Transformación de los requisitos fiscales: cómo los migrantes en EE. UU. podrían verse impactados.

El Ministerio del Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves su intención de reestructurar ciertos créditos fiscales reembolsables como “asistencias públicas federales”, lo que impedirá que algunos contribuyentes inmigrantes accedan a ellos, incluso si presentan y satisfacen impuestos y, de otro modo, cumplirían con los criterios.

Los especialistas fiscales destacan que aquellos que fueron traídos a Estados Unidos ilegalmente por sus padres durante su niñez —conocidos como beneficiarios de DACA, o Acción Diferida para los Llegados en la Infancia— y los inmigrantes con estatus de protección temporal son los más propensos a ser impactados por la propuesta. La situación de los trabajadores foráneos y los portadores de visas de estudiante, así como algunas familias cuyos hijos poseen la nacionalidad estadounidense, dependería de la formulación de la normativa, aseguran.

El anuncio del Ministerio del Tesoro fue el último signo de cómo la gestión del presidente Donald Trump ha implementado un enfoque “completo de gobierno” respecto a la aplicación de la ley de inmigración y busca en todos los departamentos federales, no únicamente en Seguridad Nacional, métodos para ayudar a cumplimentar la agenda migratoria del presidente.

El Tesoro declaró en su anuncio que tiene la intención de crear nuevas reglas que afecten las partes reembolsadas de ciertos créditos fiscales sobre el ingreso personal, incluyendo beneficios asociados al empleo, los hijos o el ahorro.

La nueva regulación redefiniría los créditos fiscales como “asistencias públicas federales” en el marco de la Ley de Reconciliación de la Responsabilidad Personal y la Oportunidad de Trabajo de 1996. Como consecuencia, muchos inmigrantes con autorización laboral en el país ya no podrán beneficiarse de estas ayudas.

De acuerdo con el Instituto de Tributación y Política Económica, los inmigrantes que no cuentan con la documentación adecuada y pagan impuestos generalmente no pueden acceder a los mismos beneficios fiscales que los ciudadanos estadounidenses, a pesar de que este grupo aportó cerca de $100,000 millones en impuestos federales, estatales y locales en 2022.

Por ejemplo, las personas en situación irregular no tienen acceso a las prestaciones de jubilación del Seguro Social o a la cobertura sanitaria de Medicare, aunque contribuyen con miles de millones de dólares a los impuestos federales sobre los salarios que financian esos beneficios.

Los opositores señalaron que la modificación es una forma de atacar a los inmigrantes dentro de las políticas de Trump.

“Es una noción atroz e injusta privar de beneficios fiscales a individuos que han contribuido con impuestos y son aptos para recibirlos a causa de su estatus migratorio”, comentó Daniel Costa, encargado de Investigación de Leyes y Políticas de Inmigración en el Instituto de Política Económica.

“La implementación (de la medida) se verá obligada a decidir quién posee estatus y quién no, lo que constituye otra manera en que el gobierno de Trump ampliará su red de deportaciones”, añadió.

Se anticipa que la normativa final se inicie a partir del año fiscal 2026. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró en un comunicado que “estamos haciendo cumplir la normativa y evitando que los foráneos en situación irregular soliciten beneficios fiscales reservados para ciudadanos estadounidenses”. El Tesoro solicitó al Departamento de Justicia una nueva interpretación de la normativa para desarrollar la nueva ley, señaló la agencia.

Carl Davis, director de investigación del Instituto de Tributación y Política Económica, indicó que dado que quienes carecen de un permiso laboral ya no son elegibles para estos beneficios, “las personas que verdaderamente se verán impactadas son aquellas que están haciendo lo correcto, las personas autorizadas a laborar y que cumplen con sus obligaciones fiscales”.

Según Davis, la Casa Blanca parecería intentar complicar la existencia de los migrantes que cumplen con sus responsabilidades fiscales.

Brandon DeBot, responsable de políticas del Centro de Derecho Tributario de NYU, manifestó en un comunicado que la nueva interpretación de la ley por parte del Tesoro para formular una normativa diferente para los créditos fiscales “anula cláusulas muy específicas del código tributario”.

«Rechazar los créditos fiscales a las familias migrantes exige que el Congreso actúe de manera explícita», aseguró DeBot.

Davis mencionó que lo más probable es que la normativa careciera de apoyo mayoritario en el Congreso, lo que pudo haber llevado al gobierno a actuar de manera unilateral en esta cuestión.

“Por lo general, la población estadounidense se muestra solidaria con los dreamers y los beneficiarios de DACA. Atacarles de esta manera indirecta no es un cambio de política que contara con apoyo mayoritario en el Congreso”, declaró.