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Debido a su elevado riesgo económico, fueron catalogadas como entidades morales bloqueadas para resguardar a los usuarios y prevenir que estos espacios sean empleados por el crimen organizado, comunicó la SHCP en un anuncio.
Como consecuencia, se detectaron conductas supuestamente alineadas con tipologías globales de lavado de activos, en locales presentes en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, según los patrones revelados en el estudio financiero.
Algunos de estos locales funcionaron con transacciones multimillonarias en efectivo, remesas hacia naciones como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; además de a través de plataformas digitales, lo que facilitaba la diseminación de fondos ilícitos, su encubrimiento y su reintroducción al sistema financiero mexicano e internacional.
Además, se determinó que las plataformas digitales recurrían a individuos con perfiles económicos desproporcionados con respecto a la suma de dinero recibida, como amas de casa, estudiantes, pensionados, desempleados, quienes a cambio de un porcentaje desplazaban la totalidad de los fondos a los auténticos propietarios, legitimando los ingresos aparentemente generados en juegos.
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