Saben que hoy tienen todo en contra con el acorralamiento de todos los estamentos del gobierno: Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud y la Presidencia. La muestra es que mientras desde estas entidades e instituciones pidieron cuentas claras e inmediatas a EPS con mucha tradición en Colombia como Sanitas o Compensar, no hicieron lo mismo con la que hoy aglomera a más de 12 millones de usuarios, la Nueva EPS, a quien ni siquiera exigieron cumplir con el informe de gestión financiera para que de una vez hiciera públicos los gastos que se han desviado, como ahora lo confirma un informe de la Contraloría General de la Nación.

Por otra parte, tras el fallo de la Corte Constitucional que ordenó devolver el control de EPS Sanitas al grupo Keralty, Juan Pablo Rueda, presidente global de Salud de la compañía, aseguró que la intervención dejó a la entidad devastada y con un deterioro patrimonial de $1,7 billones, una deuda que, además se traduce en mayores obligaciones con prestadores y proveedores.

 

Sanitas

Dijo que, pese a esta situación, Sanitas no se va de Colombia. De cara al futuro, Keralty anunció auditorías internas para dimensionar el impacto y reiteró que la recuperación dependerá también de la voluntad del Gobierno. “No podremos hacerlo solos. Necesitamos que el Estado actúe con responsabilidad para darle oxígeno al sistema. Hoy hay millones de vidas en juego”, advirtió.

Rueda también expresó su preocupación sobre la reforma que impulsa el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo: “He intentado entenderlo, pero no veo un modelo de salud ahí. Esa es la mayor preocupación: que no exista una propuesta clara y viable”.

El directivo envío un mensaje a los afiliados: “Sanitas no se rinde. Pondremos toda la capacidad técnica y científica para recuperar la atención, pero pedimos comprensión a los usuarios en este proceso”.

Según Rueda, la situación no solo es financiera: durante la intervención aumentaron más del 40% las quejas de los afiliados y se duplicó el número de tutelas, muchas de ellas sin respuesta. “Nos encontramos con un nivel de desacatos preocupante, que refleja un deterioro en la capacidad de atender a los usuarios”, señaló.

Sobre las denuncias de supuesta opacidad en la estructura corporativa de Sanitas, Rueda fue enfático: “No hay nada oculto. La información sobre accionistas y estructura está en Cámara de Comercio y ha sido auditada decenas de veces por los entes de control sin que se haya encontrado desviación de recursos”.

Compensar

Por otro lado, Compensar anunció oficialmente su ingreso al mercado de la medicina prepagada, como caja de compensación en Colombia, una decisión que refleja su estrategia de diversificación de servicios y de ofrecer alternativas sostenibles para sus afiliados. El anuncio llega en medio de la transformación que atraviesa el sistema de salud colombiano, marcado por tensiones financieras que han llevado a varias EPS a optar por su retiro voluntario.

La organización aclaró que su incursión en medicina prepagada no responde a esa coyuntura puntual, sino a una estrategia evaluada desde hace varios años, orientada a consolidar un portafolio integral de salud y bienestar.

En relación con la situación vivida meses atrás, cuando Compensar atravesó tensiones por la inestabilidad del sistema de salud en Colombia, el director general, Carlos Mauricio Vázquez, explicó que “cuando vimos que la situación estaba muy difícil, pedimos la solicitud de retiro a la Superintendencia y después de un proceso logramos un acuerdo en donde negaron la salida, pero nos apoyaron para la sostenibilidad de la EPS”.

Incumplimientos

Mientras tanto, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), el gremio que representa a las EPS del régimen contributivo, manifestó su preocupación frente al cierre de las mesas técnicas de revisión de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) 2021-2024, convocadas por el Ministerio de Salud, en cumplimiento de un auto de la Corte Constitucional.

De acuerdo con la entidad, aunque la Corte ordenó un ejercicio “técnico y transparente”, afirmaron que el Gobierno concluyó las sesiones sin reconocer la evidencia presentada sobre el déficit estructural del sistema de salud, el cual amenaza la atención de millones de pacientes en el país.

“El Gobierno insistió en la suficiencia de los recursos y desconoció los hallazgos aportados. El Ministerio de Salud concluyó las mesas señalando que no es posible realizar ajustes retroactivos a la UPC, al considerar que los cálculos de años anteriores se hicieron con la mejor información disponible y que corregirlos ex post sería premiar la ineficiencia y la mala gestión”, dijo.

Además, apuntó que es importante llamar la atención por la fiabilidad de los estados financieros presentados por las EPS, llegando a afirmar que con ellos habrían inducido a error a la Corte Constitucional.

Sostuvo que no habrá espacio para mayor financiación del sistema, “salvo aquella que provenga directamente de aportes adicionales de empleados y empleadores”, remarcó”, indicó.

Acemi recalcó que el Ministerio de Salud afirmó que no es posible hacer ajustes retroactivos a la UPC, ya que los cálculos de años anteriores se realizaron con la mejor información disponible. Señaló, asimismo, que corregir cifras expost equivaldría a “premiar la ineficiencia y la mala gestión”.

En su postura, la cartera cuestionó la fiabilidad de los estados financieros reportados por las EPS, incluso sugiriendo que estos habrían inducido a error a la Corte Constitucional. Asimismo, ratificó que no habrá espacio para mayor financiación del sistema, salvo la que provenga de aportes adicionales de empleados y empleadores.

Frente a esta posición, la asociación denunció que el ministerio redujo la orden del Alto Tribunal a “simples opiniones”, bloqueando el acceso a bases de datos y negando un debate contrastable. Indicó que por cada $100 reconocidos por la UPC se gastan $109 en salud, lo que genera un déficit acumulado entre $26 y $33 billones. Negar esta situación, dijo, es ignorar el colapso financiero que ya sienten pacientes y prestadores. Recalcó que detrás de las cifras hay miles de colombianos que esperan medicamentos y tratamientos. “El déficit de la UPC no es un asunto contable, es un drama humano que requiere soluciones inmediatas”, señaló.