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La situación era tumultuosa. Un individuo al mando de un vehículo todoterreno azul, fuera de control, arrolló a varios motociclistas en una transitada vía del suroccidente de Bogotá. El clamor de las bocinas, los gritos y la confusión se fusionaron con la angustia de quienes no comprendían lo ocurrido. Pocos minutos después, una multitud airada llegó al auto, forzó al conductor a descender y lo atacó con tal ferocidad que, a pesar de los intentos médicos, falleció horas después.
Este suceso se produjo la noche del 11 de noviembre en la localidad de Kennedy. Según el coronel Álvaro Mora, de la Policía Metropolitana de Bogotá, el conductor fue seguido desde la avenida Carrera 68 con Américas “después de ejecutar maniobras riesgosas que perjudicaron la movilidad y pusieron en peligro la vida de numerosos motociclistas, comerciantes informales y peatones”.
Momento del linchamiento. Foto:archivo particular
El ciudadano puede detener en flagrancia, pero no impartir justicia. El linchamiento desgarra el tejido social y abre la puerta a una violencia descontrolada.
Durante su trayectoria, incluso impactó a un agente de la Policía que se encontraba en moto institucional. Una patrulla de tránsito intentó intervenir, pero al ser alcanzado en otro sector, el conductor fue atacado por decenas de motociclistas principalmente, y otros ciudadanos. Severamente herido, fue conducido a la Clínica de Occidente, donde falleció posteriormente.
La persona fallecida fue identificada como Mauricio Cendales Parra, de 35 años. Según la Secretaría de Movilidad, tenía cuatro comparendos vigentes por más de dos millones de pesos: falta de revisión técnico-mecánica, mal estacionamiento, incumplimiento del pico y placa y conducción sin SOAT, infracción considerada grave debido a que compromete la atención de las víctimas en accidentes viales.
Reincidencia e impunidad en las vías
El hombre fue identificado como José Eduardo Chala Franco. Foto:redes sociales
El suceso en Kennedy no es un caso aislado. Apenas tres días antes, el 8 de noviembre, otro conductor, José Eduardo Chalá Franco, taxi, atropelló a once personas en el barrio Santa Rita, en San Cristóbal. El auto, presuntamente conducido en estado de intoxicación y velocidad excesiva, perdió el control y colisionó con peatones y una vivienda.
Las víctimas fueron trasladadas a diferentes centros de salud. Según la Subred Centro Oriente, tres pacientes se encuentran hospitalizados y reciben atención integral. El niño de siete años sigue en estado crítico con tratamiento especializado, mientras que la niña de doce años está estable y hospitalizada, recibiendo apoyo psicosocial. Un hombre de 27 años fue llevado del Hospital La Victoria al Santa Clara, donde continúa con manejo especializado. El Distrito reafirmó su compromiso con una atención digna y humana a las víctimas y sus familias.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación confirmó que Chalá Franco fue detenido y trasladado al Hospital San Blas, donde
La Medicina Forense concluyó que tenía un nivel tres de alcoholemia. El organismo acusador lo señaló por homicidio en grado de tentativa y lesiones personales intencionadas agravadas. Durante la diligencia, el taxista reconoció los cargos y fue encarcelado. La general Susana Blanco, jefa de la Policía de Tránsito, indicó que el hombre ya tenía más de diez infracciones anteriores, entre ellas por manejar en estado de embriaguez.
Estos dos incidentes, separados por escasos días, reflejan un mismo patrón: individuos con historial de infracciones severas que continúan conduciendo, a pesar de los registros y penalizaciones pendientes.
El impacto humano de la imprudencia.
Incremento en la cantidad de conductores ebrios al volante. Fotografía:iStock
La Secretaría de Movilidad alerta que Bogotá enfrenta una crisis de seguridad vial que demanda una corresponsabilidad conjunta. En 2024, 573 individuos perdieron la vida en accidentes de tráfico y, hasta ahora en 2025, más de 470. Las principales víctimas son motociclistas, peatones y ciclistas, mayoritariamente hombres jóvenes de entre 18 y 34 años.
La mayor parte de los accidentes suceden entre viernes y domingo, sobre todo por las noches, cuando se incrementan los casos de conducción bajo el efecto del alcohol. Las autoridades resaltan que las campañas ‘No somos una cifra. Respeta el límite’ (2024) y ‘El exceso de velocidad mata’ (2025) han generado impacto, al igual que la instalación de 141 resaltes parabólicos en vías principales, que han disminuido en un 45 % los heridos.
No obstante, la reincidencia de conductores con infracciones muestra que el sistema sancionador es deficiente. Jorge Alberto Godoy, asesor de Movilidad y exsecretario de Cundinamarca, advierte que “la falta de controles sobre la capacidad de los conductores permite que situaciones como estas sigan sucediendo. En otros países, la reiteración de infracciones puede conllevar sanciones penales, pero en Colombia no existe un seguimiento efectivo que evite esto”.
La frustración ciudadana y la justicia por mano propia
El especialista en seguridad Andrés Nieto explica que el fenómeno del linchamiento en Bogotá surge del “malestar y la desilusión” que sienten los ciudadanos frente a la justicia. “Siete de cada diez bogotanos no creen que se impondrá una sanción a quienes rompen las normas. Esa impresión nutre la idea de que únicamente la acción directa es efectiva”.
Nieto añade que la Policía está sobrecargada, atendiendo más de 562.000 llamadas al año, muchas relacionadas con temas de convivencia que deberían ser gestionados por otras autoridades del Código de Policía. “El ciudadano percibe que el sistema no actúa, y en su frustración termina convirtiéndose en juez y verdugo”, señala.
Esa misma sensación de impunidad la comparte el experto en seguridad ciudadana José Orlando Carrillo, quien sostiene que “lo ocurrido en Kennedy es un reflejo del agotamiento ciudadano por leyes que no funcionan de manera efectiva. En muchos casos, el delito se evalúa como dolo eventual y las condenas son mínimas”. Para él, “debe legislarse para que manejar en estado de embriaguez y provocar lesiones o muertes sea juzgado con dolo directo, sin reducciones ni acuerdos previos”.
Sin embargo, advierte que la justicia por mano propia es un error: “El ciudadano puede capturar en flagrancia, pero no impartir justicia. El linchamiento destroza el tejido social y abre la puerta a una violencia incontrolada”.
Para el especialista en seguridad Hugo Acero, los episodios de justicia por mano propia son atribuibles a múltiples factores: la ineficiencia del sistema judicial, la intolerancia, la violencia cotidiana y el agotamiento de los ciudadanos frente a la delincuencia.
“Es una ‘justicia’ inapelable y sin consideración alguna a los principios del debido proceso, que se justifica en la violencia y socava los cimientos del Estado de derecho,” manifestó.
En referencia al suceso ocurrido en la localidad de Kennedy, Acero fue claro en expresar que se trató de un asesinato que la justicia necesita investigar y castigar. “Es necesario enjuiciar a algunos motociclistas, criminales, que seguramente quedaron grabados llevando a cabo dicho acto. Deben haber responsables detenidos y juzgados; de lo contrario, estos incidentes continuarán en aumento,” advirtió.
El especialista también afirmó que lo sucedido refleja el comportamiento agresivo de un reducido grupo de motociclistas que actúan como delincuentes en las calles. “Solo mediante el control y la sanción ejemplar de las acciones que violan las normas de tránsito y las leyes penales, así como que ponen en riesgo la seguridad y la convivencia, se podrá evitar más asesinatos y heridos en las vías,” concluyó.
Incluso el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán se manifestó sobre el violento incidente ocurrido en la localidad de Kennedy, en el cual un conductor fue linchado por una multitud tras protagonizar un atropello múltiple. El mandatario lamentó profundamente lo sucedido y rechazó de manera enfática que los ciudadanos tomen la justicia por su mano. “Eso no se puede permitir en Bogotá. En Bogotá no pueden ocurrir linchamientos, no podemos aceptar que eso pase,” advirtió el alcalde.
Galán detalló que los acontecimientos aún están siendo investigados. Señaló que hay versiones que indican que el conductor habría atropellado a varios motociclistas, pero aclaró que aún no hay confirmación de que esta persona estuviera bajo los efectos de ninguna sustancia. “Eso es algo que tiene que determinar Medicina Legal, y hasta ahora no tenemos confirmación en ese sentido,” puntualizó.
El mandatario narró que, aparentemente, tras el atropello se produjo una persecución en la que la comunidad logró detener al conductor, lo agredió y le causó lesiones que finalmente le provocaron la muerte. “La Policía pudo llegar, controlar a la multitud y llevarlo, pero esta persona falleció a causa de los golpes que recibió,” señaló.
Galán reafirmó que nada justifica un linchamiento y recordó que el país cuenta con instituciones para manejar cualquier complicación o delito. “Nada puede justificar un linchamiento. Cuando una persona eventualmente comete una infracción o un delito, en este país hay un sistema de justicia que debe actuar. Cualquier situación de este tipo debe ser tratada por las instancias institucionales y legales, no por mano propia, porque eso puede llevar a graves episodios de violencia y también de injusticia,” subrayó.
Lo que falta por realizar
El experto en movilidad José Stalin Rojas enfatiza que los recientes atropellos, particularmente los que involucran a niños, requieren acciones a corto y mediano plazo. De inmediato, sugiere “endurecer las sanciones, mejorar la infraestructura y enviar un mensaje claro de que conducir en estado de ebriedad es el primer paso hacia un homicidio no culposo.”
A mediano plazo, propone reforzar las licencias de conducción, implementar cartas de advertencia para reincidentes y llevar a cabo campañas conjuntas entre autoridades locales, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, juntas de acción comunal y colectivos ciudadanos para intervenir los puntos más críticos. “La seguridad vial no se resuelve solo con cámaras o retenes, sino con un tejido social que evite que los accidentes y las muertes sigan normalizándose,” enfatiza.
Bogotá enfrenta, así, una doble crisis: conductores que desafían las normas con impunidad y ciudadanos que, hartos de la ineficiencia institucional, cruzan la línea de la legalidad para hacerse justicia por su cuenta. El resultado, como se evidenció en Kennedy y en San Cristóbal, es la pérdida de vidas: la de las víctimas atropelladas y la del agresor linchado.
¿Qué establece la ley?
¿acerca de los linchamientos?
El abogado penalista John Fajardo indicó que el comportamiento de los motociclitas involucrados en el linchamiento del conductor en Kennedy se clasifica como homicidio agravado, tal como lo establece el Código Penal colombiano. Señaló que esta categoría penal se produce cuando la víctima se encuentra en una posición de vulnerabilidad, lo que incrementa la responsabilidad de aquellos que actúan en grupo para quitarle la vida a otra persona.
“En este caso, la víctima fue asaltada por una turba que le impidió cualquier opción de defensa. Por ello, la conducta se considera homicidio agravado, cuya sanción puede alcanzar hasta 50 años de cárcel”, enfatizó el abogado, añadiendo que las autoridades deberán realizar las indagaciones necesarias para identificar plenamente a los culpables de este suceso.
El reto de aquí en adelante es recuperar la confianza en el sistema legal, fortalecer los controles y restablecer la cultura ciudadana. Porque, según los especialistas, Mientras la ira continúe reemplazando a la justicia, la ciudad permanecerá atrapada en un ciclo de violencia en las calles.
CAROL MALAVER
SUBEDITOR BOGOTÁ
Contáctenos a carmal@eltiempo.com
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