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En la ciudad hay cerca de 5.824 cámaras de videovigilancia que están a cargo de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justiciade los cuales 1.753 no están en servicio. En un reciente informe emitido por la Personería de Bogotá se establece que esto se debe a problemas de conectividad, falta de mantenimiento, siniestros, fallas de energía y obras.
En lo que tiene que ver con mantenimiento, la secretaria se suscribió, el pasado 30 de noviembre de 2023, el contrato CSJ-1816-2023 con la Compañía Interamericana de Seguridad y Servicios Ltda.por un valor total de 13.262 millones de pesos. Sin embargo, esta empresa no habría llevado a cabo en su totalidad el trabajo para el que fue contratado, aunque sí cobró el servicio.
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El hallazgo se dio a conocer en los últimos días, cuando la Contraloría de Bogotátras una auditoría financiera, de gestión y resultados en el primer semestre de 2025, indicó que se trataría de 2.274 millones de pesos correspondientes a pagos indebidos por mantenimientos correctivos que el contratista debía ejecutar directamente.
Los pagos se habrían hecho durante 2024, luego de que la Compañía Interamericana de Seguridad y Servicios Ltda. cobrara 1.034 visitas de mantenimiento correctivo, “aunque en esos casos no solucionó las fallas reportadas, sino que simplemente las diagnosticó y las escaló a terceros, como ETB o Enel”explicó la Contraloría.
Contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruíz. Foto:Contraloría de Bogotá
En el informe del hallazgo administrativo con incidencia fiscal se especifica que, a pesar de que el contratista no resolvió las fallas, sí facturó cada una de esas visitas por un valor unitario de 2.200.000 pesoscomo si hubiera hecho el trabajo.
De acuerdo con la Contraloría, el contrato establecía que los pagos solo se podían hacer por los servicios efectivamente ejecutados por el contratista, es decir, fallas solucionadas, y que un diagnóstico sin solución debía considerarse un “diagnóstico fallido”. Por lo menos, eso establece el contrato en los Acuerdos de Nivel de Servicio que están en el Anexo 6 del documento.
“La auditoría también evidencia que no existían soportes documentales que justificaran esos pagos, ni constancia de aprobaciones previas por parte de la supervisión o la interventoría para incluir nuevos artículos en la bolsa de servicios. Estas omisiones evidencian fallas graves en los mecanismos de control contractual”, indicaron desde la Contraloría.
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Además de representar un posible perjuicio patrimonial, para el órgano de control también implica una afectación directa a la operación del sistema de videovigilancia de Bogotáen un escenario donde la seguridad juega un papel fundamental.
“Todos estos hallazgos han sido trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal para que se determinen los responsables y, por supuesto, para que se recuperen los recursos que son de los bogotanos. Este proceso será priorizado porque se trata de recursos destinados a la seguridad, que tanto se necesitan”, indicó el contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez.
Para la Contraloría, estos hallazgos evidencian una presunta incidencia disciplinaria por parte de la supervisión e interventoríapor autorizar pagos sin la verificación técnica y contractual.
Desde el C4 de Bogotá se monitorean todas las cámaras de seguridad de la ciudad. Foto:Secretaría de Seguridad
“La auditoría establece presunta incidencia disciplinaria, lo cual indica que pudo haber negligencia en el ejercicio de funciones. No se afirma expresamente que hubo dolo, pero sí se evidencia omisión en los deberes de verificación, control y documentaciónlo cual amerita investigación disciplinaria por parte de la Personería de Bogotá”, especifica la Contraloría.
Sobre este tema, César Andrés Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotáseñaló que “hay que ser precisos con la ciudadanía” y aclaró que los pagos de este contrato están a mediados de una intervención.
“La interventoría hace el análisis de los servicios prestados y de la autorización para los pagos a la secretaría. este ejercicio de control fiscal es muy importantesiempre”, dijo el funcionario.
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Restrepo también señaló que, una vez lleguen las conclusiones con toda la información que entregó la entidad, se revisará qué otros procesos se pueden adelantar para seguir “mejorando el servicio”.
“Sin duda alguna, todos los servicios asociados a los sistemas de seguridad tienen grandes desafíos en términos de administración, pero ¿cómo se resuelven esos desafíos? Con las claves y parámetros que se definen en los contratos y, adicionalmente, con las instancias de verificación para la prestación, no solo de los servicios, sino también para garantizar la legalidad de los pagos”, concluyó el secretario de Seguridad.
MIGUEL CASTELLANOS
EN X: @LOQUEOLVIDO
EL TIEMPO
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