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El Observatorio Nacional de la MiPyme de La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi Atlántico presentó los resultados de la Encuesta de Desempeño Empresarial correspondiente al segundo trimestre de 2025,en donde reflejan una pérdida de dinamismo en la producción y las ventas, sino también transformaciones en el mercado laboral, la inversión y la capacidad de competir en escenarios internacionales.
De acuerdo con los resultados, el 55,7 por ciento de las MiPymes redujo su planta laboral durante el segundo trimestre. En promedio, por cada empresa se perdieron cinco empleos, mientras que solo se crearon dos, lo que implica una pérdida neta de tres puestos de trabajo.
Más allá de la reducción en la generación de empleo, al observatorio le preocupa la tendencia hacia una mayor precarización en los esquemas de contratación.
“La entrada en vigencia de la Ley 2466 de 2025 (reforma laboral) llevó a los empresarios a modificar de forma anticipada sus estrategias de vinculación“, detallaron.
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De acuerdo con los resultados de la encuesta, las modalidades atípicas de contratación se incrementaron de manera considerable en un año, los contratos por obra o labor: pasaron de representar prácticamente un nivel marginal en 2024 a 17,4 por ciento en 2025.
Los de la contratación por prestación de servicios alcanzaron un 18,8 por ciento en 2025 y los contratos de aprendizaje crecieron de 1,8 por ciento en 2024 a 4,1 por ciento en 2025.
El análisis de la encuesta empresarial del segundo trimestre de 2025 revela una composición del 35,9 por ciento de personas naturales y un 64,10 por ciento de personas jurídicas. Según el observatorio, hay otros indicadores fundamentales también muestran señales de deterioro en la creación de empleo y en el mantenimiento de las compañías.
Al comparar esta distribución con los datos más recientes de Confecámaras a Julio de 2025 el 74 por ciento corresponden a personas naturales y el 26% a personas jurídicas.
“En relación a la distribución de la muestra con respecto al tamaño de las empresas que participaron en la Encuesta de Desempeño Empresarial para el segundo trimestre de 2025, se observa que la mayoría de las empresas pertenecen al segmento de microempresas 74,86 por ciento. Le siguen las pequeñas empresas con un 17,36 por ciento, mientras que un 7,78por ciento corresponde a empresas medianas”, destacaron.
Entre los hallazgos está que el 65,6 por ciento de los encuestados reportó una disminución en la rentabilidad, el 58,9 por ciento en la producción “y el 65,5 por ciento en las ventas, lo que confirma un escenario de debilitamiento de la actividad empresarial”, explicaron.
En cuanto a la inversión, el 67,7% de los empresarios manifestó haber suspendido proyectos debido a la desconfianza frente al entorno económico, “para proteger su capital, muchos han optado por medidas como el cierre de unidades de negocio (16 por ciento), la desinversión (14,5 por ciento) y la deslocalización internacional (4,6 por ciento)”, argumentan.
Se vende menos incluso al exterior
Un aspecto estructural que resalta la encuesta es la pérdida de dinamismo en la internacionalización de las MiPymes. “Mientras antes de la pandemia el 22 por ciento de estas empresas tenía presencia en mercados externos, en 2025 la cifra se redujo a solo 6,5 por ciento, con exportaciones concentradas en Centroamérica y Estados Unidos”, expone el estudio.
Para el investigador Octavio Ibarra, este rezago es evidencia de un “estancamiento estructural” derivado de la baja productividad y la excesiva dependencia del mercado interno. Según el experto, la internacionalización “no debe entenderse como un lujo, sino como una estrategia de supervivencia”, y exige dos acciones inmediatas: mayor apropiación tecnológica en las MiPymes y un incremento en la inversión en ciencia, tecnología e innovación (CTI).
“Mientras que los países de la OCDE destinan en promedio el 2,5 por ciento de su PIB a CTI, Colombia apenas invierte entre 0,3 por ciento y 0,5 por ciento”, compara.
Pymes Foto:MinCit
El análisis de Acopi concluye que las MiPymes atraviesan una coyuntura de alto riesgo económico y social, con menores ventas, baja inversión, precarización laboral e internacionalización estancada.
Para Rosmery Quintero Castro, presidenta del Observatorio Nacional de la MiPyme, se requiere con urgencia un enfoque de política pública que combine estabilidad normativa, apoyo en productividad y estímulos para la internacionalización.
“Preocupa la propuesta de gravar con IVA del 19% a las actividades
culturales y de esparcimiento, un sector que se ha consolidado como un ‘tanque de oxígeno’ para el bienestar social y emocional de los colombianos después de la pandemia. La cultura, la recreación y los espectáculos no solo dinamizan la economía, sino que fortalecen la cohesión social y aportan al crecimiento del país”, apuntó Quintero.
Tres alertas que se mantienen
Los empresarios también manifestaron preocupación frente al proyecto de reforma tributaria. Entre los puntos más sensibles están:
Alza en combustibles: pues ya representan 40,2 por ciento de los costos empresariales. Junto con peajes y gastos fijos (45,19 por ciento), los costos operativos estarían presionados en un 86 por ciento.
“Esto no solo compromete la competitividad empresarial, sino también la viabilidad financiera del transporte público” señala el estudio.
Aumento del impuesto de renta para personas naturales de 39 por ciento a 41 por ciento: porque que impacta directamente al 67 por ciento de las MiPymes registradas bajo esta modalidad. “La medida podría forzar a muchas a transformarse en personas jurídicas para sobrevivir”, dijeron.
IVA del 19 por ciento en actividades culturales y de entretenimiento: puesto que afectaría a un sector que ha sido clave para la recuperación social y emocional tras la pandemia.
Así van la Ley de Pago a Plazos Justos
Cinco años después de la entrada en vigencia de la Ley de Pago a Plazos Justos (Ley 2024 de 2020), un estudio de Fedesarrollo, en alianza con el MinCIT, Colombia Productiva y ACOPI, revela que las MiPymes colombianas han mejorado en flujo de caja y tiempos de recaudo, aunque persisten desafíos como la baja adopción de la norma por parte de los clientes y brechas significativas entre pagos realizados y recibidos.
Antes de la norma, los pagos entre grandes empresas y MiPymes podían tardar entre 90 y 120 días, generando cuellos de liquidez que afectaban el pago de nómina y la inversión en crecimiento. Con la ley, el plazo máximo se fijó en 60 días en 2021 y en 45 días a partir de 2022, con el objetivo de garantizar flujo oportuno a lo largo de la cadena productiva.
Según el estudio, el impacto ha sido diferenciado, en manufactura, la capacidad de cubrir deudas de corto plazo mejoró entre 5 y 8 puntos porcentuales, y el tiempo de conversión de ventas en efectivo se redujo hasta 10 días, con una baja de 6 por ciento en gastos financieros por intereses.
En construcción, en cambio, no se observaron mejoras relevantes, lo que evidencia que la efectividad de la norma depende de la dinámica sectorial.
En términos de supervivencia empresarial, la probabilidad de cierre de las MiPymes cobijadas por la ley fue 3 puntos menor frente a las que no aplican la normativa.
El desfase entre pagos realizados y recibidos en el segundo trimestre de 2025 muestra que el 82,22 por ciento de las MiPymes paga sus cuentas en 1 a 45 días, pero solo 62,22 por ciento recibe sus pagos en ese mismo periodo.
Entre 46 y 60 días, apenas 11,11 por ciento paga, mientras que 22,22 por ciento recibe pagos en este lapso. En plazos de 61 a 90 días, la proporción es de 1,11 por ciento vs. 4,44 por ciento. Y para más de 121 días, 3,33 por ciento paga, pero 6,67 por ciento recibe en ese tiempo.
Comparado con 2024, los pagos recibidos en 1 a 45 días aumentaron de 59,14 por ciento a 62,22 por ciento, pero la brecha frente a los pagos realizados sigue afectando la liquidez.
Las perspectivas a futuro
Las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia proyectan un tercer trimestre de 2025 con señales de estabilidad en producción y ventas, aunque persisten preocupaciones en materia laboral, inversión y rentabilidad.
El 35,22 por ciento de los empresarios anticipa un aumento en la producción de bienes y servicios, mientras que el 44,94 por ciento espera un crecimiento en las ventas. “Aunque estas cifras reflejan expectativas positivas, el tono general es de continuidad más que de expansión dinámica, lo que revela cautela frente a la demanda”, dice el observatorio.
Mientras que la s proyecciones sobre rentabilidad son heterogéneas, un 34,41 por ciento prevé mejoras, lo que muestra un esfuerzo de las empresas por reforzar la eficiencia operativa y un 21,46 por ciento anticipa disminuciones, reflejando incertidumbre por los costos y presiones en márgenes.
En materia de expansión, un 28,34 por ciento espera aumentar su participación de mercado en el tercer trimestre, mientras que un 26,32 por ciento planea incrementar inversiones.
El panorama laboral se mantiene como el aspecto más frágil, pues solo un 6,48 por ciento de los empresarios planea aumentar la generación de empleo, cifra inferior a la registrada en trimestres previos.
“La mayoría (55,06 por ciento) estima que el nivel de empleo se mantendrá igual, mientras que un 38,46 por ciento cree que disminuirá o disminuirá significativamente. El ausentismo laboral también preocupa: aunque un 55,06 por ciento espera que permanezca estable, un 38,46 por ciento considera que aumentará, lo que podría afectar la productividad y añadir tensiones operativas”, puntualizaron.
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