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Lo que parecía un avance en el complejo proceso de elección del rector de la universidad del atlantico se convirtió nuevamente en un escenario de incertidumbre. Este lunes, Melissa Obregón, delegada de la Presidencia de la República ante el consejo superiorse levantó de la mesa y abandonó la sesión junto a representantes de los profesores, denunciando públicamente un presunto prevaricato por parte del órgano colegiado.
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La funcionaria expresó su “más profunda protestar” ante los medios de comunicación que esperaban atentamente en el piso once de la Gobernación, sede habitual de las reuniones del Consejo. “El Gobierno Nacional, en conjunto con la representación de profesores, nos salimos porque están pasando por encima de una orden conminatoria del Ministerio de Educación Nacional”, declaró Obregón, visiblemente molesta.
El Ministerio exigía abstenerse de votar con respecto a las recusaciones. Foto:cortesia
La orden conminatoria a la que hace referencia la delegada Melissa Obregón fue emitida por el Ministerio de Educación Nacional en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, amparadas en la Ley 1740 de 2014. En ella, se instruyó al Consejo Superior de la universidad del atlantico a abstenerse de votar cualquier punto relacionado con recusaciones o designaciones mientras no se resolvieran las objeciones Legal en curso.
El Ministerio advirtió que continuar con el proceso sin atender estas recusaciones podría comprometer la validez del procedimientovulnerar el principio de legalidad y afectar la neutralidad institucional. Además, recordó que el incumplimiento de esta orden podría acarrear sanciones administrativas y multas sucesivas de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La orden del Ministerio exigía abstenerse de votar dos puntos clave: el relacionado con las recusaciones contra varios miembros del Consejo y el que contempla la designación del nuevo rector. Según Obregón, ignorar esa directriz constituye una violación de la ley. “Eso es absolutamente ilegal. Están pasando por encima de lo que aparece en el Sepad. El Gobierno Nacional va a hacer todo lo que tenga que hacer en términos legales para que esa decisión se declare nula”, advirtió.
Aglomeraciones, caos y disputas han sido el símbolo de esta elección de rector. Foto:cortesia
Un proceso que se destraba y se vuelve a enredar
Este nuevo episodio se suma a una cadena de tensiones que han marcado el proceso de elección del rector. Hace apenas unos días, la Procuraduría General de la Nación había resuelto las objeciones contra el Procurador Regional, habilitando al Procurador Provincial para continuar con el trámite de las recusaciones. La decisión fue celebrada por el gobernador Eduardo Verano, presidente del Consejo Superior, quien aseguró que “Eso nos permite avanzar con tranquilidad y garantizar que no se cometa ningún error o vicio de ilegalidad.”.
La Universidad estimó que el pronunciamiento sobre las recusaciones tomaría unos diez días hábiles, lo que abriría la posibilidad de retomar el proceso con garantias. Sin embargo, la falta de respuesta de la institución al requerimiento del Ministerio —que solicitó las razones jurídicas y fácticas por las cuales se habilitó a uno de los candidatos— ha vuelto a encender las alarmas.
El proceso ha estado marcado por recusaciones contra varios miembros del Consejo Superior, incluyendo al gobernador Verano, Miguel Antonio Caro (representante de las directivas académicas), Angely Díaz Cordero (representante estudiantil)entre otros. Todos ellos votan a favor de la reforma estatutaria que permite la reelección inmediata del rector, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como un conflicto de intereses.
La crisis institucional también ha tenido manifestaciones violentas. El 14 de octubre, encapuchados protagonizaron actos vandálicos en la sede norte de la universidad, quemando pendones de candidatos, atacando oficinas administrativas y ocupando espacios estratégicos. La Vicerrectoría de Investigación, liderada por Miguel Caro, fue blanco de grafitis y daños materiales.
Josefa Cassiani, rectora encargada universidad del Atlántico Foto:cortesia
El intento más reciente por restablecer el diálogo con la comunidad estudiantil ocurrió el 16 de octubre, cuando Josefa Cassianirectora encargada, convocó una mesa de trabajo con los distintos estamentos universitarios. El encuentro terminó en enfrentamientosingreso forzado al recinto, agresiones al personal de seguridad y suspensión de la jornada.
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La Universidad del Atlántico cuenta con un presupuesto anual cercano a los 574.000 millones de pesos y se encuentra en un momento decisivo y tensionante. La elección del rector no solo definirá el rumbo académico de la institución, sino también su papel en el debate público y político del Caribe colombiano.
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