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En Colombia existen cinco situaciones en las que la ley prohíbe el despido de un trabajador sin una autorización especial. Esta protección busca garantizar la estabilidad laboral y evitar decisiones arbitrarias por parte de los empleadores.
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De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la población ocupada en el país alcanzó los 23,8 millones de personas en agosto de 2025, un aumento de 393 mil empleos frente al mismo mes de 2024.
En este contexto de crecimiento laboral, conocer los derechos de los trabajadores ante un despido resulta esencial para prevenir abusos y hacer valer la ley. Por su parte, la normativa colombiana contempla que ningún empleado puede ser despedido por razones que afecten su dignidad, estado de salud o condiciones personales.
Sin embargo, en la legislación se establece cinco excepciones específicas donde la desvinculación solo procede con autorización. A continuación se las contamos:
Las mujeres embarazadas y en lactancia tienen amparo legal frente al despido. Foto:iStock – Imagen de referencia
Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia
Según el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo está prohibido el despido de mujeres embarazadas o en lactancia sin autorización expresa del Ministerio de Trabajo y sin una causa justa comprobada.
“Ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de embarazo o lactancia sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo que avale una justa causa”, señala la norma.
Dado que esta ley busca proteger los derechos de las madres y garantizar condiciones laborales seguras durante la maternidad.
Los afiliados a un sindicato gozan de fuero que impide su retiro arbitrario. Foto:iStock
Personas con discapacidad o con afectaciones de salud
La Sentencia T-029 de 2016 de la Corte Constitucional establece una protección especial para quienes presentan una discapacidad o una condición médica que limite su desempeño.
“Las personas con discapacidad gozan de estabilidad laboral reforzada y tienen el derecho a conservar el empleo, a no ser despedidas por su situación de vulnerabilidad”, precisa el fallo.
Así pues la desvinculación solo puede efectuarse cuando exista una causal objetiva y valida.
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Trabajadores con fuero sindical
El artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo protege a los trabajadores que integran sindicatos. Esta garantía ampara a los fundadores, miembros de juntas directivas, subdirectivas y comisiones de reclamos, durante el tiempo que dure su mandato y hasta seis meses después.
Incluso los servidores públicos con funciones no directivas gozan de esta protección, siempre que se demuestre su pertenencia al sindicato mediante el certificado de inscripción.
Padres o madres cabeza de familia también están bajo protección laboral. Foto:iStock
Empleados prepensionados
También gozan de estabilidad laboral reforzada los trabajadores próximos a pensionarse. De acuerdo la Ley 790 de 2002 y con el Departamento Administrativo de la Función Pública, esta categoría incluye a quienes están a tres años o menos de cumplir los requisitos de edad o semanas de cotización para acceder a la pensión.
Esta protección aplica para hombres entre 59 y 62 años y mujeres entre 54 y 57 años, la medida busca evitar que los empleadores desvinculen injustamente a personas que están por alcanzar su pensión.
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Padres y madres cabeza de familia
La Circular 040 de 2022 del Ministerio de Trabajo determina que los padres o madres responsables del cuidado de hijos o personas con discapacidad no pueden ser despedidos sin autorización especial.
En el artículo 43 de la Constitución Política garantiza expone “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación” y “recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”.
El trabajador puede exigir indemnización si se vulneran sus derechos. Foto:iStock
¿Qué hacer si ocurre un despido injustificado?
En caso de ser despedido sin causa válida, el portal web del Ministerio de Justicia recomienda solicitar una indemnización ante la empresa. Si esta se niega a reconocer el pago, el trabajador puede acudir a un inspector de trabajo o consultarlo con un abogado para buscar una conciliación.
Si no se logra un acuerdo, el paso siguiente es presentar una demanda ante un juez laboral, reunir pruebas y solicitar ayuda jurídica para reclamar su indemnización, prestaciones sociales y pago de derechos vulnerados.
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Por tanto, el Decreto 2663 de 1950 del Código Sustantivo del Trabajo consagra el trabajo como un derecho fundamental y exige al estado garantizar la igualdad de condiciones laborales, especialmente para los grupos más vulnerables.
Daniel Alejandro Bonilla Martínez
REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS
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