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El Ministerio de Transporte ha decidido prorrogar por seis meses adicionales la suspensión del cobro del peaje Papiros, localizado en Puerto Colombia, Atlántico.
Esta acción, que será oficializada en los días venideros mediante resolución comenzará a aplicarse el 12 de noviembre y volverá a beneficiar a los vehículos de categorías 1 y 2.
Se trata de la tercera extensión desde que el Gobierno detuvo el cobro para atender las repetidas solicitudes de la comunidad y de las autoridades locales, que argumentan que la caseta interfiere en la movilidad y la economía del municipio.
El peaje Papiros, situado entre Barranquilla y Puerto Colombia. Foto:ANI
Mientras tanto, los vehículos de categorías 4, 5, 6 y 7 seguirán pagando tarifas diferenciadas conforme a las condiciones estipuladas en el contrato de concesión con la empresa Costera Cartagena Barranquilla SAS, responsable de la operación.
Un futuro incierto para el peaje
El destino del peaje Papiros continúa indefinido. La Gobernación del Atlántico y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) no lograron alcanzar un convenio para que la entidad departamental asuma la gestión del tramo donde se sitúa la caseta.
El alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, enfatizó que el peaje representa un impedimento para el progreso de la zona. “Siempre hemos estado en desacuerdo con su existencia. Esta tarifa detiene el avance de Puerto Colombia y afecta la seguridad de quienes circulan a diario por esa ruta”, afirmó.
De acuerdo con el mandatario, la operación de esta caseta pone en riesgo la seguridad vial de los usuarios que transitan cotidianamente por el área. “Nuestra postura ha sido invariable: oponernos a la existencia de esta caseta y su cobro dado que no solo va en contra del desarrollo de Puerto Colombia, sino que también afecta la movilidad y seguridad de quienes diariamente se desplazan por allí”, expresó Cedeño.
El alcalde también cuestionó los argumentos técnicos presentados por la ANI, señalando que no han sido persuasivos en relación a los riesgos que conlleva mantener la caseta activa. “Durante las reuniones técnicas de trabajo desde la Gobernación del Atlántico, la comunidad y otros actores, se ha evidenciado el riesgo que representa esta caseta”, añadió.
La Gobernación sostiene su propuesta
Según la ANI, la Gobernación no demostró la disponibilidad de fondos para cubrir los costos de inversión pendientes (CAPEX) ni los gastos operativos (OPEX) aún por llevar a cabo. Por su parte, la administración departamental acusó a la ANI de no cumplir con compromisos anteriores, entre los que se incluye asumir la compensación al concesionario.
Eduardo Verano, gobernador del Atlántico. Foto:Gobernación del Atlántico
Durante una mesa de negociación celebrada en septiembre de 2024, la ANI sugirió que la Gobernación se encargara del mantenimiento de un tramo de 12 kilómetros de vía entre la Circunvalar y Puerto Colombia, como un paso previo para la eliminación del peaje. La Asamblea Departamental aprobó un acuerdo de vigencias futuras para respaldar esa operación, y se firmó un acta con la ANI en la que se estipulaba
la determinación de avanzar en un acuerdo interadministrativo.
No obstante, la reciente postura de la ANI contradice lo convenido, según la Gobernación. “Cada vez que se produce un cambio en la presidencia de la ANI o en el ministro de Transporte, se ignoran los pactos y se inicia desde cero. Eso afecta la confianza legítima y debilita la relación entre el Gobierno Nacional y los territorios”, advirtió el gobernador. Eduardo Verano.
La caseta de peaje Papiros ha sido objeto de debate durante varios años, especialmente por su localización en una zona urbana y residencial. Residentes de Puerto Colombia han manifestado en numerosas ocasiones que el peaje perjudica su calidad de vida, incrementa el costo de la movilidad diaria y restringe el acceso a servicios básicos y oportunidades laborales en Barranquilla y otras áreas del área metropolitana.
Por el momento, el peaje seguirá bajo la gestión de la Concesión Costera mientras el Gobierno Nacional considera una solución definitiva al conflicto que por años ha enfrentado a las comunidades de la zona metropolitana con la concesionaria y las autoridades viales.
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