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En la noche de este martes 11 de noviembre, el Juzgado Sexto de Control de Garantías estaba determinando si Ricardo Rafael González Castro debería permanecer en detención. Mientras avanza la investigación en su contra, por su supuesta implicación en el asesinato del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, que ocurrió en la madrugada del 31 de octubre.
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La jueza a cargo de esta fase procesal escuchó los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, que destacó Ricardo González constituía un riesgo para la sociedad debido a su comportamiento violento y al hecho de haber abandonado la capital justo cuando las autoridades lo habían identificado.
“Se trató de un caso de justicia por mano propia, debido a que supuestamente una mujer había sido víctima de violencia sexual, aunque hasta ahora no se ha podido comprobar en videos o testimonios ese acontecimiento”, comentó el fiscal sobre la supuesta motivación detrás del ataque violento.
Ricardo González, Jaime Esteban Moreno y la mujer de azul. Foto:Archivo particular y redes sociales
Según el organismo investigador, la reacción de ese grupo de individuos —Ricardo González, Juan Carlos Suárez y las dos mujeres que los acompañaban— no fue buscar ayuda de las autoridades o reportar el supuesto hecho de violencia sexual que habría cometido Jaime Esteban, sino más bien, “atacar a la persona y, posteriormente, impulsados por las mujeres, proceder a golpearlo nuevamente.
No se trataba de agredirlo para que no volviera a hacerlo (el supuesto abuso), sino de acabar con él”, añadió la Fiscalía.
Durante la audiencia, que se suspendió para el miércoles 12 de noviembre a las 10 de la mañana, el organismo investigador también presentó testimonios que evidencian que, tras la paliza que recibió Jaime Esteban, Ricardo González logró trabajar con normalidad el 1 de noviembre en un puesto de comidas del centro de Bogotá.
No obstante, al percatarse de que lo estaban vinculando con el hecho violento en el que falleció el estudiante universitario, optó por abandonar su empleo y salir de la ciudad esa misma noche.
La condena que podría enfrentar Ricardo González Foto:ARCHIVO PARTICULAR
“Si bien es cierto que se presenta
ante la Fiscalía, esta comparecencia ocurre cuando admitió que estaba siendo buscado. Si se otorgó esa oportunidad de irse, indica que carece de arraigo; reside con sus padres, pero hace dos días, debido a su inestabilidad. Se mantuvo oculta de las autoridades. Existe riesgo de no presentarse”, comentó la fiscal del caso.
Por otro lado, la Fiscalía mencionó que una detención en su hogar no aseguraría que Ricardo González no volviera a repetir actos similares. Además, señaló que un sistema de monitoreo electrónico (brazalete) permitiría conocer su localización, pero no sus acciones, razón por la cual se consideró imprescindible la medida privativa de libertad.
La jueza no tomó la resolución sobre si conceder la medida de aseguramiento a Ricardo González, ya que la audiencia fue suspendida y se reanudará al día siguiente.
Los argumentos de la defensa de Rodríguez Castro
La abogada penalista Gladys Marcela López, representante del imputado por homicidio, se opuso a la medida de aseguramiento planteada por la Fiscalía y aceptada por las demás partes del proceso.
La Fiscalía había emitido una orden de captura contra Ricardo González. Foto:archivo particular
López probó que “no se cumplen los requisitos de carácter objetivo ni subjetivo” respecto a las evidencias presentadas por la Fiscalía para solicitar que González Castro sea encarcelado.
El penalista objetó en una de esas pruebas: la entrevista al patrullero que actuó como primer respondedor del incidente. “El testigo (Juan David Cárdenas, quien estaba con Jaime Esteban) le comunicó que del segundo joven (Ricardo González) no recordaba sus características físicas, pero del resto de las personas sí proporciona detalles. Esto nos permite concluir que la supuesta coautoría y la presunta participación de mi representado no ocurren en los términos planteados por la Fiscalía”, expresó López.
Además, destacó que en el testimonio de este testigo presencial se mencionó que “nunca hubo comunicación ni interacción entre los supuestos agresores, como sostiene la Fiscalía”, agregó, “por lo tanto, no se generó un acuerdo previo.”
Con esto, la defensora señala que no se podría determinar la coautoría de González Castro, como lo imputó la Fiscalía.
MIGUEL CASTELLANOS
NICOLÁS DÍAZ MALPICA
Redacción Bogotá
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