De acuerdo con el informe Perspectivas Económicas de América Latina 2025 de la OCDE, Colombia se sitúa en la sexta posición entre las naciones de la región con la mayor cantidad de hogares cuyos ingresos provienen exclusivamente de actividades informales.
En esa evaluación, más de la mitad de la fuerza laboral latinoamericana depende total o parcialmente de la informalidad, lo que disminuye la productividad y complica la recolección de impuestos.
El informe enfatiza que las transiciones del empleo informal a trabajos formales son especialmente escasas, lo que indica que la informalidad no actúa como un paso previo hacia mejores ocupaciones, sino como un estado persistente donde la movilidad laboral ascendente es restringida.
Esto se traduce en baja productividad agregada, menores ganancias para los hogares y limitaciones para financiar el sistema de protección social.
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El informe revela que Honduras, Bolivia, Nicaragua, Guatemala y Perú lideran la lista de países donde en los hogares cuyos ingresos dependen completamente de empleos informales.
Desde la Organización Internacional del Trabajo, su director general Gilbert F. Houngbo indicó que, aunque América Latina ha recuperado los niveles de empleo previos a la pandemia, la calidad de los empleos no ha progresado. “La informalidad no debe ser considerada como una realidad inevitable del mercado laboral, sino como un reflejo de la falta de protección social sólida, políticas de transición justa y mecanismos efectivos de formalización”.
Asimismo, José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL, advirtió que América Latina enfrenta una “trampa de bajo crecimiento” vinculada al estancamiento de la productividad laboral por más de una década.
En estas situaciones, predomina una estructura económica centrada en el autoempleo, la agricultura de pequeña escala, el comercio minorista y servicios de baja productividad.
Por otro lado, los niveles más bajos se observan en Bahamas, Uruguay, Chile, Brasil y Costa Rica. Estos países combinan mercados laborales más sólidos, mayor cobertura de seguridad social y políticas públicas que fomentan la formalización, especialmente para los pequeños negocios.
El informe sostiene que reducir la informalidad no puede ser encarada únicamente con reformas laborales o acciones de fiscalización.
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En este contexto, Colombia es reconocida por la OCDE como uno de los países que ha implementado una estrategia territorial de transformación productiva a través de los Centros Zasca, centros de reindustrialización territorial.
Los Centros Zasca operan en 26 departamentos. Su propósito no es solo capacitar, sino facilitar la mejora directa de los procesos productivos, la calidad de los productos elaborados y la habilidad de insertarse en cadenas de valor regionales.
Esto indica que la política industrial no se define exclusivamente desde los ministerios, sino que se implementa en los lugares donde las actividades económicas tienen lugar, aunque a pequeña escala.
Desde un enfoque estratégico, el informe concluye que una reindustrialización verde e inclusiva en Colombia solo será factible si se logra integrar a los trabajadores informales a sectores de mayor productividad.
La informalidad laboral se manifiesta como un síntoma de baja productividad
Durante el Congreso Empresarial de la ANDI en agosto de este año, el director de Comfama, David Escobar, presentó un informe que utiliza la base de datos de la seguridad social en Antioquia. En dicho informe, se evidenció que aproximadamente 3,1 millones de personas; un poco más de 2 millones son formales y 1 millón se encuentra en la informalidad.
Con información de La República
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