evidente problema de sobrepeso que sugiere la necesidad de una dieta estricta.
Pero cuando llegan los análisis de laboratorio y se comparan con la historia clínica, el especialista frunce el ceño. Eso que parecía manejable con un mínimo de disciplina es en realidad una descompensación notoria y acelerada, que amenaza con enviar al que decía que solo se sentía indispuesto ocasionalmente a una unidad de cuidados intensivos en un tiempo relativamente corto.
Por lo tanto, la recomendación es comenzar un tratamiento en forma inmediata, algo que incluye varias medicinas difíciles de tragar, junto con un verdadero cambio de hábitos. A pesar del serio diagnóstico, el ahora doliente dice que no le va a pasar mucho y que en el fondo solo necesita remplazar sus pantalones por unos de talla más grande.
Además, recuerda lo que le dijo otro facultativo que, sin importar su mínima experiencia en estos asuntos, recomendó una pastilla de una sola toma. Varios allegados le dicen que no se la trague porque puede traerle efectos colaterales indeseables, mientras hay los que insisten que no haga nada porque solo lo quieren asustar.
Cualquier parecido…
Guardadas proporciones, ese caso hipotético se asemeja a lo que sucede en Colombia, que crece a ritmo aceptable y en donde el desempleo se ubicó en su punto más bajo del siglo para un mes de julio, según el dato más reciente del Dane. Es verdad que la inflación persiste como un dolor de cabeza leve, aunque eso no impide que el consumo interno avance con fuerza y que las utilidades de las empresas aumenten en la mayoría de los casos.
Quizás por dicho motivo resulta tan difícil convencer a la opinión nacional de que hay una bomba fiscal que inició su cuenta regresiva hace un tiempo. Esta consiste en un ritmo progresivo de gastos estatales que ya este año alcanzarán un máximo histórico como proporción del tamaño de la economía, mientras los ingresos avanzan a un paso mucho más lento, con lo cual hay un saldo en rojo cada vez mayor.
Dependiendo de ciertas decisiones, el reloj se puede acelerar o no, pero desactivar el explosivo requerirá de múltiples esfuerzos a lo largo de años. No se trata tan solo de cortar un cable sino de aislar a una serie de detonadores que hoy apuntan a un desenlace lamentable: como el visto en múltiples ocasiones y a lo largo de décadas en diferentes naciones de América Latina en donde los desórdenes en las cuentas públicas han causado hiperinflación y desmejora de las condiciones sociales de la gente.
Por tal motivo, y más allá del entendible debate en torno a la procedencia del proyecto de ley de financiamiento radicado el lunes en el Congreso, es importante insistir en que el objetivo es mucho más grande. Este consiste, ni más ni menos, en contar con unas finanzas estatales que sean sostenibles.
El desafío arranca con atender una serie de emergencias que demandarán la concentración, al igual que una gran cuota de capital político por parte de quien llegue a la Casa de Nariño en agosto de 2026. En el plano ideal, la labor de poner la casa en orden debería darse de manera inmediata, pero la administración Petro no solo es la gran responsable del rápido deterioro observado, sino que no muestra propósito de enmienda.
Los números hablan por sí solos. En 2019 los gastos del Gobierno Nacional central, como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), ascendieron a 18,7 por ciento, un indicador que este año apunta a ubicarse en 24,2 por ciento.
Semejante salto es resultado de varios factores entre los que se destacan un mayor cargo por intereses de la deuda pública, al igual que el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. De la misma manera, las mayores erogaciones correspondientes a salud, pensiones y transferencias hechas a los entes territoriales tienen una importante cuota de responsabilidad en el asunto.
Parte del deterioro fue ocasionado por la pandemia. La emergencia sanitaria no solo obligó al fisco a hacer giros de emergencia, que se financiaron con mayores acreencias, sino que la parálisis atribuible a los confinamientos obligatorios derrumbó los recaudos.
Aun así, cuando llegó el momento de la reactivación las cifras mejoraron con rapidez. Para 2023 el déficit fiscal bajó a algo más del 4 por ciento del PIB, tras haber llegado al 7,6 por ciento en 2020.
Sin embargo, el año pasado tuvo lugar un retroceso significativo, que se ha acentuado en 2025. Otra vez pensiones, intereses y transferencias tienen que ver con el deterioro, pero también aparece el capítulo de servicios personales como un elemento importante en la ecuación.
Según las proyecciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), el presente ejercicio cerrará con números muy parecidos a los de comienzos de la década, tras la irrupción del covid-19. Puesto de otra manera, la foto fiscal se asemejará a la registrada en la pandemia, pero sin poderle echar la culpa al coronavirus. Otros observadores creen que el resultado podría ser el peor de la historia.
Para colmo de males, en 2026 el panorama pinta todavía más crítico. Lejos de optar por la austeridad, el Ministerio de Hacienda presentó para discusión en el Capitolio un presupuesto de 567 billones de pesos que sube en casi seis puntos porcentuales, descontando el efecto de la inflación esperada.
De acuerdo con el Carf, para cumplir la meta de déficit establecida (equivalente al 6,1 por ciento del PIB) se requieren recortes de 45,4 billones de pesos en los gastos gubernamentales planteados. La entidad advierte que el faltante podría ser mayor si se concretan presiones adicionales. Aún en el escenario base, el peso de la deuda pública sería equivalente al 63,5 por ciento del PIB, un nuevo récord que superaría en diez puntos porcentuales el guarismo de 2023.
Salidas posibles
Decir que el panorama es angustiante no resulta exagerado. Actualmente uno de cada tres pesos recaudados por impuestos se destina al pago de intereses, una proporción que en 2018 se ubicó en uno de cada seis.
Así como le ocurre a cualquiera que empieza a verse alcanzado por sus obligaciones, la percepción de riesgo de los mercados no ha hecho más que aumentar, con lo cual el costo de los nuevos préstamos se ha disparado. Hoy por hoy, la rentabilidad esperada de un bono público en pesos a diez años de plazo es cercana al 12,8 por ciento mensual, cinco puntos porcentuales más que en 2021. Colombia paga mucho más que sus pares regionales, incluyendo a Brasil que también tiene problemas fiscales serios.
Salir de ese círculo vicioso será muy difícil, si no hay cambios estructurales. Hay en marcha una operación para reducir el costo de la deuda, que incluiría la emisión de papeles de corto plazo en divisas diferentes a dólares, pero el alivio sería temporal y aumenta el riesgo de responder por sumas millonarias sin contar con el respaldo debido.
En medio de los nubarrones que se insinúan, no faltará quien opine que hay tranquilidad en el frente cambiario. A fin de cuentas, el viernes el billete verde se ubicó otra vez por debajo del límite simbólico de los 4.000 pesos, lo que va en contravía de los pronósticos de los especialistas.
No obstante, los más prudentes insisten en que hay circunstancias internacionales que justifican la relativa debilidad del dólar. Igualmente reiteran que, si Colombia no hace la tarea de aconductarse, la calma de estos días puede ser simplemente el preludio de una tempestad de marca mayor.
Nadie pone en duda que el desafío es enorme. Durante un foro denominado ‘Propuestas para evitar el colapso fiscal’, que tuvo lugar la semana pasada en la sede de la Universidad EIA, siete especialistas, incluyendo cinco exministros, debatieron ampliamente sobre el reto de ordenar las finanzas públicas y dejaron en claro que nada sucederá de la noche a la mañana.
Uno de los principales obstáculos es lo que se conoce como la “inflexibilidad presupuestal”. Esta consiste en que buena parte de las partidas gubernamentales ya están previamente asignadas.
Por ejemplo, la Constitución determina la obligatoriedad de los pagos al Sistema General de Participaciones, junto con pensiones y salud. A su vez, la ley privilegia la nómina oficial, los giros al Bienestar Familiar y el Sena, las obligaciones financieras o las vigencias futuras, entre otros rubros. Según el Carf, el 88 por ciento de los gastos propuestos para 2026 entran dentro de esa categoría.
Ante semejante limitante es a todas luces irreal que aquí pueda pasar como en Argentina, donde Javier Milei hizo uso de la figura de la motosierra para balancear los libros del gobierno federal. En general, los expertos convocados por el EIA hablaron de que es factible reducir algo cercano a los 20 billones de pesos anuales, una suma que suena insuficiente dada la magnitud del desequilibrio.
Lo anterior no impide que se haga una labor detallada y exhaustiva con el fin de examinar cada apropiación. Espacio para hacer ahorros siempre habrá, como pasa con controlar el abuso de la figura de los contratos de prestación de servicios cuya cantidad se ha incrementado en los últimos tiempos. Aun así, el Gobierno entrante encontrará compromisos firmados que tomará tiempo desmontar.
Mostrar que el Ejecutivo cuida la plata de los impuestos que recauda de los ciudadanos es una manera de ganar legitimidad con respecto a otros sacrificios. Estos incluyen el requisito de cargas tributarias adicionales para sostener un Estado de mayor tamaño que está obligado a hacer inversiones en múltiples frentes y que se asoma a urgencias en seguridad y salud.
Abrir esa discusión no es fácil y menos en un país en donde cada cual defiende sus privilegios. Un tema especialmente espinoso es el de la clase media cuya contribución al fisco es menor que en otras latitudes, pero que se resiste a asumir mayores cargas mientras el régimen vigente castiga de manera desproporcionada a las empresas.
Mención aparte merece la reforma al Sistema General de Participaciones, aprobada por amplias mayorías en el Congreso mediante un acto legislativo. La norma le da una tajada creciente de los ingresos gubernamentales a las regiones, algo que quebraría en la práctica a un sector central ya en problemas, a menos que se haga una Ley de Competencias que asigne bien las responsabilidades y tenga un impacto fiscal neutro.
Tampoco se puede olvidar que es clave contar con un marco que permita la inversión y el crecimiento. Si la economía se expande más rápido que en el pasado reciente, ello se traduciría en billones de pesos en recaudos adicionales atribuibles al mayor consumo y a utilidades más altas en el sector privado. Recuperar a Ecopetrol, el principal contribuyente en términos históricos, resulta crucial en ese empeño.
No obstante, en lugar de hablar de recetas individuales, hay que recordar la pirinola que hizo famosa en su momento Antanas Mockus, durante su paso por la Alcaldía de Bogotá. Más que reivindicar un juego de azar, el exrector puso de presente el “todos ponen” como fórmula para cambiar los comportamientos sociales y resolver los enormes desafíos del Distrito Capital.
Y es que solo con un gran esfuerzo conjunto, que requiere del adecuado liderazgo público y del concurso del sector privado, será posible resolver uno de los acertijos más difíciles de la Colombia actual. Como en la analogía del comienzo, el tratamiento será largo y exigirá sacrificios, pues no hay respuestas fáciles ante la debacle fiscal.
Con ley de financiamiento o no, lo que está en juego va más allá. Ni más ni menos que la viabilidad de una nación que hoy parece atrapada en un túnel oscuro, pero a la cual no le queda más remedio que encontrar una salida si quiere que los tiempos futuros sean mejores que los actuales.
RICARDO ÁVILA PINTO
Especial para EL TIEMPO
En X: @ravilapinto
