“Una herramienta de resguardo que excluye a miles”

En pocas semanas, el Estado, los sindicatos y las organizaciones laborales iniciarán los diálogos acerca del salario mínimo que estará en vigencia en Colombia en el 2026.

A pesar de que la negociación aún no ha comenzado, varias propuestas han emergido, incluyendo la del Gobierno que ha afirmado que debería ascender a $1’800.000.

Frente a este escenario, Daniel Gómez Gaviria, quien se desempeñó como subdirector del Departamento Nacional de Planeación, economista Senior del Banco Mundial, y director de Competitividad del Foro Económico Mundial, entre otros relevantes cargos, manifestó que esta resolución será crucial, dado que el salario mínimo actúa como una herramienta de política pública destinada a establecer un umbral para los ingresos de los trabajadores y a contribuir en la determinación de salarios entre empleados y empleadores.

“Teóricamente, asegura un ingreso digno y colabora en equilibrar la negociación salarial. Sin embargo, su eficacia depende de cómo se establece, de las condiciones del mercado laboral y de la productividad de la economía y de los trabajadores que ocupan puestos”, declaró Gómez.

No obstante, advierte que este mecanismo está dejando a muchas personas fuera, puesto que en Colombia más de la mitad de los empleados son informales.

Destaca que el modo en que se ha establecido el salario mínimo está provocando efectos no deseados por excluir del empleo formal a quienes más necesitan protección, dificultando la expansión de la cobertura social y fortaleciendo un modelo de autoempleo de subsistencia que refleja el mal funcionamiento del mercado laboral.

“Los anuncios del inicio del proceso de negociación anual del mínimo y las expectativas de incrementos que ha propuesto el gobierno deberían activar todas las alarmas. El problema radica en la discrepancia entre la capacidad productiva del país y el nivel del salario mínimo legal”, afirma.

De acuerdo a cálculos del Dane y la Ocde, el salario mínimo en Colombia representa alrededor del 90–92 % del salario mediano, mientras que el promedio de la Ocde está cerca del 56 %.

Esto indica que el umbral salarial legal se encuentra muy próximo al ingreso medio de la población ocupada. En la práctica, significa que el salario mínimo colombiano es “elevado” en comparación con la productividad promedio, lo que provoca tensiones entre la regulación laboral y la realidad económica.

Las empresas que contratan trabajadores de baja productividad —microempresas, negocios familiares o unidades rurales— no pueden abonar dicho salario debido a su baja eficiencia, lo que lleva a la informalidad, la subcontratación o a emplearse por cuenta propia. Los datos confirman la magnitud de la situación.

En Colombia, el 55 % de los trabajadores son informales, y en muchas regiones, la informalidad supera el 80 %. En las principales ciudades, donde existen sectores más productivos, la proporción de informales ronda el 42 %, pero en municipios intermedios y áreas rurales alcanza niveles críticos.

A esto se añade el fenómeno del autoempleo como válvula de escape. Cerca del 45 % de los ocupados se desempeña por cuenta propia, y el Dane estima que hay más de 5 millones de micronegocios, la mayoría de ellos sin registro ni afiliación a la seguridad social.

Estos micronegocios no surgen del emprendimiento innovador, sino de la necesidad: representan estrategias de subsistencia ante un mercado laboral que excluye a los trabajadores menos calificados.

En este panorama, el salario mínimo termina reforzando esa exclusión. Si el costo legal de contratar a un trabajador excede el valor que su productividad genera, el empleador no lo integra formalmente.

El trabajador, sin opciones, se refugia en el autoempleo informal. Es una paradoja: una norma creada para proteger al trabajador termina llevándolo a la precariedad y a la desprotección.

En síntesis, Colombia enfrenta una paradoja: un salario mínimo diseñado para salvaguardar la dignidad del trabajo está profundizando la informalidad y el autoempleo precario.

“No se trata de reducir el salario, sino de crear las condiciones para que las empresas puedan cubrirlo y que todos los salarios en la economía aumenten, permitiendo así a los trabajadores acceder a mejores compensaciones sin quedar excluidos”, añade Gómez, quien concluye que “la política salarial debe ser un instrumento de inclusión productiva, no un obstáculo. La verdadera justicia laboral no se encuentra en el decreto, sino en la productividad, la educación y las oportunidades reales que faciliten trabajar con dignidad y avanzar”.

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