“Inquilinos en la cuerda floja: Conductas que pueden llevar a su desalojo anticipado”

En Colombia, la normativa de arrendamiento establece los términos bajo los cuales un propietario puede solicitar la devolución de su propiedad al arrendatario. No obstante, hay circunstancias excepcionales en las que este marco normativo no es suficiente y se requiere la intervención judicial.

Desde hace varios años, se cuenta con una ley que fija directrices claras para el alquiler de residencias urbanas. Sin embargo, algunos contratos recientes incluyen cláusulas que permiten al propietario iniciar un proceso judicial de desalojo sin previo aviso si se cumplen determinados criterios.

El marco normativo permanece vigente, pero ahora el dueño tiene la posibilidad de actuar con mayor prontitud una vez que se detecte un incumplimiento, como la demora en el pago o un subarriendo no autorizado. A pesar de eso, la protección legal para ambas partes sigue resultando esencial en este proceso.

Ley de arrendamientos: el propietario puede desalojar al inquilino por esta causa

La legislación de arrendamiento que regula la vivienda urbana en Colombia, la Ley 820 de 2003, define los derechos y responsabilidades para propietarios y arrendatarios.

El artículo 22 permite al propietario dar por terminado el contrato de forma unilateral por motivos como impago, subarriendo no autorizado o molestias a los vecinos, aunque debe avisar con al menos tres meses de antelación y, en ciertas circunstancias, asumir una indemnización económica.

Paralelamente, ciertos contratos y circunstancias contemplan una vía más expedita: si el arrendatario comete infracciones previamente especificadas, el propietario puede dirigirse directamente al proceso judicial de recuperación del inmueble.

Aunque el desalojo debe seguir los procedimientos judiciales, este ajuste acelera el proceso y refuerza el derecho del propietario a recuperar su bien en menor tiempo.

La vigencia de la ley de arrendamientos: funcionamiento en estos casos

En este marco, la normativa establece un procedimiento justo que se aplica antes de que el propietario opte por acudir a los juzgados: el dueño no puede exigir la devolución del inmueble sin una orden judicial, sin previo aviso, ni sin la correspondiente indemnización en caso de que aplique.

Este marco legal es esencial para equilibrar los derechos de ambas partes. Por un lado, protege al arrendatario de desalojos injustificados y, al mismo tiempo, proporciona al propietario una ruta legal clara para abordar incumplimientos. Respetar estos procedimientos es crucial para prevenir conflictos, evitar abusos y mantener la seguridad jurídica en el sector de vivienda urbana.