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La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortizlanzó este miércoles un llamado urgente al Gobierno nacional para que esclarezca el alcance del proceso de diálogo entre las estructuras criminales. ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’que desde principios de octubre han declarado una tregua en la ciudad y su área metropolitana.
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Desde Barranquilla, Marín reconoció una reducción en los hechos de violencia letalpero advirtió que el país no puede permitir que estos acercamientos se conviertan en acuerdos provisionales para la distribución de economías ilícitas.
Alias Castor Y Digno Palomino en pleno proceso de paz. Foto:El Tiempo
“Nosotros tenemos información sobre la tregua que se hizo a principios de octubre y se ha visto una reducción de hechos de violencia letal en la ciudad. Esto es positivo. Sin embargo, también hemos pedido al Gobierno algunas claridades respecto de cuál es el ámbito de estas conversaciones, para Evite que estos diálogos sean sencillamente como unos acuerdos provisionales. de distribución de las economías ilícitas, sin que conduzcan realmente a un desescalamiento de las violencias más estructurales”, expresó Marín Ortiz en un encuentro con medios de comunicación, tras la presentación del ‘Informe Defensorial de Salud 2025’.
Un proceso en marcha
El proceso de paz urbana entre ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ ha sido respaldado por la Consejería Comisionada de Paz como parte de la estrategia de “Paz Total”. Según cifras oficiales, en el primer mes de tregua se registró una disminución del 57% en homicidios84% en extorsiones y más del 60% en hurtos a comercio en Barranquilla.
Sin embargo, expertos y organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz han advertido que aún no existe una mesa formal de negociación, y que los acercamientos podrían estar sustentados más en pactos entre mandos medios que en una voluntad real de desmovilización.
Las declaraciones se dieron en el marco del ‘Informe Defensorial de Salud 2025’. Foto:defensa del pueblo
La Defensoría del Pueblo ha insistido en que cualquier proceso de conversación debe estar centrado en los derechos de las víctimas, y que se requiere una respuesta institucional articulada que incluye medidas de prevención, protección y justicia.
“Generalmente recomendamos el uso persuasivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y de Policía, pero también es importante la coordinacion de la respuesta institucional a través de medidas de prevención más generales relacionadas, por ejemplo, con la administración de justicia, la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables”, agregó Marín Ortiz.
¿Laboratorio de paz o zona de riesgo transnacional?
La ciudad de Barranquilla ha sido epicentro de múltiples iniciativas de paz urbana, incluyendo mesas ciudadanas con jóvenes, mujeres y líderes sociales, y encuentros con autoridades locales para territorializar el proceso. Sin embargo, la Defensoría advierte que el contexto criminal en el Atlántico es complejo y va más allá de las estructuras locales.
“En el departamento del Atlántico lo que vemos es una presencia más bien dominante del Clan del Golfoel autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, pero también grupos de criminalidad organizada, no solo nacionales sino también de carácter internacional como el cartel del Sinaloa, el cartel de los Balcanes y el Tren de Aragua”, señaló la defensora.
Alias ’Castor’ y Digno Palomino firmaron en La Picota una declaración de tregua hasta enero de 2026. Foto:Captura de pantalla
Esta presencia transnacional se ha evidenciado en operaciones de microtráfico, extorsión y salida internacional de mercancías ilegales desde puertos del Caribe colombiano. La Defensoría ha documentado cómo estas economías ilícitas se entrelazan con dinámicas locales de violencia, lo que representa un desafío adicional para cualquier intento de pacificación.
Alertas tempranas vigentes en el Atlántico
Como parte de su labor preventiva, la Defensoría del Pueblo recordó que mantiene activas varias alertas tempranas en el departamento del Atlántico y la región Caribe. Estas alertas buscan publicidad sobre riesgos para la población civil en zonas con alta presencia de grupos armados ilegales y estructuras criminales.
Entre las alertas vigentes se encuentran:
- Alerta 029-2022: para los municipios de Baranoa, Luruaco, Polonuevo, Repelón y Sabanagrande.
- Alerta 022-2023: para Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Soledad.
- Dos alertas nacionales, incluyendo una de carácter electoral.
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Estas advertencias son la persistencia de factores de riesgo en zonas urbanas y rurales del Atlántico, donde la disputa por el control territorial y las economías ilegales sigue latente. En ese sentido, el pronunciamiento de Iris Marín Ortiz se suma a la creciente preocupacion por la forma en que se están desarrollando los Procesos de paz urbana en Colombia.
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