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Esta semana se congregaron en Bogotá cerca de 2.000 indígenas provenientes de Cauca y Nariñodos regiones azotadas por problemas de orden público. Lo hicieron bajo la sombrilla del denominado Congreso de los Pueblos, que los agrupa a ellos, así como a comunidades afro, estudiantes y otros grupos.
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Y desde que arribaron a la ciudad, estos señores se dedicaron no a hacer pedagogía sobre sus reclamos y sus necesidades, sobre la falta de servicios en sus comunidades o de seguridad para sus territorios, temas en los que el gobierno del presidente Petro les estaría incumpliendo, según se deduce. de algunas versiones conocidas. No, vinieron a tomarse la sede de la Universidad Nacionala ejercer control sobre directivas y estudiantado, a saltarse los protocolos de seguridad, a vandalizar los espacios del campus, a decidir quién ingresaba y quién no.
No satisfechos, se tomaron estaciones y portales de TransMilenio invitando a la gente a robarle al sistema y luego procedieron a vandalizarlo. También se arremetieron contra el peaje de la calle 13 y, por si todo lo anterior no fuera suficiente, decidieron atacar la sede diplomática de Estados Unidos, en la calle 26, e hirieron con lanzas y flechas a miembros de la Fuerza Pública.
Este viernes policías fueron atacados con flechas en una protesta en la Embajada de Estados Unidos. Foto:Policia Metropolitana de Bogota
Días antes habían hecho tomas simbólicas en sedes ministeriales.
Los indígenas quieren que el Ejecutivo les cumpla, que Petro y su gobierno les cumplan; Quieren diálogo directo con el Presidente. Sin embargo, cuando uno ve lo que hacen con la ciudad y sus habitantes, las dudas empiezan a surgir. ¿De verdad a eso vinieron? ¿Lo hicieron por voluntad propia? ¿Quién financió semejante despliegue? ¿Lograron su objetivo? ¿Se infiltraron grupos ilegales en sus filas?
Cómo serían las cosas que hasta el propio ministro Armando Benedetti, el ministro de la política, afirmó que detrás de esas tomas de sedes e instituciones había “estructuras criminales”, que todo había sido planeado y que querían generar un ambiente de agitación antes que de diálogo. Y en otra declaración les pidió a las autoridades locales actuar con contundencia.
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Pero volviendo al tema de los efectos de estos ataques en la infraestructura pública de la ciudad, uno se pregunta: ¿qué les hicimos? ¿Por qué los indígenas la emprenden contra una ciudad que ha dado muestra, de hace tiempo, de acogerlos, atenderlos, velar por su integridad y proteger los derechos de niños, niñas y mujeres? Bogotá es mayoritariamente solidaria con sus causas y reclama al Gobierno para que atienda sus necesidades. ¿Por qué no se aprovecha el poder que emana de las autoridades de la capital para pedir solidaridad en el reclamo de esos derechos?
Pero aquí se hizo todo lo contrario: echarse a la ciudadanía encima. Los bogotanos están indignados, cansados, extrañados de que la protesta, el bloqueo, la destrucción, el afán de hacer daño, de agredir al otro, de destruir lo que nos ha costado tanto, se haya convertido en la norma. Casi 1.500 protestas este año no es concebible. Así no se puede tener una ciudad productiva, competitiva y que genere empleo. Una ciudad semiparalizada a diario llena a la gente de pesimismo y desilusión. Y eso no somos los bogotanos, que lo único que queremos es que Bogotá siga siendo el referente para el resto del país, y por eso hay que pararse con energía para defenderla.
Manifestaciones en la Universidad Nacional mantuvieron la calle 26 bloqueada. Foto:sumnistrada
Por eso surge la duda de si detrás de estas manifestaciones hay motivaciones reales de desencanto social o una estrategia que busca, por la vía de la violencia, réditos electorales a favor de causas políticas o desestabilizar a gobiernos que incomodan o propiciar un mal ambiente de cara a los próximos. comicios que Gobierno y órganos de control garantizan a toda costa.
Lo sucedido esta semana, lo que sucede a diario en Bogotá, con cuatro bloqueos en promedio, ha desdibujado la razón de ser de una manifestación social y ha puesto en peligro el principal valor de la misma: hacerse oír del gobiernopero también de la sociedad.
Son muy pocos los que hoy quieren entender y respaldar este tipo de acciones. Ojalá y no sea así, pues ha habido manifestaciones justas que no acuden a la destrucción para hacerse oír. Si lo seguimos permitiendo, será como avalar que se aplique justicia por mano propia porque así es como se acaba con los ladrones.
ERNESTO CORTÉS FIERRO
Editor General de
EL TIEMPO
@ernestocortes28
erncor@eltiempo.com
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