Esta semana comenzó con un anuncio que marcó un punto de quiebre en la relación entre Colombia y Estados Unidos en materia de lucha contra las drogas, luego de que el Departamento de Estado anunció la descertificación del país, una decisión que lo ubica en la lista negra junto a naciones como Birmania, Venezuela, Bolivia y Afganistán.
La medida se sustenta en el aumento de los cultivos de coca y en lo que Washington considera un retroceso en la estrategia antidrogas, con implicaciones que trascienden lo diplomático y se proyectan directamente sobre la economía. Esto no es algo menor si se tiene en cuenta que desde el gobierno de Ernesto Samper, no se vivía algo similar.
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El examen que Colombia no pasó
Para Daniel Mejía, profesor de la Universidad de los Andes e investigador de los efectos de las economías ilícitas, la descertificación obedece a que Colombia llegó “muy mal parada” a la evaluación anual que Estados Unidos hace a los países productores y de tránsito de drogas, lo cual le terminó pasando factura.
“En primer lugar, la erradicación manual de cultivos ilícitos cayó en un 93%, lo que equivale a un virtual desmantelamiento de esa estrategia. En segundo lugar, aunque el Gobierno destaca las incautaciones, la tasa de interdicción cayó de un histórico 40% a apenas 28%, dado que frente a una producción estimada en más de 2.600 toneladas, se incautan unas 700”, indicó.
Ahora Colombia deberá trabajar por recuperar la confianza de las autoridades de Estados Unidos.
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Así mismo, este experto sostuvo que este cambio de posición por parte del gobierno norteamericano se debió al fracaso de la apuesta de Gustavo Petro por la sustitución voluntaria de cultivos y el desarrollo alternativo, dado que las cifras de ejecución presupuestal del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) no superan
Por último, los cultivos ilícitos se encuentran en máximos históricos, incluso superiores a los registrados antes del Plan Colombia; debido a lo cual, para Mejía “no se rajó la Fuerza Pública, se rajó el Gobierno”, responsabilizando directamente al presidente Gustavo Petro por falta de liderazgo y por insistir en una política de paz total que, en su concepto, fortaleció a los grupos criminales.
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Riesgo de sanciones
Por otra parte, ll general (r) Juan Carlos Buitrago Arias, CEO de StrategosBIP, califica la descertificación como una “vergüenza mundial” que devuelve al país a escenarios de los años noventa y en los que su consecuencia inmediata es el congelamiento de cooperación en seguridad y justicia, no solo con Estados Unidos sino también con organismos multilaterales como la ONUDD y la OEA. Esa reducción de recursos afecta la capacidad de acción del Estado y beneficia a las mafias.
El general Buitrago alerta que el contrabando se ha convertido en el mecanismo privilegiado para monetizar las rentas del narcotráfico, ya que según él, carteles como el Clan del Golfo, el de Sinaloa, el Tren de Aragua y las disidencias de las Farc han expandido su poder en puertos y fronteras de Colombia y otros países de la región, con el objetivo de capturar la cadena del comercio internacional para lavar capitales y consolidar control territorial.
Ahora Colombia deberá trabajar por recuperar la confianza de las autoridades de Estados Unidos.
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“La afectación es significativa porque se reduce la capacidad de acción del Estado que se financia a través de los fondos que provienen de la cooperación con Estados Unidos y por conducto de Organismos Internacionales. Aquí ganan los criminales y los aliados de las mafias. Pierden la legalidad y las comunidades
El más reciente informe de InSight Crime, basado en datos de la Naciones Unidas, confirma el deterioro en la lucha contra las drogas al señalar que en 2023, los cultivos de coca aumentaron un 10% y alcanzaron las 253.000 hectáreas; mientras que el potencial de producción de cocaína subió un 53%, llegando a 2.664 toneladas, un máximo histórico.
Esto sin contar con que casi la mitad de esos cultivos se concentra en zonas de especial manejo como parques naturales, resguardos indígenas, reservas forestales y territorios de comunidades afrocolombianas. Acá, Nariño y Cauca siguen siendo los principales epicentros, y los avances tecnológicos en el cultivo permiten que cada hectárea produce el doble de cocaína que hace una década.
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Un liderazgo perdido
El exministro de Defensa y exembajador en Washington, Juan Carlos Pinzón, subraya el golpe simbólico que significa esta decisión y recuerda que Colombia fue durante casi 30 años reconocida como líder en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Ese prestigio, dice, se perdió por la política de contemporización del actual gobierno con los grupos armados.
El exministro recalca que la lucha antidrogas no se hace para complacer a un gobierno extranjero, sino para proteger a los colombianos del poder corrosivo de las organizaciones criminales y señala que es “infame que, por un gobierno que no hizo su trabajo, hoy el país quede en entredicho internacionalmente”
Ahora Colombia deberá trabajar por recuperar la confianza de las autoridades de Estados Unidos.
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Así mismo, pese a la gravedad de la medida, Pinzón confía en que no se apliquen sanciones adicionales y que un nuevo gobierno logre recuperar el estatus y restablecer la cooperación plena con Estados Unidos.
El telón de fondo de otros delitos
Por último, mientras la cocaína se consolida como la principal renta criminal del país, otras economías ilegales también presionan la seguridad y la economía. Según el Ministerio de Defensa, entre enero y julio de 2025 el secuestro extorsivo prácticamente se duplicó, con 188 víctimas frente a 99 del año anterior, mientras que el total de secuestros pasó de 131 a 143, y el número de víctimas de 160 a 249, un incremento del 56%.
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Aunque la extorsión cayó 7% y la trata de personas 9%, los secuestros reflejan un reacomodo de las estructuras criminales hacia delitos que afectan de manera directa la libertad individual y el clima de inversión en varias regiones. El tráfico de migrantes, por su parte, se desplomó de 17 casos a apenas uno, aunque expertos advierten que puede tratarse de un cambio en las rutas o de un subregistro.
Con todo esto, los analistas coinciden en que la descertificación no es un hecho aislado sino un síntoma de una dinámica más profunda con la expansión de las rentas criminales, dado que la combinación de mayores cultivos, más cocaína producida y un mercado internacional en auge abre el riesgo de que las mafias capturen sectores de la economía formal.
Ahora Colombia deberá trabajar por recuperar la confianza de las autoridades de Estados Unidos.
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Si bien una prueba de esto es lo que pasa con el contrabando, podrían extender su influencia a cadenas logísticas, comercio exterior, transporte y hasta sectores productivos estratégicos; poniendo en riesgo la cooperación internacional.
DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO
Periodista de Portafolio
