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El Centro de Estudios Económicos de Colombia (ANIF) informó que la ejecución presupuestal de la inversión pública en Colombia alcanzó apenas el 41,1 por ciento entre enero y septiembre de este año, un nivel considerablemente inferior al 63,2 por ciento registrado en los rubros de funcionamiento y servicio de la deuda.
El informe de ANIF también destaca que el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 fue aprobado por el Congreso por un monto de 546,9 billones, lo que representa una reducción de 10 billones frente a la propuesta inicial del Gobierno. Este ajuste fue producto de consensos en el debate legislativo, tras el cual se distribuyeron 358,1 billones a funcionamiento, 100,4 billones al servicio de la deuda y 88,4 billones a inversión. Frente al presupuesto no aprobado, esto implica reducciones de 7,6 billones, 2 billones y 0,4 billones respectivamente.
Entre las entidades con mayores recortes figuran el Ministerio de Hacienda (2,7 billones), el Ministerio de Trabajo (2,6 billones), Prosperidad Social y el Servicio de la Deuda Pública Nacional (2 billones cada uno), y el Ministerio de Educación (1,5 billones). En contraste, las universidades públicas obtuvieron un incremento de 1,5 billones, seguidas por la Procuraduría General de la Nación (0,6 billones), la Presidencia (0,23 billones) e Invías (0,2 billones).
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, en el debate del Presupuesto del 2026. Foto:Cámara de Representantes
A pesar de los ajustes, el presupuesto aprobado mantiene un déficit de financiación de 16,3 billones, recursos que el Gobierno espera obtener mediante la Ley de Financiamiento que será debatida en los próximos días en el Congreso. No obstante, ANIF considera que dicha iniciativa difícilmente será aprobada, pues “no parece responder a la realidad fiscal del país”.
En total, la ejecución presupuestal del país asciende a 58,7 por ciento, superior al 54,2 por ciento del mismo periodo de 2024. Sin embargo, el rezago en la inversión pública se mantiene como un factor que limita la materialización de las metas de crecimiento y desarrollo.
En materia de ingresos, a agosto de 2025 el recaudo tributario se ubica 7,7 billones por debajo de la meta de la DIAN. Para alcanzar el objetivo anual de 305,5 billones, el país debería recaudar 108,2 billones entre septiembre y diciembre, una meta que ANIF califica de “retadora”, considerando que en el mismo periodo de 2024 se recaudaron 88,4 billones.
Pese a un leve repunte frente al 35,6 por ciento de ejecución observado en 2024, el avance continúa siendo bajo y evidencia las dificultades del Gobierno para concretar proyectos de inversión. De los 83,9 billones apropiados, solo se han obligado 34,4 billones, mientras que los sectores con menor avance son transporte (31 %), registraduría (32,4 %), deporte y recreación (37,6 %), agricultura, interior y planeación (38,4 %). En contraste, salud (71,3 %), educación (70,7 %) y ciencia y tecnología (67 %) muestran los mayores niveles de ejecución.
A pesar de los ajustes, el presupuesto aprobado mantiene un déficit de financiación de 16,3 billones Foto:Presupuesto
El gremio reiteró la necesidad de una reforma tributaria integral orientada a resolver las inflexibilidades del gasto y mejorar la eficiencia del sistema tributario. “Una reforma trbutaria que busca gravar más a las mismas personas y que sigue sobrecargando a los mismos sectores económicos no es la solución para los problemas fiscales que enfrenta el país”.
El comnunicado también indica que “una reforma tributaria factible y sostenible debería enfocarse en ampliar la base gravable del impuesto de renta, replantear el esquema del IVA e incentivar la inversión”, señala el informe.
El informe advierte además sobre los riesgos de recurrir a mayor endeudamiento si la Ley de Financiamiento no se aprueba, dado que el nivel de deuda pública ya alcanza el 61,5 por ciento del PIB, ligeramente por encima de la meta de 61,3 por ciento establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025.
Debate del Presupuesto en las Comisiones Conjuntas de Cámara y Senado. Foto:Prensa – Cámara de representantes
Otro aspecto que preocupa a ANIF es el incremento del rezago presupuestal, es decir, los compromisos que no se ejecutan en la vigencia correspondiente. En 2023 alcanzó 34,9 billones (8,6 % del PGN de 2023), mientras que en 2024 subió a 62,8 billones (12,5 % del PGN de 2024). Para 2026, las estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) proyectan que este rezago podría situarse entre 35 y 55 billones, “lo que reduciría aún más el margen de maniobra al Gobierno para la inversión dadas las felxibilidades del gasto y la sobreestimación de ingresos.
De mantenerse este escenario, ANIF considera que la próxima administración deberá realizar un recorte importante del gasto público para cumplir con las metas fiscales y retornar a la regla fiscal. El centro de estudios concluye que el PGN 2026, al igual que en años anteriores, se basa en sobreestimaciones de ingresos y gastos inflexibles, lo que “pone en riesgo la sostenibilidad fiscal del país” y limita el espacio para atender las necesidades de inversión.
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