El Ministerio de Minas y Energía expidió un decreto que establece lineamientos de política pública para limitar el costo de la energía eléctrica y generar estabilidad tarifaria en el país.
Según explicó, esta iniciativa busca proteger a los hogares colombianos frente a la volatilidad de los precios de la energía, especialmente cuando los fenómenos de El Niño aumentan los costos de generación térmica.
Por lo tanto, la Creg tiene tres meses para implementar mecanismos que aseguren que los generadores hidráulicos vendan al menos el 95 por ciento de su energía mediante contratos.
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También se deberán crear nuevos instrumentos flexibles de contratación y estrategias para promover las energías renovables no convencionales en Colombia, como la solar y eólica.
Sin embargo, Acolgén manifestó una profunda preocupación por la expedición de este decreto y aseguraron que estas medidas representan una intervención desproporcionada en el mercado.
Además, dicen que atentan contra la libre competencia, la eficiencia del sistema y la seguridad jurídica, poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de las empresas y la confiabilidad energética del país a largo plazo.
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“El decreto, bajo la justificación de proteger a los usuarios vulnerables, impone una camisa de fuerza a los generadores hidráulicos que debilita los principios de un mercado competitivo y eficiente”, aseguró el gremio.
Además, advierte que las consecuencias a mediano y largo plazo serán contraproducentes y se reflejarán en menores inversiones en generación, poniendo en riesgo la cantidad de energía disponible a futuro, y estableciendo riesgos financieros para las empresas generadoras.
Acolgén considera que la medida más perjudicial es la obligación impuesta a los generadores hidráulicos de vender “al menos el 95 por ciento de la generación horaria” mediante contratos.
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“La norma parece ignorar la naturaleza variable de la hidrología (lluvias). Forzar una contratación del 95 por ciento a nivel horario es operativamente inviable y riesgoso”, dijo
El gremio también cuestiona que la Creg deba diseñar en tiempo récord “mecanismos de contratación flexibles”. Esto, en lugar de simplificar, añadiría una capa de complejidad regulatoria que puede resultar ineficiente y burocrática.
“Es imperativo señalar que la norma establece un trato regulatorio desigual que afecta la libre competencia entre tecnologías. Específicamente, se impone una obligación de contratación únicamente a la tecnología hidráulica, excluyendo a las demás fuentes de generación (solar, eólica y térmica)”, agregó.
