El presidente Gustavo Petro promulgó la Ley 2539 de 2025, una normativa que marca un hito en la inclusión de las juventudes rurales dentro del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural de Colombia. Esta legislación busca transformar las condiciones de vida de miles de jóvenes campesinos que históricamente han enfrentado barreras para acceder a la tierra y a oportunidades productivas, en un país donde la inequidad en la distribución de la propiedad rural ha sido una de las principales causas del conflicto armado.
La nueva ley reconoce a la juventud rural como un segmento poblacional de escasos recursos, con vínculos especiales de dependencia y apego a la tierra, que incluye campesinos, así como jóvenes de comunidades étnicas, indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras y Rom. Uno de los aspectos más destacados es la modificación de la Ley 160 de 1994, columna vertebral de la reforma agraria colombiana, que ahora incluye explícitamente a las juventudes rurales como beneficiarias prioritarias de programas de acceso a tierra, subsidios directos y proyectos de adquisición mediante negociación directa. La legislación establece que las comunidades deberán garantizar una participación mínima del 20% de jóvenes rurales en las distintas instancias de toma de decisiones del sistema agrario, de los cuales al menos 5% deben ser jóvenes rurales étnicos. De esa manera, se busca asegurar que las voces juveniles no solo sean escuchadas, sino que tengan poder de decisión real sobre las políticas que afectan sus territorios.
Pero la Ley 2539 va más allá del simple acceso a la tierra: contempla la creación de proyectos productivos acordes con los planes de vida de los jóvenes, que pueden incluir desde actividades agropecuarias tradicionales hasta iniciativas innovadoras en agroturismo, producción artesanal, agroecología y nuevas formas de economía alternativa. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural impulsará proyectos sostenibles que promuevan la agricultura regenerativa, la soberanía alimentaria e, incluso, el derecho al ocio y al esparcimiento, al reconocer que el desarrollo rural no puede limitarse únicamente a lo productivo.
Para hacer realidad estas oportunidades, el Ministerio de Agricultura, en coordinación con el SENA y el Ministerio del Trabajo, deberá crear programas específicos de formación y capacitación técnica para fortalecer los saberes y prácticas de las economías populares rurales, y promover, además, el uso de tecnologías de la información y la comunicación.
En términos de financiamiento, la ley establece que las juventudes rurales tendrán acceso a las garantías del Fondo Agropecuario de Garantías y a líneas especiales de crédito con subsidio de tasas de interés. Se busca, así, romper una de las barreras más importantes que enfrentan los jóvenes: la falta de historial crediticio y de garantías patrimoniales. Se crea, además, un trazador presupuestal específico que permitirá identificar y monitorear las inversiones destinadas a este sector poblacional, con reportes anuales obligatorios ante el Congreso.
La implementación priorizará territorios con programas de desarrollo con enfoque territorial y las zonas más afectadas por el conflicto armado, donde los jóvenes víctimas recibirán atención preferente.
La ministra de Agricultura, Martha Viviana Carvajalino, quien refrendó la ley junto al presidente Petro, señaló que esta normativa representa «un compromiso del Estado colombiano con las nuevas generaciones del campo, reconociendo su papel protagónico en la transformación rural del país». Si bien la ley representa un avance significativo, su éxito dependerá de la efectiva asignación de recursos y de la coordinación entre múltiples entidades.
Las organizaciones campesinas y de juventudes rurales han recibido la normativa con optimismo, al advertir que será fundamental el acompañamiento técnico continuo y la simplificación de trámites para que las oportunidades lleguen efectivamente a los territorios más alejados. Con esta legislación, Colombia intenta garantizar que el futuro del campo esté en manos de sus jóvenes, tras entender que el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la construcción de paz pasan necesariamente por ofrecer condiciones dignas a quienes viven en el campo colombiano.
