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Aspectos como la confianza inversionista, la seguridad jurídica, la competencia o la seguridad de información sensible están en la discusión que despertó el proceso para sustituir el cuarto Acuerdo de Nube Pública, luego de que este se dio por terminado en septiembre, solo días después de que la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (CCE) había anunciado su prórroga hasta el 9 de noviembre.
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La Nube Pública es el almacenamiento en la red de servidores de internet de todos los datos del Estado, que comprenden desde información sensible de los ciudadanos, como datos de salud, financieros o de identidad, hasta información suministrada por otros países relacionada con defensa, cooperación judicial o ubicación de delincuentes.
Nube pública. Foto:iStock
La manera en que las entidades del Estado almacenan la enorme cantidad de información está condicionada por el Acuerdo Marco de Precios de Servicios de Nube Pública, y con la suspensión de la prórroga, en este momento no existe esa referencia. Por lo tanto, explica la Agencia CCE, para contratar servicios de nube pública, las entidades pueden optar por adelantar sus procesos “mediante alguna de las demás modalidades de contratación previstas en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993”.
Seguridad jurídica
Según Cristóbal Padilla, director de CCE, “esta transición es una oportunidad. Las entidades podrán abrir nuevos procesos que garanticen transparencia y libre competencia. En la actualidad más del 80 por ciento de las órdenes de compra de este Acuerdo se concentran únicamente en 5 proveedores”.
Dice, también, que el fin del Acuerdo no interrumpe los servicios, pues “las órdenes de compra vigentes siguen en ejecución”.
Sin embargo, para la Procuraduría General de la Nación “el fin del Acuerdo el primero de septiembre de 2025 crea un riesgo de discontinuidad, fragmentación de la demanda y pérdida de eficiencia y seguridad jurídica para las entidades compradoras”.
A su turno, Ricardo Triana, director ejecutivo del Consejo de Empresas Americanas (CEA), comenta que “el Acuerdo Marco que acaba de expirar había sido reconocido como referente regional por sus altos estándares de seguridad”. Igualmente, dice Triana, mientras según el Fondo Monetario Internacional (FMI) los ciberataques en el mundo se han duplicado desde la pandemia, es urgente “que Colombia mantenga los más altos estándares de ciberseguridad en su nuevo modelo de nube pública, evitando retrocesos en la protección de datos”.
Por su parte, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia) opina que “la principal preocupación radica en la incertidumbre que genera sobre el manejo de datos sensibles de los colombianos. Millones de trámites y servicios públicos dependen hoy de la nube pública, y cualquier interrupción en este proceso afecta la confianza en la seguridad, continuidad y transparencia de esa información”.
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El factor chino
La Agencia CCE explica que para un Acuerdo Marco de quinta generación, el 27 de mayo se habían publicado los borradores para observaciones y, de cara a la licitación, se hicieron varias mesas técnicas, en algunos casos de forma individual y en otros, de manera conjunta, con Amazon, Google, Huawei, Microsoft y Oracle, así como con la empresa china Alibaba y la estadounidense IBM, también interesadas.
Cristóbal Padilla Tejeda, Director de Colombia Compra Eficiente Foto:Archivo particular
Para Triana, “la eventual entrada de proveedores de terceros países, incluidos actores chinos, podría tensar la relación con Estados Unidos en materia de seguridad de la información gubernamental”. Y agrega que “es legítimo cuestionar si la Superintendencia de Industria y Comercio fue consultada para garantizar que, más allá de los aspectos de ciberseguridad, la información de los colombianos sea tratada y eventualmente alojada en condiciones adecuadas en China. Cabe recordar que China no ha sido reconocida como un país que ofrezca niveles adecuados de protección de datos personales”.
Sobre el mismo punto, Lacouture dice que son conocidas las diferencias de China con Estados Unidos en materia de manejo de datos y protección de información. Agrega que esas preocupaciones son globales “y no exclusivas sobre un proceso particular en Colombia. Para Washington, persisten dudas significativas sobre las garantías de seguridad que pueden ofrecer empresas de origen chino, especialmente frente a las directrices del propio gobierno chino”.
Fuentes de la embajada de China en Colombia dicen que no hay obligación de las empresas de ese país de entregar la información a la que tienen acceso en la nube si su gobierno lo requiere. Además remiten a pronunciamientos como los del ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, que ha llamado a discutir estrategias para hacer frente a los riesgos de seguridad de los datos y buscar conjuntamente la gobernanza digital global. “Difundir rumores y difamar viola las normas básicas que rigen las relaciones internacionales”, dijo Wang en un discurso en 2020.
Una directiva presidencial
Para el 25 de junio, el proceso de la Nube Pública V seguía y se hizo la publicación de los documentos definitivos. Pero fue suspendido el 24 de julio por la CCE tras observaciones de la Procuraduría en el sentido de que se estaban bajando las exigencias y preocupaciones relacionadas con ciberseguridad.
En medio de estos hechos, el 13 de agosto se conoció una directiva presidencial para el fortalecimiento del proceso de compras públicas de tecnologia e innovación que insta a las entidades a “aprovechar” a Internexa -filial de ISA que, a su vez, es de la estatal Ecopetrol- “para fortalecer el proceso de compras publicas de tecnología e innovación” frente a necesidades de nuevas soluciones a las existentes en el mercado o que requieran “ajustes o mejoras”.
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Con la directiva, dice Lacouture, puede haber “afectación a la libre competencia, pues prioriza a una empresa de participación pública en los procesos estatales, en contravía de los principios que garantizan apertura y pluralidad en el mercado”, y además se limita el derecho de los colombianos a acceder a servicios de última tecnología.
Al respecto, la Produraduría le preguntó a la CCE si con la directriz “¿se proyecta o estudia otorgar a Internexa S.A., o a cualquier otro intermediario único, un rol preferente o exclusivo en la provisión de servicios de nube para el Estado?”
Inteligencia artificial. Foto:iStock
La CCE dice que la directiva define unas condiciones para la adquisición de soluciones tecnológicas mediante un laboratorio de innovación operado por Internexa y, en ese sentido, la entidad “no ha emitido concepto alguno que se relacione con dicha directiva”, ni ha fijado condiciones que apunten en esa dirección.
El gerente de Internexa, Saúl Kattan, considera que de la directriz no se puede concluir que haya una obligación de contratar con alguien: “Creo que sería ilegal”. Además, señala que la directiva nada tiene que ver con la nube, pues de lo que habla es de laboratorios de innovación a través de Internet.
“Si hay licitaciones -dice Kattan-, en muchas nos presentamos y algunas las perdemos, otras las ganamos, cuando hay de ciberseguridad, de tecnología en general. Pero de eso de la nube no estábamos”.
La prórroga que no fue
Nueve días después de la directiva presidencial, el 22 de agosto, la Agencia CCE anunció: “El nuevo plazo del Acuerdo Marco de Precios se extenderá hasta el 9 de noviembre de 2025”. Pero diez días después de ese anuncio, la CCE lo dio por terminado. Para el director de CCE, “no era viable continuar ampliando la vigencia” pues ya iban tres prórrogas por cerca de 10 meses, y en los anteriores Acuerdos Marco sólo el segundo tuvo una prórroga de 2 meses y los demás ninguna.
Durante la vigencia del extinto Acuerdo, para acceder a los servicios las entidades del Estado recurrieron a los canales en Colombia (muchos de ellos, empresas nacionales, explica la CCE) de los fabricantes o proveedores de servicios en la nube: Amazon-AWS, Microsoft Azure, Google Cloud u Oracle. La agencia estatal señala que 200 entidades contrataron servicios de nube pública, y el valor de las transacciones fue de aproximadamente 1,3 billones de pesos.
El anuncio de terminar el Acuerdo a días de haber informado que se extendía hasta noviembre llevó a la Procuraduría General de la Nación a advertir, en un exhorto preventivo, “que la difusión de información oficial contradictoria o no veraz, que induzca a error a entidades y proveedores y afecte la planeación, publicidad, transparencia y eficacia … puede configurarse como incumplimiento de deberes funcionales, omisión o desatención de principios en el ejercicio del cargo”.
Pero la Agencia CCE considera que “la publicación de tal aviso y la consulta a los proveedores sobre su intención de continuar en una eventual prórroga del acuerdo marco de precios, no obliga a Colombia Compra Eficiente a suscribir dicha prórroga”. La publicación, dice la CCE, se hizo porque es obligación consultar a los proveedores por si tienen la intención de continuar en una eventual prórroga, por lo que envía la consulta 30 días antes, y también se publica en la página web de la Agencia.
Consultor de Nube de Datos Foto:Getty Images
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Pero más allá del fin, sorpresivo para algunos, del Acuerdo, la CCE señala que el proceso de licitación, identificado como CCENEG-084-01-2025, sigue su curso. El cronograma prevé la adjudicación para el 9 de diciembre pero, “como todo proceso de licitación, la Ley también permite la modificación de su cronograma, por lo que, como cualquier otra etidad estatal, Colombia Compra Eficiente puede cambiar las fechas previstas”.
Mientras se esperan nuevos desarrollos, Triana dice que cualquier cambio que afecte el acceso equitativo de los proveedores podría enviar señales internacionales negativas, y subraya la importancia de dar certeza regulatoria, y “un proceso de transición ordenado que preserve la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas”.
En el mismo sentido, para Lacouture, “este tipo de decisiones afectan de manera directa la confianza y debilitan la imagen de Colombia como destino de inversión. La inversión extranjera se sustenta en la seguridad jurídica y en la estabilidad regulatoria que un país pueda ofrecer”.
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