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Una red de corrupcion judicial que operaba desde el interior del sistema penal colombiano fue desmantelada este lunes 27 de octubre en Barranquilla. La Fiscalía General de la Naciónen coordinación con el área anticorrupción de la Dijín, capturó a tres personas señaladas de extorsionar a funcionarios públicos y manipular procesos judiciales mediante el uso indebido de información reservada.
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Entre los detenidos figuran Margarita Viviana Bula Trujilloexcoordinadora del CTI en Barranquilla; Abraham Elías Muñoz Guerrahijo de la reconocida fiscal Betzaida Guerra Martínez; y Yarin Ernesto Pareja Marimóninvestigador activo del CTI. Las autoridades los señalan como presuntos integrantes de una estructura que habría utilizado su acceso privilegiado a bases de datos judiciales para extorsionar a personas de alto perfil.
El caso que destapó el entramado
La investigación se remonta a julio de 2024, cuando agentes del CTI realizaron diligencias judiciales en la Alcaldía de Sitionuevo, Magdalena. Según el expediente, las órdenes de policía judicial que justificaron los allanamientos eran falsas. Con ellas, los funcionarios accedieron a información contractual de la administración municipal.
Margarita Bula Trujillo, excoordinadora del CTI en Barranquilla. Foto:policia nacional
Semanas después, esa información fue utilizada para presionar al alcalde Alfredo Navarro Manga, a quien le exigieron 140 millones de pesos a cambio de no continuar con un proceso judicial por presunta corrupción en la contratación pública. El supuesto agente corruptor en esta operación fue Abraham Muñoz Guerra, hijo de la fiscal Guerra, quien habría accionado en confabulación con los otros dos capturados.
La fiscal Guerra no ha sido vinculada formalmente al proceso, pero su nombre aparece en el radar de los investigadores. Reconocida por haber liderado casos de alto impacto como el de la Universidad Metropolitana y el del excontralor Jesús Acevedo, Guerra tomó decisiones que favorecieron a los investigados en ambos procesos.
Ahora, se realiza una auditoría al Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) bajo su manejo, para determinar si accedió irregularmente a estados judiciales de miembros de organizaciones criminales como Los Costeñosuna de las estructuras delictivas más poderosas del Caribe colombiano.
En suma, hay una serie de investigaciones que buscan revelar presuntos vínculos entre funcionarios judiciales y la organización criminal Los Costeños. En septiembre del presente año, el juez José de Jesús Vergara Otero. fue condenado a siete años de prisión por haber otorgado de forma irregular la detención domiciliaria a Juan Carlos Romero Gómez, alias ‘JK’señalada cabecilla de esa banda.
Los capturados serán imputados por concusión y falsedad en documento público. Foto:Foto: Jesús Blanquicet
El Tribunal Superior de Barranquilla calificó su actuación como “unilateral, sesgada y sin fundamento jurídico válido”y advirtió que decisiones como esta favorecen a estructuras criminales activas en la región. Otro expediente, revelado por la Fiscalía, señala al juez José Sastoque por haber beneficiado con casa por cárcel a sicarios de Los Costeños, incluyendo al venezolano Jeremy Colmenares, alias Jeremy, implicado en la masacre de las flores. La Unidad Anticorrupción de la Dijín calificó sus decisiones como “amañadas y caprichosas”orientadas a proteger a cabecillas del crimen organizado.
Delitos imputados y avance del proceso
Los tres capturados serán imputados por los delitos de concusión, falsedad en documento público, acceso abusivo a sistemas informáticos y asociación para cometer delitos contra la administración pública. Las audiencias preliminares están programadas para las próximas horas.
Fuentes cercanas al caso aseguran que estas capturas son apenas el inicio de un macroproceso por corrupción judicial que podría involucrar a más funcionarios del sistema penal en la región Caribe. La Fiscalía no descarta nuevas órdenes de captura ni la vinculación de otros actores institucionales.
Abraham Elías Muñoz, hijo de la reconocida fiscal Betzaida Guerra Martínez. Foto:policia nacional
El caso ha generado conmoción en Barranquilla y en los círculos judiciales del país. La participación de funcionarios del CTI y el vínculo familiar con una fiscal de alto perfil tiene en entredicho los controles internos de la Fiscalía General y la vulnerabilidad del sistema frente a intereses particulares.
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Expertos en derecho penal señalan que este tipo de entramados no solo afecta la imagen institucionalsino que pueden tener repercusiones graves en procesos judiciales en curso, especialmente aquellos relacionados con corrupción administrativa y crimen organizado.
La Fiscalía ha anunciado que reforzará los protocolos de acceso a información reservada y que se revisarán los procedimientos de inspección judicial en todo el país. Además, adelantaron que se evaluara la creación de una unidad especializada en inteligencia judicial para prevenir este tipo de abusos.
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