La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) puso en marcha un plan para reactivar ocho proyectos viales con retrasos significativos y riesgo de liquidación, al tiempo que enfrenta 44 procesos arbitrales por contratos inconclusos. Ariel Lozano Gaitán, vicepresidente Jurídico de la entidad, aseguró que la estrategia incluye acelerar los fallos en los tribunales, flexibilizar el uso de los recursos fondeados en fiducias y reforzar la defensa jurídica de los contratos.
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El caso de la Perimetral de Oriente de Bogotá (PBO) es uno de los más representativos de los conflictos recientes. El contrato está en proceso arbitral y podría ser liquidado anticipadamente tras la aparición de 80 acuíferos en dos de las unidades del trazado. El concesionario alegó que se trataba de un hecho imprevisible que hacía imposible continuar con la obra, mientras que la ANI sostuvo que la concesionaria debía asumir ese riesgo como parte de la estructuración. “Un acuífero no aparece de la noche a la mañana”, advirtió Lozano, al señalar que los problemas ambientales debieron ser calculados desde la etapa inicial del proyecto.
El tribunal de arbitramento falló a favor de la concesionaria y condenó al Estado al pago de $1,2 billones, correspondientes a lo que la empresa consideraba lucro cesante. La ANI interpuso un recurso de anulación ante el Consejo de Estado. Según Lozano, “la única pretensión que cabe en este recurso es anular el laudo y volver a comenzar de cero”.
La controversia ilustra, a juicio de la ANI, las fallas estructurales que marcaron los contratos de concesión en las primeras generaciones. Lozano recordó que la aplicación de la Ley 1508 de 2012, que abrió el esquema de asociaciones público-privadas (APP), supuso un aprendizaje sobre la distribución de riesgos entre el Estado y los privados. “Muchos de los tribunales que hoy tenemos se originan en errores de diseño inicial”, reconoció, aunque resaltó que los contratos de quinta generación (5G) ya incorporan cláusulas específicas para reducir estos riesgos.
La entidad enfrenta actualmente 44 tribunales arbitrales en curso. Según Lozano, cerca del 17 % de los casos se han perdido totalmente, en un 37 % los fallos han sido mixtos o compartidos y en un 38 % la ANI ha obtenido un resultado favorable.
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Proyectos con riesgo de liquidación
Además de la Perimetral, la ANI mantiene bajo observación otros proyectos con baja ejecución. La vía Mulaló–Loboguerrero es un ejemplo de los retrasos acumulados. Firmado en 2016 y cofinanciado por Corficolombiana, el contrato cubre 31 kilómetros y desde su inicio enfrentó problemas ambientales. Estos fueron superados en 2021, pero el concesionario argumentó que el tiempo perdido lo dejó en una posición financiera insostenible.
En 2023, el contratista acudió a un tribunal de arbitramento para pedir la terminación anticipada del contrato, pero la solicitud fue rechazada. Posteriormente presentó una nueva demanda alegando desequilibrio económico. En ese proceso reclama indemnizaciones cercanas a $1,2 billones de pesos, pese a que no se ha construido un solo kilómetro. “Estamos en 2025 y no se ha colocado un solo ladrillo, pero ya nos reclaman esa suma”, dijo Lozano.
Otro contrato en la lista es Bucaramanga–Pamplona, que apenas alcanzó un 11,2 % de avance antes de ser liquidado.
Según el vicepresidente Jurídico, en total hay ocho proyectos con un nivel de ejecución muy bajo. En algunos casos, los retrasos se deben a consultas previas con comunidades, en otros a problemas ambientales no previstos. La consecuencia es la misma: obras paralizadas y riesgo de demandas multimillonarias.
Estos proyectos generan un debate adicional: los recursos financieros comprometidos. En sus fiducias reposan cerca de dos billones de pesos que permanecen inmovilizados. La ANI considera que esos fondos pueden tener un mejor uso mientras los contratos se resuelven. “Lo que estamos diciendo es que los recursos están ahí, inmovilizados, y podemos darles un uso mientras las obras se reactivan”, explicó Lozano.
La propuesta consiste en flexibilizar la normativa del decreto 1082 para permitir que esos recursos sean retirados temporalmente y usados en otros proyectos de infraestructura. El compromiso es reponerlos actualizados cuando se retomen las obras, de modo que no se afecte el valor real del contrato. Según Lozano, esta medida beneficiaría también a los concesionarios, que hoy mantienen capital sin generar ningún rendimiento.
La Contraloría ha expresado reparos a esta propuesta, advirtiendo que el retiro podría poner en riesgo los contratos si no se logra reponer los recursos a tiempo. Lozano respondió que se trata de “una percepción equivocada”, ya que el esquema está diseñado para garantizar la reposición y porque la decisión se adoptará de manera consensuada con los privados. “No es una medida unilateral, sino concertada. Los más beneficiados serán ellos, porque hoy tienen capital inmovilizado que no les produce ingresos”, sostuvo.
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Fuente: IStock
Estrategia para reactivar obras
La ANI enfrenta así un doble reto: resolver los conflictos de los proyectos inconclusos y asegurar que las nuevas concesiones no repitan los errores del pasado. Para ello ha reforzado su equipo jurídico, con el fin de defender los intereses del Estado en los tribunales de arbitramento y acelerar las decisiones. Lozano explicó que estos tribunales deberían cumplir su función de ser más ágiles que la justicia ordinaria. “Necesitamos decisiones rápidas que nos digan cuál es el camino a seguir”, afirmó.
Además, la ANI trabaja en mecanismos financieros para garantizar la continuidad de los contratos que hoy están en riesgo. La flexibilidad en el manejo de las fiducias es una de esas medidas, pero también se estudian fórmulas para destrabar los procesos de consulta previa y reducir los tiempos de respuesta en licencias ambientales.
El plan de acción busca evitar que los territorios queden sin las obras que se les prometieron. En el caso de los proyectos 4G con baja ejecución, el objetivo es reactivarlos con acuerdos que permitan continuar los contratos. En los 5G, el propósito es blindar las nuevas concesiones con esquemas que distribuyan mejor los riesgos entre el Estado y los privados.
“Estamos fortaleciendo la defensa jurídica para no seguir perdiendo en los tribunales y al mismo tiempo diseñando estrategias que nos permitan destrabar obras con bajo avance”, resumió Lozano. Con ello, la ANI espera reducir el impacto de los litigios, garantizar que las inversiones comprometidas se materialicen y dar una señal de estabilidad a los futuros concesionarios.
PAULA GALEANO BALAGUERA
Periodista de Portafolio
