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Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) representan el 99 % del tejido empresarial colombiano y son un pilar clave para la producción y el empleo.
Sin embargo, un reciente estudio de la firma global Alvarez & Marsal (A&M), basado en datos de la Superintendencia de Sociedades entre 2019 y 2024, revela que enfrentan una combinación de mayor carga tributaria, reducción de liquidez y aumento del endeudamiento, factores que están debilitando la inversión y ralentizando el crecimiento económico del país.
En Colombia, menos del 1 % de las compañías son grandes corporaciones —entre 15.000 y 20.000—, pero estas concentran el 70 % del PIB. Por su parte, las Mipymes, aunque numerosas, operan con márgenes más estrechos y menor capacidad de maniobra. El estudio subraya que su desempeño funciona como un “termómetro” del ciclo económico nacional: cuando las pequeñas empresas se debilitan, el impacto se extiende a las grandes.
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El informe de A&M muestra que la diferencia entre los días de cobro y pago (DSO–DPO) volvió a ampliarse este año. Durante la pandemia, las Mipymes cobraban más tarde y pagaban antes, financiando a clientes de mayor tamaño.
Aunque hubo una mejora temporal en 2021 y 2022, la tendencia se revirtió en 2023 y 2024. Este desfase ha debilitado sus flujos de caja, aumentando su exposición al riesgo de mora y a tensiones financieras que afectan toda la cadena productiva.
Aumento de la carga tributaria efectiva
Entre 2019 y 2024, la relación entre el impuesto de renta y la utilidad antes de impuestos (UAI) creció más del 26 % en términos reales para las Mipymes, mientras que las grandes empresas no registraron incrementos significativos. La menor capacidad de planeación tributaria en las pequeñas empresas ha forzado una absorción directa de esta carga, reduciendo la inversión y la rentabilidad.
Esto debe saber. Foto:iStock
El indicador EBITDA/Deuda en las microempresas pasó de 69 % en 2019 a 87 % en 2024, lo que significa que casi todo el resultado operativo está comprometido con obligaciones financieras. Esto limita la capacidad de las empresas para enfrentar choques económicos, las obliga a recurrir a financiamientos más costosos —como factoring o créditos informales— y perpetúa un ciclo de vulnerabilidad estructural.
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A&M advierte que los efectos de la fragilidad de las Mipymes se propagan hacia las grandes compañías por tres vías principales: proveedores con menor liquidez y mayor riesgo de incumplimiento, ciclos de caja más prolongados que encarecen el capital de trabajo y menor inversión y empleo, con impacto directo sobre la demanda interna.
Según la firma, esta asimetría no es solo un problema de distribución, sino de sostenibilidad sistémica. “Hay menos inversión, más fricción en cadenas críticas y mayores tensiones de liquidez en todo el ecosistema empresarial”, concluye el estudio.
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*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de Alvarez & Marsal.
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