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Esta semana, el gobierno del presidente Gustavo Petro decidió tomar la delantera y anunció la cancelación de la Línea de Crédito Flexible (LCF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esta decisión se produjo justo después de que el FMI publicó sus conclusiones sobre la consulta del artículo IV con Colombia, en las que advirtió sobre el “considerable debilitamiento” de la política y el marco fiscal del país.
Analistas coinciden en que esta acción de las autoridades colombianas fue una movida estratégica para evitar que la línea, considerada un “colchón” de emergencia, fuera retirada o reducida por el FMI.
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Foto:OLIVIER DOULIERY
Esta línea de crédito le permitía a Colombia tener acceso a 8.100 millones de dólares. Sin embargo, los desembolsos fueron suspendidos desde el pasado 26 de abril mientras se adelantaba la consulta anual del artículo IV.
Para el ministro de Hacienda, Germán Ávila, mantener esta línea de crédito no se justificaba porque actualmente estaba suspendida y continuar con ella era algo oneroso, debido a que el país tenía que pagar unas comisiones elevadas.
Entre tanto, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, aseguró que cancelar este cupo no representa ningún riesgo porque Colombia cuenta con un volumen de reservas internacionales de 65.500 millones de dólares que le dan un margen de maniobra adecuado en caso de una emergencia.
Además de la cancelación de la Línea de Crédito Flexible, las advertencias del FMI sobre la delicada situación fiscal de Colombia generaron gran preocupación.
“La política y el marco fiscal se han debilitado considerablemente en comparación con la evaluación previa de ‘muy sólido’”, dijo.
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Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República. Foto:Confecámaras
Las tareas que tiene el gobierno de Gustavo Petro
Para el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, la conclusión a la que llegó el FMI es “muy negativa” y sus apreciaciones dejan entrever que “la situación fiscal del país va de mal en peor. Como van las cosas, el déficit será del 8 por ciento del PIB al terminar este año, el más alto en la historia de Colombia”.
Ante esta situación, los directores ejecutivos del FMI destacaron la importancia de emprender “acciones decididas y realistas” para implementar un plan de consolidación fiscal, lo que contribuiría a volver a anclar las expectativas, reducir los costos de endeudamiento y mejorar la combinación general de las políticas.
El director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, aseguró que la estrategia debe centrarse en un ajuste fiscal de alrededor de 3 puntos del PIB (unos 54 billones de pesos), basado en tres componentes complementarios.
Primero, una reforma tributaria equivalente a 1 por ciento del PIB, que amplíe las bases gravables del IVA y del impuesto a las personas naturales, y que reduzca gradualmente la tarifa del impuesto de renta empresarial, actualmente la cuarta más alta del mundo.
Segundo, un recorte del gasto de 1,5 por ciento del PIB, que incluya la eliminación del subsidio al diésel, una mejor focalización de los subsidios sociales y una reducción de la nómina estatal.
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Foto:iStock
Tercero, una mejora en las condiciones macroeconómicas, a través de una menor incertidumbre y un menor costo del capital, que impulse la inversión y el crecimiento, permitiendo cerrar el ajuste con una reducción adicional del déficit de 0,5 por ciento del PIB.
En las próximas semanas, Fedesarrollo entregará más detalles de su propuesta integral de ajuste fiscal, que busca restaurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y fortalecer la credibilidad de la política económica de Colombia.
El presidente de Anif, José Ignacio López, coincide en que el ajuste fiscal debe comenzar con un recorte del gasto y la reducción del tamaño de la burocracia estatal. “Lo que se necesita es un esfuerzo fiscal importante, volver a la senda de la regla fiscal”, afirmó.
Sin embargo, el exministro de Hacienda considera que todas estas tareas recaerán en la nueva administración que comienza el 7 de agosto de 2026, dado que el gobierno de Gustavo Petro no ha mostrado ninguna voluntad política para ordenar las finanzas públicas.
“Este gobierno ha creado 450.000 empleos desde que comenzó, y el gobierno entrante tendrá que poner orden y mesura en ese tema. Esa es la primera tarea y es indispensable”, comentó.
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Ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar. Foto:Banco de la República
Además, se debe buscar mayor flexibilidad y esto pasaría por reducir, por ejemplo, las rentas de destinación específica. “Hay una discusión pendiente de lo que pasa con las transferencias a las regiones, pero en últimas habrá que buscar un mayor espacio de flexibilidad presupuestal”, agregó José Ignacio López.
También sería necesario una optimización del portafolio de activos del Estado. La venta o enajenación de aquellos que no son productivos podría ser una fuente adicional de recursos.
Por otro lado, Anif ve poco probable que el Congreso de la República apruebe la nueva reforma tributaria del gobierno Petro, lo cual obligaría al próximo gobierno a realizar un esfuerzo fiscal adicional para lograr un mayor recaudo.
El exministro Juan Camilo Restrepo tiene ese mismo escepticismo, por eso resalta que el próximo gobierno deberá adelantar una gestión política para construir mayorías en el Congreso que le permitan tramitar “una especie de reforma tributaria moderada y bien focalizada”.
Otra alternativa que plantea el presidente de Anif está relacionada con la posibilidad de reforzar la institucionalidad fiscal en el mediano plazo, dándole quizás “más dientes” al Comité Autónomo de la Regla Fiscal para que, después de un ajuste exitoso, no se retorne a una senda de aumento del gasto y deuda como la que se registra actualmente.
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Foto:iStock
Para José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, la medida más importante que tiene que adoptar el Estado es “retornar a la macroprudencia”. Esto significa que se deben hacer proyecciones de ingresos realistas.
A esto se suma la necesidad de evitar que el gasto, particularmente el de funcionamiento, continúe creciendo. Esto implica cortar al máximo todos los gastos de burocracia estatal que vienen aumentando a una tasa muy alta en el país.
También considera necesario enviar mensajes de certidumbre y de confianza al sector productivo para tratar de disminuir el costo del financiamiento público, además de buscar nuevas formas de crecimiento de largo plazo.
Esto no debe estar basado en la administración pública o en un exceso de gasto, sino en apoyar a sectores claves de la economía para que puedan crecer y, por ende, aportar más recursos al Estado.
Otro aspecto indispensable es una disminución significativa del tamaño del Estado, que José Manuel Restrepo calcula en, por lo menos, un 30 por ciento, que debería incluir la eliminación de entidades y agencias innecesarias.
Para este propósito se puede aprovechar la ley de competencias, que permitirá cederles muchas responsabilidades a los entes territoriales con el fin de disminuir el tamaño del Estado central.
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