En 2025, América Latina se halla en medio de un veloz proceso de envejecimiento demográfico que va de la mano de una baja cobertura de pensiones y elevadas tasas de informalidad. Este escenario ha impulsado a diversos países de la región a implementar programas concretos para prolongar la vida laboral de los adultos mayores (AM). Sin embargo, de acuerdo al informe ‘Una primera revisión de los programas de empleabilidad para adultos mayores en América Latina’, elaborado por Stefano Farné para el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (Ciess), las iniciativas actuales “continúan siendo embrionarias y con acceso restringido”.
La investigación señala un problema estructural que restringe el impacto de estas políticas: la informalidad en el empleo. Según los datos expuestos en el informe, la tasa de informalidad en personas de 65 años o más en los países latinoamericanos supera frecuentemente el 70 por ciento.
En la región, las tasas más elevadas de informalidad entre los mayores de 65 años corresponden a Bolivia (93,9 % en 2023), Honduras (92,2 % en 2017), Colombia (84 % en 2024), Panamá y Perú con un 83,7 por ciento en 2024, Ecuador (84,3 % en 2024), Paraguay (83,3 % en 2024) y México (79,9 % en 2024).
Barranquilla lidera la disminución de informalidad laboral en Colombia. Cayó a 54 % en 2025. Foto:Archivo El Tiempo.
Según los datos mostrados en el informe, la medición abarca 14 naciones de América Latina, donde la mayoría muestra tasas superiores al 60 por ciento, en contraste con economías desarrolladas como Islandia (5,5 % en 2019), España (4,8 % en 2023), Italia (4,3 % en 2023) y Suiza (2,3 % en 2022). Esta diferencia ejemplifica la distancia estructural que separa los sistemas laborales latinoamericanos de los modelos formales y protegidos de las economías avanzadas.
El documento también señala que las tasas de ocupación de las personas de 65 años y más son notablemente más altas en América Latina que en los países desarrollados: Bolivia (58,2 %), Perú (41,8 %), Ecuador (37,5 %), Paraguay (34,7 %) y Colombia (23,8 %). Islandia, en cambio, registra 22,1 por ciento, Dinamarca (12,7 %), Alemania (9,4 %), Finlandia (9,3 %), Italia (5,5 %) y Francia (4,3 %). Esto indica que la alta participación laboral de los mayores en América Latina no se debe necesariamente a mejores oportunidades de empleo formal, sino a la necesidad de generar ingresos en ausencia de una pensión o cobertura social adecuada.
Este panorama refleja que el reto de las políticas públicas no se limita a extender la vida laboral, sino a garantizar que los AM trabajen en el sector formal y en condiciones protegidas.
La informalidad en Colombia supera a los vendedores ambulantes que se observan en las calles. Foto:Néstor Gómez. El Tiempo
Farné afirma que la alta informalidad y la insuficiencia …
de los sistemas de pensiones obligan a numerosas personas mayores a seguir laborando, generalmente, por necesidad financiera y no por decisión. “El reto en las políticas de los países latinoamericanos no consiste solamente en que las PAM trabajen más años, sino en que lo hagan en el sector formal”, enfatiza. En este contexto, el documento propone fortalecer los estímulos fiscales para las empresas, reservar puestos laborales de menor exigencia física y promover modalidades flexibles de contratación ajustadas a las condiciones de salud y preferencias de los adultos mayores.
El informe igualmente sugiere impulsar programas de formación tecnológica y aprendizaje continuo que mantengan la productividad y competitividad de las PAM. Además, señala que la discriminación por edad (edadismo) sigue siendo un importante obstáculo en la región.
Aunque algunas naciones, como Colombia y México, poseen normativa antidiscriminatoria, su supervisión y cumplimiento son escasos. El autor resalta la urgencia de campañas empresariales y mediáticas que destaquen las ventajas de equipos de trabajo multigeneracionales.
El panorama de la informalidad prevalece en Colombia. Foto:Jhon Jairo Bonilla
Iniciativas y programas para las PAM
Según el reciente análisis del director del Observatorio del Mercado de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia, Stefano Farné, los países examinados —Chile, Colombia, México, Perú, República Dominicana y Uruguay— han implementado incentivos fiscales, subsidios o programas de capacitación para fomentar la inclusión laboral de las PAM. Sin embargo, a excepción del programa mexicano de Vinculación Productiva, que opera desde 2013, “los otros programas han estado en ejecución por no más de seis años, y sus beneficiarios se cuentan, en el mejor de los casos, en miles de personas”, aclara Farné.
En Colombia, la Ley 2040 de 2020 intenta estimular la contratación de adultos mayores que hayan alcanzado la edad de jubilación —62 años para hombres y 57 para mujeres— y que no sean recibiendo una pensión.
La norma permite a las empresas que contraten adultos mayores en al menos el 2,5 por ciento de su plantilla deducir el 120 por ciento del valor de los salarios y beneficios sociales en el impuesto sobre la renta, siempre que la contratación se mantenga durante un año completo. Este beneficio fiscal representa un descuento suplementario del 20 por ciento en comparación con lo permitido por la normativa general.
La población mayor en Bogotá ya supera el millón de personas activas en el mercado laboral, según ODEB. Foto:Secretaría de Desarrollo Económico.
El informe especifica que entre 2023 y agosto de 2025, el Ministerio del Trabajo ha acreditado 17 empresas por cumplir los criterios de esta ley. Además, se han concedido 21 Sellos Amigables Adulto Mayor, un reconocimiento que se otorga tras comprobar que las condiciones laborales son apropiadas para las PAM. Sin embargo, a pesar de estas iniciativas, la cobertura sigue siendo limitada. “Los beneficiarios se cuentan por miles”, señala Farné, resaltando que el impacto de estas políticas continúa siendo marginal frente al tamaño de la población envejecida.
Colombia también
implementó el proyecto Crea Empleo, que proporciona una ayuda económica equivalente al 25 por ciento del salario mínimo (aproximadamente 87 dólares) por cada contratación adicional de individuos mayores de 50 años, por un tiempo máximo de seis meses. Simultáneamente, se plantea el programa de Último Empleo, orientado a impulsar el acceso y la permanencia laboral de mujeres mayores de 50 años y hombres que superan los 55 años, aunque su normativa aún está en espera.
El documento también destaca la función de la Fundación 101 ideas, que lidera el modelo “Age-Neutral” y la certificación ‘Certified Age Friendly Employer’ (Cafe), o ‘Empleador Amigable con las Personas Mayores’, iniciativas que fomentan ambientes laborales intergeneracionales y libres de discriminación por edad. Hasta el momento, solo dos empresas colombianas han conseguido la certificación Cafe.
Los adultos y mayores encabezan el crecimiento en sectores clave. Foto:Archivo particular
En el ámbito regional, otros países progresan con diversas estrategias. En Chile, el programa Experiencia Mayor subsidia hasta el 60 por ciento del salario mínimo (entre 252 y 338 dólares dependiendo de la edad del beneficiario) la contratación de individuos mayores de 50 años, durante los primeros seis meses del contrato, “que puede renovarse por hasta seis meses más”, en cuyo caso, “durante los meses posteriores al primer semestre, la bonificación es del 20 por ciento (aproximadamente de 84 a 113 dólares dependiendo de la edad del beneficiario)”. Entre 2019 y 2024, 3.632 individuos se beneficiaron de este esquema.
En Perú, la iniciativa Becas Generación Plateada ofrece 100.000 becas desde 2023 para formar a las personas adultas mayores que se inscriban en el programa en competencias digitales y gestión del cambio. En Uruguay, los programas Subsidio temporal para la contratación de empleados mayores de 45 años y Trabajo protegido brindaron entre 2021 y 2024 apoyo a 533 y 476 personas respectivamente. Por su parte, República Dominicana promueve Pasantes con Sabiduría, que incluye en su plantilla a adultos mayores desempleados, alcanzando 259 beneficiarios hasta el primer trimestre de 2025.
Las iniciativas de empleabilidad para personas adultas mayores en América Latina representan comienzos prometedores, pero aún carecen de escala y eficacia. “La región necesita políticas integrales que unan incentivos fiscales, programas de formación, campañas de concienciación y medidas contra la informalidad”. Solo así, advierte Farné, se podrá asegurar que la creciente población mayor participe activamente en el mercado laboral con condiciones justas y sostenibles.
