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el sector energético colombiano se enfrenta a un momento decisivo. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) preparar una subasta de expansión del cargo por confiabilidad para marzo de 2026, con la que el Gobierno busca cerrar el déficit proyectado de energía firme que se prevé entre los años 2029 y 2030.
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Sin embargo, gremios y expertos han expresado preocupación por la posibilidad de que esta convocatoria no logre adjudicar la capacidad suficiente para cubrir la brecha, estimada entre un 4% y un 6% de la demanda. De no cumplirse las metas, el país podría quedar expuesto a escenarios de racionamiento durante un nuevo fenómeno de El Niño o en periodos críticos de baja hidrología.
Especialistas del sector insisten en que adjudicar proyectos no equivale a tener energía disponible, pues persisten retrasos estructurales que han frenado la entrada en operación de proyectos asignados en subastas anteriores.
Obstáculos que frenan la entrada de nuevos proyectos
Servicio de energia. Foto:ENERGÍA
Los principales “cuellos de botella” señalados por los gremios están en los trámites ambientales, la interconexión a la red, la financiación y la congestión en transmisión, así como en la falta de garantías regulatorias que permitan acelerar la ejecución. Estos factores han impedido que muchos de los megavatios adjudicados en años recientes entren efectivamente en operación.
Además, advierten que una subasta con predominio de fuentes renovables intermitentes, como la solar o la eólica, no garantiza la firmeza energética necesaria para cubrir los picos de demanda o los periodos secos. En ejercicios previos, la participación mayoritaria de proyectos solares dejó al sistema más vulnerable ante condiciones climáticas extremas.
En ese sentido, asociaciones como Acolgen y Andeg han insistido en que las próximas subastas deben incluir una proporción adecuada de plantas térmicas, hidroeléctricas con embalse y sistemas de almacenamiento, para garantizar el respaldo del sistema y evitar apagones.
Llamado del sector a revisar el marco regulatorio
Foto:EL TIEMPO
La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, advirtió durante la Semana Mundial de la Energía que el país enfrenta un entorno regulatorio incierto que desincentiva las inversiones en generación confiable. “Tenemos inseguridad jurídica, atrasos en redes y proyectos, y una falta de señales claras que comprometen la estabilidad del sistema”, afirmó.
En una carta enviada a la Creg, el gremio solicitó ajustes urgentes al marco regulatorio previo a la subasta, especialmente frente a las resoluciones 101 066 de 2024, 101 069 de 2025 y el Proyecto 701 100 de 2025, que —según los generadores— alteran la lógica del Cargo por Confiabilidad al establecer precios de escasez diferenciados por tecnología.
Acolgen sostiene que estas modificaciones distorsionan las señales del mercado, aumentan el riesgo tarifario y de desabastecimiento, y podrían minar la confianza de los inversores. Además, pidió retirar la remuneración diferenciada entre plantas nuevas y existentes, pues considera que ello podría afectar la participación y la competencia en la próxima subasta.
Riesgos y tiempos ajustados para garantizar nueva capacidad
Se esperan apagones masivos durante todo agosto Foto:stock
Según estimaciones del sector técnico, la construcción de una planta hidroeléctrica o térmica puede tardar entre cuatro y seis años desde la firma del contrato hasta su entrada en operación. Esto implica que, si la subasta se realiza en 2026, los tiempos serán muy justos para que la nueva capacidad esté lista antes de 2029, cuando se proyecta el déficit.
el presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, advirtió que repetir el modelo de la subasta de 2024 —en la que el 99 % de las Obligaciones de Energía Firme (OEF) se asignaron a proyectos solares— sería riesgoso para la confiabilidad del sistema. En esa ocasión se adjudicaron cerca de 4.000 megavatios, pero la participación térmica limitada dejó sin respaldo suficiente la generación en periodos secos.
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Para la nueva subasta, se estima que el país deberá asignar 1.500 megavatios adicionales, de los cuales 700 deben provenir de plantas térmicas para garantizar la estabilidad operativa. De no lograrse, el sistema quedaría nuevamente expuesto a una posible crisis energética.
El Gobierno busca atraer inversión con una “gran subasta” de energías renovables
Operadores de Air-e detectan el fraude en el conjunto residencial. Foto:Cortesía Air-e
Frente al panorama de incertidumbre, el Gobierno Nacional busca impulsar nuevas inversiones con la expedición del Decreto 1091 de 2025, Firmado por el presidente Gustavo Petro. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que la medida permitirá realizar una “gran subasta” de energías limpias, cuyo objetivo es ampliar la matriz renovable y avanzar en la transición energética justa.
Según Palma, el decreto ofrece seguridad jurídica y financiera para los inversionistas, facilita el cierre financiero de los proyectos y busca reducir las tarifas de energía a largo plazo. No obstante, los expertos advierten que la diversificación energética debe hacerse sin comprometer la confiabilidad del sistema, combinando fuentes renovables con proyectos de respaldo térmico e hidráulico.
El desafío para el país será lograr que la próxima subasta no solo atraiga nuevos proyectos, sino que garantiza energía firme y oportuna para cubrir la creciente demanda y evitar un escenario de racionamiento que pondría a prueba la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
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