Un bloque multipartidista de 28 congresistas radicó este martes 21 de octubre, en el Auditorio Luis Guillermo Vélez, un proyecto de ley que busca derogar el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) (2022-2026) por considerarlo inconstitucional y un riesgo para la autonomía de los territorios, la seguridad jurídica y los derechos de propiedad privada.
La iniciativa legislativa se sustenta en estudios técnicos y jurídicos elaborados por el Instituto de Ciencia Política, ProBogotá Región y la Fundación para el Estado de Derecho. Su argumento central es que la norma, que crea las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), invade competencias que la Constitución Política reserva exclusivamente a los concejos municipales y distritales.
El artículo 32 del PND creó las APPA como una nueva figura de ordenamiento territorial obligatoria para los municipios con el objetivo de proteger suelos de vocación agrícola dentro de la frontera agropecuaria nacional.
Se radica proyecto de ley Foto:Cortesía ICP
Aunque el propósito de la norma era reforzar la seguridad alimentaria y preservar tierras productivas, según ProBogotá, “en la práctica, el artículo 32 impone un esquema de planificación rígido de zonas exclusivas donde el gobierno define qué se cultiva y en qué tierra, lo que restringe el uso del suelo a cualquier otra actividad. La realidad es que esta figura pone en riesgo la autonomía de los territorios: recordemos que la Constitución establece que los consejos municipales y alcaldías son los encargados de definir y reglamentar los usos del suelo, no el Gobierno Nacional“, afirma la entidad.
De acuerdo con los promotores del proyecto, el artículo 32 le permite al Gobierno nacional centralizar decisiones sobre el uso del suelo agrícola, lo que debilita la autonomía municipal consagrada en los artículos 311 y 313 de la Carta Magna. Además, señalan que la disposición fue aprobada mediante una ley ordinaria, a pesar de modificar materias reservadas a la ley orgánica, vulnerando así el mandato del artículo 151 de la Constitución.
El evento se realizó en el Auditorio Luis Guillermo Vélez. Foto:Cortesía ICP
“Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos se están declarando por resoluciones, sin la ley orgánica que exige la Constitución para modificar competencias territoriales”, afirmó María Carolina Castillo, presidente de ProBogotá Región. “El Gobierno nacional está decidiendo qué suelos proteger y lo hace sin pasar por los concejos municipales. Esto rompe la autonomía local y subordina los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) a criterios nacionales que no siempre reflejan la realidad local”, añadió.
La crítica también se centra en la introducción de lo que denominan “conceptos indeterminados” en la normativa. Señalan que figuras como las propias APPA y las “áreas de especial interés” no tienen un alcance ni criterios técnicos definidos, lo que, en su concepto, profundiza la inseguridad jurídica para las autoridades locales y los inversionistas.
Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política, complementó esta perspectiva. “El artículo 32 impone limitaciones arbitrarias al uso del suelo, desconociendo los derechos de propiedad privada y debilitando la seguridad jurídica”, manifestó. “Centralizar estas decisiones en el Gobierno nacional refleja un enfoque intervencionista que ignora la realidad productiva y la diversidad territorial del país”, agrega.
La radicación del proyecto contó con la presencia de alcaldes y concejales de distintas regiones. Foto:Cortesía ICP
El acto de radicación del proyecto contó con la presencia de alcaldes y concejales de distintas regiones, quienes respaldaron la iniciativa durante su intervención. Los mandatarios locales alertaron que las determinaciones nacionales sobre el uso del suelo no solo afectan la gobernabilidad y generan conflictos de competencia, sino que también actúan como un freno para la inversión privada necesaria para el desarrollo.
Desde el escenario, los asistentes coincidieron en que la planeación territorial debe mantenerse como un proceso participativo, técnico y diferenciado, que responda de manera efectiva a las particularidades de cada región.
Para las entidades que respaldan técnicamente la derogatoria, como el Instituto de Ciencia Política y ProBogotá Región, la eliminación del artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo es un paso esencial para restablecer el equilibrio entre la unidad del Estado y la autonomía territorial. Consideran que esta acción fortalecería la seguridad jurídica, protegería el derecho de propiedad privada y restauraría el principio de legalidad y el respeto por las competencias territoriales, pilares que, a su juicio, son fundamentales para un desarrollo sostenible y coherente con el Estado de Derecho en Colombia.
