Por segundo año consecutivo, el Congreso de la República no aprobó el monto del Presupuesto General presentado por el gobierno de Gustavo Petro y ahora se abre la oportunidad para que se expida por decreto, sin que se haya realizado el trámite en el Legislativo.
El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, aseguró que un monto elevado del Presupuesto General y su expedición por decreto “no puede ser un expediente para torcerle el brazo al Congreso y obligarlo a aprobar más impuestos, que es lo que está buscando el Gobierno”.
Entre tanto, expertos económicos como el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, han calificado esta situación como una “dictadura fiscal” y una “manera irresponsable de administrar el presupuesto nacional”.
“En economía, cuando el presupuesto es aprobado por decreto, se llama dictadura fiscal”, manifestó el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.
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Además, aseguró que ahora el Gobierno Nacional se enfrenta a dos escenarios para manejar las finanzas de Colombia en la recta final de la administración de Gustavo Petro, que termina el próximo 7 de agosto.
Por un lado, dice Bruce Mac Master, puede ajustar el Presupuesto General de 2026 “a un nivel sostenible, que refleje la capacidad de los hogares y empresas colombianas de aportar más recursos al Estado”.
Si este ajuste no se hace, el Gobierno estaría enviando al país a “una situación de “dictadura fiscal”, insostenible, que apriete más a los colombianos y afecte la competitividad de las empresas y el empleo”.
El Presupuesto General de la Nación para 2026 que se radicó en julio pasado asciende a 556,9 billones de pesos, pero 26,3 billones de pesos dependen de la aprobación de la reforma tributaria. Sin su aprobación, habría que reducirlo a 530,6 billones de pesos.
Presentación del Presupuesto General del 2026 en el Congreso. Foto:Mauricio Moreno. El Tiempo
Ante la negativa del Gobierno Nacional de acompañar un recorte sustancial de gasto en el Presupuesto —que no pudo ser modificado en el trámite legislativo — Anif espera que el Congreso rechace esta reforma tributaria.
“Los llamados a una política de gasto más austera no han tenido eco; por ello, la tarea de aliviar la presión fiscal vía recortes de gasto quedará pendiente para la próxima administración”, destacó Anif.
Los 26,3 billones de pesos de la tributaria se conseguirán, principalmente, a través de impuestos indirectos (IVA de 19 por ciento a la gasolina y el diésel, y mayores gravámenes a bebidas alcohólicas).
Además de eficiencias de la Dian, un incremento a los impuestos al sector financiero, a la renta de personas de mayores ingresos y al patrimonio (con tasas más altas y un umbral más bajo).
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Una minoría de las medidas tiene sentido bajo la lógica de buscar balancear las finanzas públicas; sin embargo, el proyecto no reduce el déficit fiscal, sino que financia un mayor gasto, en un contexto donde el presupuesto ya crece a un ritmo difícil de justificar.
De acuerdo con el presidente de la Andi, los mayores impuestos que se proponen en la reforma tributaria producirían, no sólo mayor inflación, sino también un golpe en la competitividad y probablemente en el empleo.
“No podemos aumentar nuestro endeudamiento, tampoco podemos cargar a los hogares colombianos y a las futuras generaciones, precisamente en un momento en que apenas nos estamos recuperando; y no podemos enviar mensajes equivocados a los mercados diciendo que no estamos asumiendo nuestro reto de un ajuste serio a las finanzas públicas”, agregó.
Anif coincide en que muchas de las propuestas de esta tributaria son inconvenientes: desincentivan el ahorro y la inversión, limitan el crecimiento económico y podrían resultar ineficaces para garantizar el recaudo en el mediano y largo plazo.
