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Ha comenzado la cuenta regresiva para que el Congreso de la República apruebe el Presupuesto General de la Nación para 2026 y, al mismo tiempo, aumenta la probabilidad de que deba ser expedido nuevamente por decreto.
Este presupuesto será la base financiera para la recta final del gobierno del presidente Gustavo Petro y para el inicio de la nueva administración que asuma el próximo 7 de agosto.
El proyecto de ley pasó su primer debate en las Comisiones Económicas Conjuntas el pasado 25 de septiembre, tras un acuerdo con el Gobierno Nacional para un recorte de 10 billones de pesos y dejar el presupuesto en 546,9 billones de pesos.
Aunque hubo esta reducción, el presupuesto sigue desfinanciado en 16,9 billones de pesos, una cifra que depende de la aprobación de la nueva reforma tributaria que radicó el Gobierno Nacional.
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Foto:Juan Sebastián Lombo. EL TIEMPO
El Congreso de la República tiene hasta el lunes 20 de octubre como plazo máximo para aprobar el Presupuesto de 2026 y enviarlo a la Casa de Nariño para la sanción del presidente Gustavo Petro.
Es decir, solo tiene seis días para terminar este trámite, por lo que el calendario legislativo está sumamente apretado para llevar a cabo el debate y la conciliación que hacen falta.
Adicionalmente, parece que no hay ambiente para aprobar esta iniciativa. Mientras que en la Cámara de Representantes el Gobierno Nacional tiene los votos para mantener el monto de 546,9 billones de pesos, en el Senado insistirán en reducirlo a, por lo menos, 532 billones de pesos.
Tanto la Plenaria de la Cámara de Representantes como la Plenaria del Senado tienen que reunirse por aparte para aprobar el proyecto de ley en su segundo debate. Para esto, la ponencia del Senado ya fue radicada, pero en la Cámara aún no se registran movimientos
Para cumplir con los plazos, debería aprobarse a más tardar el sábado 18 de octubre. Esto dejaría el tiempo suficiente para anunciar la votación de la conciliación el 19 de octubre y votarla al día siguiente.
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Foto:iStock
Si el Congreso de la República no le mete el acelerador a este trámite, se estaría abriendo la puerta para que se expida vía decreto, como pasó con el Presupuesto General de 2025.
“El presupuesto del Gobierno Nacional constituye un pilar esencial para la confianza en la economía colombiana. Adoptarlo por decreto solo profundiza la incertidumbre y nos aproxima a una dictadura fiscal”, aseguró César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.
Además, destacó que, “en un Estado verdaderamente democrático, tal como lo establece la Constitución, es fundamental que sea el Congreso quien apruebe el presupuesto, incluso cuando la iniciativa corresponda al Gobierno”.
De no aprobarse será un golpe fuerte para el Gobierno en su capacidad de negociación
Juan Alberto LondoñoExviceministro de Hacienda
Si se expide por decreto, el exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, explicó que la Presidencia de la República deberá adoptar el mismo texto que se aprobó en las Comisiones Económicas Conjuntas, que incluye el recorte de 10 billones de pesos.
“De no aprobarse será un golpe fuerte para el Gobierno en su capacidad de negociación. Sería el fin del gobierno Petro en materia legislativa”, comentó.
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Foto:iStock
No obstante, el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, aseguró que 546,9 billones de pesos “sigue siendo un monto que el país no es capaz de financiar y que tiene, por lo menos, un desface de 45 billones de pesos”.
“Lo negativo sería que no se obligó al Gobierno a hacer un proceso de austeridad en el gasto de funcionamiento para tratar de controlar más billones de pesos de los que actualmente desfinancian el presupuesto”, agregó.
Aunque también destaca aspectos positivos de expedir el presupuesto por decreto. Por un lado, se tendría que hundir la reforma tributaria y, por el otro, se descartan las facultades extraordinarias para el presidente Gustavo Petro.
Estaban relacionadas, entre otras, con el manejo de deuda y la posibilidad de reprogramar las vigencias futuras y modificar los rubros de gasto. “Eran muy peligrosas para el país”, advirtió José Manuel Restrepo.
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El ministro de Hacienda, Germán Ávila, en el debate del presupuesto 2026. Foto:Prensa Cámara de Representantes
“Lo óptimo sería que el Congreso hunda la reforma tributaria y, simultáneamente, le exija al Gobierno Nacional disminuir el gasto público en los 26 billones de pesos de esa tributaria”, aseguró.
Si la reforma tributaria no se aprueba, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advierte que el Gobierno Nacional tendría que recurrir nuevamente a aplazamientos o recortes de gasto por decreto.
Lo óptimo sería que el Congreso hunda la reforma tributaria
José Manuel RestrepoEl exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA
“Esto rompe el principio de representación en el gasto público, porque las decisiones sobre qué se recorta o aplaza quedarían exclusivamente en manos del Ejecutivo, sin debate ni control legislativo”, afirmó.
Para el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, el riesgo más grande de la expedición por decreto es que el gobierno de Gustavo Petro vuelva a usar la estrategia de 2025.
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Foto:iStock
Según recordó, se anunció un presupuesto con un aplazamiento equivalente al monto de la reforma tributaria, pero ese aplazamiento no se convirtió en un recorte efectivo y el gasto fue sustancialmente mayor al deseable dadas las capacidades de recaudo.
Por esta razón, entre otras, Fedesarrollo estima que el déficit fiscal de 2025 será del 7,5 por ciento del PIB, más alto que el 7,1 por ciento que espera el Gobierno. Para el próximo año podría superar el 8 por ciento del PIB, “una cifra sin precedentes en nuestra historia moderna”.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana también llama la atención sobre riesgos jurídicos si el Presupuesto General de la Nación para 2026 no es aprobado por el Congreso.
“El presupuesto no solo define ingresos y gastos, sino que incluye disposiciones generales que tienen carácter de ley. Si el Ejecutivo expide el presupuesto por decreto, podría carecer de competencia para aprobar algunas de esas normas, lo que generaría inseguridad jurídica y afectaría la ejecución presupuestaria del próximo año”, señaló.
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