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El Gobierno Nacional no desembolsó en junio los 492 mil millones de pesos acordados con la concesionaria Ecosistemas del Dique SAS, compuesta por SacyrColombia por concepto de las labores realizadas en la primera etapa del proyecto de restauración ambiental del Canal del Dique.
Las responsabilidades corresponden a tareas de dragado, mantenimiento y acciones ambientales y sociales ejecutadas por el contratista, conforme a las condiciones del acuerdo. Con los intereses de demora, la deuda se eleva ya a 508 mil millones de pesos, una cifra que pone en peligro la continuidad del gran proyecto.
La ausencia del desembolso ha suscitado inquietud en las comunidades del sur del Atlántico, donde existe temor por una posible suspensión temporal de las obras por un periodo de al menos 20 días mientras se determina el flujo de recursos. Los líderes sociales y ambientales advierten que una paralización eventual impactaría la navegabilidad del canal y el equilibrio de los cuerpos de agua en la región.
Inquietud en las comunidades del sur del Atlántico
“Estamos alertas. Después de tanto tiempo, habíamos conseguido que el consorcio, la ANI y todos los intervinientes incluyeran en el contrato los aspectos críticos, y ahora nos enfrentamos a este nuevo obstáculo”, comentó el líder social Uriel Ávila, en conversación con Emisora Atlántico.
Por su parte, Gustavo De la Rosa, representante comunitario de Santa Lucía indicó que “las comunidades que votaron por el presidente Gustavo Petro se cuestionan por qué hay tantos obstáculos desde el Gobierno nacional para proseguir con las labores”.
El Canal del Dique tiene una longitud total de 115,5 kilómetros. Foto:Cortesía Cormagdalena
Ambos líderes coinciden en que el proyecto no puede avanzar en medio de la incertidumbre financiera. “El fantasma de una liquidación anticipada del contrato está presente, lo que podría implicar una indemnización significativa a favor del contratista y dejaría a la región sin la obra que beneficiaría a más de 1,3 millones de pobladores”, alertó Ávila.
La paralización de las actividades de dragado, además de retrasar el cronograma, podría incrementar el riesgo de sedimentación en las entradas del canal y afectará directamente a los pescadores y agricultores ribereños que dependen de la estabilidad de los ecosistemas del Magdalena y del Atlántico.
La Contraloría solicita explicaciones a la ANI
Ante las alarmas sobre el posible retraso en el desembolso de recursos, la Contraloría General de la República envió un oficio a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que presente un informe detallado sobre las vigencias futuras del proyecto Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique.
Las obras en el canal del Dique son por 3,2 billones de pesos. Foto:ANI
La solicitud fue realizada por la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura, que pidió clarificar las cifras comprometidas para 2025 en pesos constantes y corrientes, e incluir, si aplica, la porción del monto pactado en dólares.
En la carta dirigida al presidente de la ANI, Óscar Torres, el ente de control también requirió
detalles sobre el acatamiento de las responsabilidades contractuales y las causas por las cuales no se han realizado los pagos correspondientes.
“En caso de que no se haya llevado a cabo el diseño de alguna de las vigencias previstas para 2025, por favor notificar las causas para ello y las acciones efectuadas por la ANI ante las autoridades correspondientes”, indica el documento.
Un proyecto fundamental para el Caribe colombiano
La iniciativa del Canal del Dique es considerada una de las más ambiciosas en el ámbito ambiental y hidráulico del país. Su meta es restablecer el equilibrio ecológico y asegurar la disponibilidad hídrica de las comunidades de Bolívar, Atlántico y Sucre que han sido históricamente afectadas por inundaciones y la pérdida de ecosistemas.
Con una inversión total aproximada de 3,2 billones de pesos, la propuesta incluye el dragado de más de 115 kilómetros de canal, la edificación de compuertas y la restauración de ciénagas y humedales.
Por el momento, la incertidumbre prevalece en los municipios ribereños. Los líderes sociales insisten en que el Gobierno Nacional debe honrar sus compromisos para no comprometer un proyecto que, más allá de la infraestructura, simboliza esperanza y desarrollo sostenible para miles de familias del Caribe.
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