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Colombia ha erigido gran parte de su red de infraestructura contemporánea gracias a un instrumento esencial de política pública: las vigencias futuras. Este mecanismo, establecido en la Ley 819 de 2003, permite comprometer recursos del presupuesto nacional o territorial más allá del año fiscal actual, proporcionando previsibilidad a los proyectos a largo plazo y asegurando que las obras de infraestructura persistan más allá de los ciclos políticos y presupuestales.
En un país con limitaciones fiscales y amplias disparidades en conectividad, las vigencias han sido, sin lugar a dudas, una de las innovaciones institucionales más significativas para impulsar el desarrollo vial de las últimas dos décadas.
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Su importancia se justifica por tres motivos fundamentales. Primero, porque facilitan la planificación de inversiones plurianuales dentro de un marco de sostenibilidad fiscal, al estar relacionadas con el ‘Marco fiscal de mediano plazo’ y el ‘Marco de gasto de mediano plazo’. De esta manera, los proyectos no dependen de las fluctuaciones anuales de la ley de presupuesto, sino que se enmarcan en una visión de mediano y largo plazo coherente con las metas de desarrollo.
Luis Fernando Mejía, director Ejecutivo de Fedesarrollo. Foto:Néstor Gómez. El Tiempo
En segundo lugar, porque generan confianza entre inversores, financiadores y concesionarios, al simbolizar un compromiso soberano del Estado colombiano de cumplir con los pagos acordados, incluso más allá del período gubernamental en el que se originan. Y, en tercer lugar, porque han permitido la creación de esquemas de asociación público-privada (APP), que necesitan flujos predecibles para su cierre financiero y su ejecución a largo plazo.
Los resultados son elocuentes. Gracias a las vigencias futuras, Colombia ha logrado llevar a cabo una agenda de infraestructura sin igual. Se calcula que más de 8.000 kilómetros de corredores viales han sido financiados, en gran medida, mediante este mecanismo, movilizando inversiones que superan los 70 billones de pesos.
Proyectos emblemáticos como la autopista al Mar 1 y 2, la transversal del Sisga, Pacífico 1, Antioquia-Bolívar y Conexión Norte, entre muchos otros, han sido factibles gracias a la capacidad del Estado para comprometer recursos futuros de manera responsable. Sin las vigencias futuras, la magnitud y rapidez del programa de concesiones 4G y ahora 5G simplemente no habrían sido realizables.
Además de su contribución directa a la ejecución de proyectos, las vigencias futuras han incrementado la credibilidad del Estado colombiano ante inversores tanto nacionales como internacionales. La estabilidad
y la regularidad en los pagos han sido elementos cruciales para preservar el interés del sector financiero en los proyectos APP.
Las obras en Mar 1 comprenden doble calzada hacia Santa Fe de Antioquia Foto:Devimar
En un escenario mundial donde las naciones compiten por atraer inversiones para infraestructura, la imagen de cumplimiento del Estado colombiano se convierte en un recurso invaluable. Por esta razón, cumplir con los compromisos derivados de las vigencias futuras no es únicamente una obligación legal y fiscal; es una manifestación de confianza institucional, de adhesión a las reglas establecidas y de continuidad en las políticas públicas.
Es por eso que es crucial evitar cualquier inclinación a reinterpretar estos compromisos como meros gastos discrecionales. Las vigencias futuras son, por su naturaleza, una obligación contractual de carácter soberano, que debe integrarse completamente en la planificación fiscal y presupuestaria.
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Si no se lleva a cabo, se comprometería la ejecución de los proyectos en marcha, se perjudicaría la percepción del riesgo país y se restringiría la capacidad del Estado para captar nuevos inversores en futuras concesiones. En períodos de restricciones fiscales, la cautela no debe confundirse con el incumplimiento. La sostenibilidad de las finanzas públicas y la de los contratos deben avanzar de manera conjunta.
Ahora bien, el uso responsable de las vigencias futuras también demanda una gestión rigurosa en su autorización y seguimiento. El reto radica en mantener la disciplina en la asignación de nuevos compromisos, priorizando aquellos que estén alineados con proyectos estratégicos, que cuenten con estudios de viabilidad completos y estructuras financieras robustas.
El propósito no debe ser multiplicar las vigencias, sino garantizar que cada peso comprometido se traduzca en infraestructura de alta calidad, generando beneficios claros en competitividad, productividad y equidad regional. De igual manera, es fundamental reforzar la transparencia y la coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia Nacional de Infraestructura, para asegurar que la programación de vigencias futuras se rija por criterios técnicos y no por presiones momentáneas.
Colombia debe seguir consolidando la institucionalidad del financiamiento de infraestructura. Foto:iStock
Las vigencias futuras también juegan un rol crucial en la gestión contracíclica de la inversión pública. En contextos de bajo crecimiento o de limitaciones financieras, este instrumento ha permitido
preservar el ritmo de realización de proyectos y salvaguardar el empleo en sectores que demandan alta mano de obra como la construcción y la ingeniería. En este contexto, son un recurso de estabilidad macroeconómica así como de política sectorial.
De cara al porvenir, Colombia debe seguir reforzando la institucionalidad del financiamiento de infraestructura, estableciendo un marco normativo que combine responsabilidad fiscal con una perspectiva de desarrollo. Los compromisos a largo plazo deben ser abordados con la misma seriedad que la deuda pública, ya que, en esencia, constituyen pasivos contingentes del Estado. Conservar la confianza de los inversionistas, del sistema financiero y de la ciudadanía exige coherencia entre lo que se promete, lo que se contrata y lo que realmente se paga.
En una nación con grandes retos logísticos y de competitividad, donde el costo del transporte es el doble del promedio de la OCDE y donde vastas regiones aún carecen de conectividad adecuada, las vigencias futuras seguirán siendo un pilar del desarrollo nacional. Su adecuado uso ha permitido transformar corredores viales, estimular la economía regional y generar empleo en todo el territorio. Sin embargo, su valor más profundo radica en que representan una promesa cumplida del Estado colombiano: la de forjar un futuro con responsabilidad fiscal, estabilidad jurídica y una visión a largo plazo.
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