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El Gobierno Nacional ratificó su decisión de mantener el cobro de la Contribución Nacional de Valorización (CNV) en el proyecto Cartagena–Barranquilla–Circunvalar de la Prosperidad, pese a la medida cautelar del Tribunal Administrativo del Atlántico que ordenó cesar temporalmente la facturación hasta la realización de audiencias públicas informativas en los diez municipios de la zona de influencia.
El Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Ministerio de Transporte defendieron la continuidad del proceso, argumentando que el mecanismo se encuentra ampado en la Ley 1819 de 2016, y que los recursos, estimados en $1,23 billones de pesos, serán destinadas a obras viales en la región Caribe.
“Estamos dando cumplimiento a la medida del Tribunal, pero seguimos adelante con el proceso de diálogo y las audiencias públicas. Este instrumento sigue vigente bajo los principios de la ley y garantiza la inversión en infraestructura regional”, explicó Jhon Jairo González, director del Invías.
Senador Meisel: “El Gobierno no puede hacer lo que le da la gana”
La decisión del Ejecutivo generó una fuerte reacción política en el Congreso. El senador barranquillero Carlos Meisel, del Centro Democrático, quien ha liderado en la región un movimiento contra el pago de esta contribución, cuestionó al Gobierno por insistir en el cobro pese a la orden judicial.
Senador Carlos Meisel. Foto:cortesia
“Los funcionarios del Gobierno tienen que entender que todavía estamos en un país donde se debe respetar el Estado social de derecho. Ellos no pueden violar la división de poderes. El proceso de valorización tiene unas medidas cautelares que protegen al Atlántico ya Bolívar de este golpetazo que pretendía hacer el Gobierno”, afirmó Meisel.
El congresista hizo un llamado directo a la viceministra de Infraestructura, Liliana Ospina, a “entender que son funcionarios de un país donde se respeta la ley, y que, por mucho que quieran, no pueden hacer lo que les da la gana”.
Audiencias públicas y redistribución del recaudo
El Invías explicó que desde el 4 de septiembre se publicó la convocatoria para las audiencias públicas que se realizarán entre el 6 de noviembre y el 6 de diciembre de 2025 en los distritos de Barranquilla y Cartagena, y en los municipios de Santa Catalina, Puerto Colombia, Soledad, Juan de Acosta, Piojó, Galapa, Tubará y Malambo.
Durante un encuentro en Cartagena con autoridades locales, la viceministra Ospina señaló que el recaudo se distribuirá según criterios socioeconómicos, priorizando los municipios más rezagados.
“El propósito es que los municipios con menores indicadores de desarrollo reciban un mayor porcentaje del recaudo. Este es un mecanismo redistributivo y de equidad territorial”, explicó.
Encuentro entre el Mintransporte, Invías y voceros de Atlántico y Bolívar. Foto:Invías
La distribución se basará en 17 variables como población, cobertura de servicios públicos, desempeño fiscal, número de predios urbanos y rurales, y densidad económica, usando información del repositorio TerriData del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Exenciones, exclusiones y aclaraciones.
El Invías reiteró que no todos los habitantes de la zona de influencia deberá pagar la contribución. Están exentos los propietarios en pobreza extrema o moderada (Sisbén A1–A15 y B1–B7), los predios de estratos 1, 2 y 3, y las Unidades Agrícolas Familiares (UAF).
También están excluidos los bienes públicos, zonas de riesgo, iglesias, cementerios, tierras comunales y patrimonios públicos.
La viceministra Ospina aclaró que la valorización no es un impuesto, sino una contribución especial única asociada a la propiedad de los predios beneficiarios por las obras.
“Los impuestos no tienen destino específico. Este recaudo solo podrá usarse en obras viales del Caribe, y no es un pago periódico”, puntualizó.
$1,23 billones para proyectos en el Caribe
Los recursos de la CNV serán administrados por el Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP), con destino a proyectos viales, caminos comunitarios y obras de movilidad en la región.
Según la Resolución 3856 de 2024, el monto distribuible del proyecto asciende a $2,38 billones, pero tras aplicar exenciones y topes del impuesto predial, el valor efectivo del recaudo se estima en $1,23 billones.
El proyecto Cartagena–Barranquilla–Circunvalar de la Prosperidad, de más de 146 kilómetros, es considerada una obra estratégica para la conectividad y competitividad del Caribe colombiano
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