[ad_1]
el Gobierno Nacional decidió prolongar por dos años el régimen tarifario transitorio especial para la región Caribe, una medida que busca garantizar la estabilidad financiera de las empresas operadoras del servicio de energíapero que ha despertado críticas entre expertos y usuarios por el impacto que podría tener en la infraestructura eléctrica más rezagada del país.
LEA TAMBIÉN
La decisión quedó plasmada en la Resolución 4505expedida por el Ministerio de Minas y Energía, que mantiene el esquema tarifario implementado tras la salida de Electricaribe y la llegada de nuevos operadores como Air-e y Afinia. Según la cartera, el objetivo es que las compañías dispongan de los recursos provenientes de los planes de inversión y reducción de pérdidas para aliviar su situación financiera y asegurar la continuidad del servicio.
“Con esta medida buscamos evitar un riesgo sistémico en el mercado eléctrico y garantizar que las empresas mantengan los ingresos necesarios para desarrollar sus actividades de comercialización y mantenimiento”, explicó Karen Schutt, viceministra de Minas y Energía. La funcionaria insistió en que la estabilidad financiera es clave para asegurar una servicio eficiente y confiable en la región.
El gobierno argumenta que quiere evitar un riesgo sistémico. Foto:cortesia
La resolución también encarga a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) la expedición de normas complementarias que permitan proteger a los usuarios y estabilizar a los operadores. El plazo de vigencia será de dos años, tiempo durante el cual las empresas podrán reorganizar sus finanzas y Adoptar medidas para viabilizar inversiones.
Críticas y preocupaciones
La reacción no se hizo esperar. Paraca Norman Alarcóncoordinador de la Liga de Usuarios de la región Caribe, la decisión es “contraproducente”, pues aplaza inversiones urgentes en una zona donde la infraestructura eléctrica es la más obsoleta del país. “Dentro de dos años estaremos todavía peor en infraestructura que hoy día, que estamos muy mal”, advirtió.
En la misma línea, el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta calificó la resolución como “un verdadero galimatías”, señalando que mantiene el cobro de la opción tarifaria, un mecanismo que permite diferir el pago de saldos acumulados por los usuarios. Acosta cuestionó que, mientras el proyecto de ley de Regulación Justa y democratización del Sector Energético propone que esa deuda la asuman los estratos altos y los no regulados, la resolución prolonga un esquema que afecta a los hogares más vulnerables.
Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía y expresidente del Senado de la República. Foto:Claudio Rubio. Archivo EL TIEMPO
Analistas del sector advierten que la medida reduce los incentivos para invertir en mantenimiento y expansión de redes, lo que podría generar rezagos y afectar la calidad del servicio en el mediano plazo. “Se privilegia la liquidez sobre la modernización, y eso puede traducirse en más apagones y pérdidas técnicas.”, señaló un consultor energético.
El dilema financiero
El Gobierno argumenta que la decisión responde a una realidad compleja: las empresas enfrentan deudas superiores a $6,2 billonesincluyendo subsidios pendientes y saldos de la opción tarifaria. Para aliviar esa carga, se han implementado mecanismos como la cesión de derechos de subsidios a través de lFinanciera de Desarrollo Nacionalque ya anticipó recursos por más de $66.000 millones a Air-e y $100.000 millones a Afinia.
Sin embargo, la pregunta que persiste es la de cómo garantizar que la estabilidad financiera no se traduzca en un deterioro mayor de la infraestructura. La región Caribe arrastra décadas de rezago en redes eléctricastransformadores y sistemas de distribución, lo que ha derivado en altos índices de pérdidas técnicas y comerciales, además de frecuentes interrupciones del servicio.
Contexto: Air-e y el reto en la Costa
Air-e consideró la operación del servicio eléctrico en Atlántico, Magdalena y La Guajira en octubre de 2020, tras la liquidación de Electricaribe. Desde entonces, la empresa se ha enfrentado al desafío de reducir las pérdidas que superaban el 25% y modernizar una infraestructura con más de 40 años de antigüedad.
La defraudación de fluidos es un problema estructural grave que acarrea la empresa. Foto:cortesia
La compañía anunció planes de inversión por $2,6 billones a diez años, enfocados en renovación de redes, instalación de medidores inteligentes y fortalecimiento de subestaciones. No obstante, la falta de recursos y la dependencia de mecanismos tarifarios transitorios han ralentizado la ejecución.
LEA TAMBIÉN
Hoy, Air-e atiende a más de 1,3 millones de usuarios en la región, donde persisten problemas estructurales: redes saturadas, transformadores obsoletos y altos niveles de daño de energía. La ampliación del régimen tarifario busca darle oxígeno financiero, pero expertos advierten que, sin inversiones inmediatas, la Costa podría enfrentar un escenario crítico en materia de calidad y continuidad del servicio.
También te puede interesar:
Carlos III retirará todos los títulos y honores a su hermano Foto:
[ad_2]
