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La integración entre Tigo y Movistar en Colombia, que analiza la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), plantea riesgos de concentración de mercado en servicios móviles, paquetes convergentes y roaming nacional.
Las compañías han señalado que la operación busca equilibrar la competencia frente a Claro y garantizar sostenibilidad financiera.
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La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) emitió un nuevo concepto técnico complementario en el marco del trámite de integración empresarial, un proceso se encuentra en evaluación por parte de la SIC que es la única autoridad con la competencia exclusiva para autorizar o rechazar la operación.
De acuerdo con el concepto, Millicom, accionista de Tigo UNE, busca adquirir más del 60 por ciento de las acciones que Telefónica posee en Colombia Telecomunicaciones (Coltel) y consolidar su control sobre la operación conjunta. Si la transacción prospera, el nuevo operador tendría cerca del 34,35 por ciento del mercado móvil, Movistar dejaría de operar de forma independiente y Claro conservaría alrededor del 53,8 por ciento y así, WOM mantendría una participación cercana al 9 por ciento.
Claro Colombia. Foto:iStock
Riesgo 1: concentración en servicios móviles
De acuerdo con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), la fusión aumentaría la participación de Tigo-Movistar hasta superar un tercio del mercado, mientras que Claro seguiría dominando más de la mitad. La principal preocupación es que se configure un duopolio que controle cerca del 90 por ciento de los ingresos del sector, reduciendo las alternativas reales para los usuarios.
Riesgo 2: paquetes convergentes y replicabilidad
Uno de los puntos críticos está en los planes integrados que incluyen internet fijo, móvil y televisión. Si los paquetes de Tigo-Movistar no pueden ser replicados por operadores más pequeños en condiciones competitivas, se limitaría la oferta y se dificultaría que actores como ETB mantengan presencia en el mercado. La CRC advirtió que esta situación podría afectar la competencia minorista y restringir opciones de consumo
Antenas. Foto:EFE
Riesgo 3: roaming nacional y acceso a infraestructura
El tercer aspecto señalado es el roaming nacional. Operadores más pequeños dependen de este esquema para ampliar cobertura en regiones apartadas. Si el operador integrado restringe el acceso o fija precios poco eficientes, la competencia se vería afectada. La CRC planteó que podrían imponerse condicionamientos para garantizar que la infraestructura de transporte sea compartida con terceros a costos razonables, favoreciendo el despliegue de servicios en todo el territorio
Fuentes cercanas al proceso insisten en que la integración no busca limitar la competencia sino equilibrar el mercado. Según su postura, Claro concentra más del 60 % del sector y obtiene ingresos por usuario hasta cinco veces superiores. La fusión, afirman, permitiría conformar un segundo operador con capacidad financiera para invertir en cobertura, modernización tecnológica y mejores ofertas para los usuarios.
A su turno, WOM, dijo que “al tener dos operadores que concentren el 93por ciento del mercado reduce aun más los niveles de competencia y dificulta que los más pequeños puedan competir y ser económicamente viables”.
Para el operador, “La SIC juega un rol fundamental en la imposición de una serie de condicionamientos sólidos que dinamicen el mercado para evitar un duopolio, en donde el usuario sería el más afectado en términos de precio, calidad, cobertura e innovación”.
De acuerdo con la empresa, “esto responde a una realidad innegable: el mercado ya está muy concentrado y la integración, sin medidas correctivas, podría profundizar esta crisis”.
“En ese orden de ideas y ante las advertencias realizadas por la CRC en sus escritos, es fundamental que la SIC sea quien imponga unos condicionamientos contundentes de cara a este proceso de integración”, apuntó.
La CRC apunta que los paquetes convergentes serían replicables, que no hay intención de restringir la portabilidad numérica y que el acceso a roaming podrá mantenerse en condiciones de mercado.
La SIC, como autoridad de competencia, deberá evaluar los riesgos y definir si aprueba la integración con condicionamientos. El objetivo será garantizar que los usuarios cuenten con opciones reales, que no se consoliden prácticas restrictivas y que el sector de telecomunicaciones mantenga un entorno de competencia efectiva.
Para la CRC, este concepto también recuerda que las decisiones en materia de competencia no solo tienen efectos inmediatos sobre precios, sino que son determinantes para asegurar la inversión, la innovación y la calidad del servicio en el mediano y largo plazo.
De este modo, la CRC pone de presente que preservar la competencia hoy es garantizar la sostenibilidad y la eficiencia dinámica del sector en el futuro.
Asimismo, el análisis resalta que este enfoque está alineado con las mejores prácticas internacionales de política de competencia y regulación de telecomunicaciones, lo que refuerza la pertinencia y solidez del acompañamiento que se brinda a la SIC.
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