Colombia
protestas paralizan La Mojana y el Golfo de Morrosquillo
El departamento de Sucre permanece incomunicado en dos de sus regiones más estratégicas. La Mojana y el Golfo de Morrosquillo se encuentran bloqueados debido a protestas ciudadanas que exigen transparencia en la ejecución de recursos viales y el freno a la instalación de un nuevo peaje.
Por un lado, las comunidades de La Mojana denuncian el presunto detrimento de 138 mil millones de pesos destinados a infraestructura vial.
Por otro, el sector turístico y comercial del Golfo lucha contra el regreso del pico La Caimanera, el cual considera un golpe letal para la economía de la zona.
El primer foco de tensión se ubica en la vía que conecta el sector de El Cauchal con el municipio de Sucre (Sucre).
Este bloqueo afecta gravemente la movilidad en la subregión y perjudica la conexión de los municipios del San Jorge con Sincelejo, la capital departamental.
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Bloqueos en Sucre Foto:archivo particular
El origen del conflicto radica en un contrato por 138 mil millones de pesos, recursos que Inicialmente estaban destinados para la construcción de 52 kilómetros de vía en pavimento rígido.
Sin embargo, según denuncian líderes de la región, el Instituto Nacional de Vías (Invías) Habría reducido el alcance de la obra a tan solo 10,7 kilómetros.
Esta modificación ha encendido las alarmas entre los habitantes, quienes advierten sobre una posible malversación de fondos.
De acuerdo con sus cálculos, si se mantiene el presupuesto original para una distancia tan reducida, se estaría pagando cerca de 13.800 millones de pesos por metro cuadradouna cifra que los manifestantes califican irónicamente como una de las más costosas del mundo.
“Divida 138 mil millones de pesos entre 10 kilómetros: Es decir, ¿el metro cuadrado a 13.800 millones de pesos?”, señala uno de los manifestantes.
La exigencia es clara: que se construirán los kilómetros prometidos originalmente. Para levantar el bloqueo, la comunidad solicita la presencia inmediata de delegados de la Presidencia de la República, directivos de Invías y representantes de las firmas contratistas.
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Bloqueos en Sucre Foto:archivo particular
De no lograrse un acuerdo, los líderes advierten una escalada en la protesta que incluiría la toma de la Troncal de Occidente —a la altura del puente del San Jorge, vía vital que comunica a Antioquia con Córdoba y Sucre— y plantones frente a la Gobernación de Sucre en Sincelejo.
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Golfo de Morrosquillo: ‘No al peaje La Caimanera’
Simultáneamente, un cierre total indefinido se presenta en el corredor turístico más importante del departamento: la vía que comunica a los municipios de Tolú y Coveñas. Este eje vial es fundamental no solo para el turismo, sino para el tránsito hacia Bolívar, Atlántico y Córdoba.
La indignación estalló tras la confirmación de la instalación, nuevamente, del peaje La Caimanera. Empresarios hoteleros, comerciantes y habitantes consideran esta medida como un acto arbitrario e ilegal.
Los bloqueos se han distribuido en puntos estratégicos para paralizar el tráfico:
– Puente de La Caimanera (primera ensenada, zona urbana de Coveñas).
– Vía Sincelejo – El Delirio – Puerto Escondido (entrada de Tolú a Coveñas).
– La nueva variante que conecta la salida de Coveñas con San Antero (Córdoba).
– Sector de Palo Blanco.
Henry Valencia, empresario hotelero y líder social de la región, argumenta la inviabilidad jurídica del cobro: “En el año 2023, una abogada de Cali demandó la instalación de ese peaje y la Corte Constitucional lo declarado inexequible; le dio la nulidad. Es decir, el peaje no puede ser reubicado porque fue declarado ilegal”.
Impacto económico y social
El gremio turístico advierte que la reactivación del peaje sería catastrófica. Valencia recordó que, entre 2016 y 2020, período en el que logró el primer peaje, se cerraron 801 establecimientos comerciales según datos de la Cámara de Comercio.
“Eso bajó considerablemente el turismo en Tolú, disparando la inseguridad por la falta de trabajo y la quiebra de los empresarios”, precisó el líder gremial.
La preocupación aumenta al conocerse los términos de la nueva concesión, que se extendería por 36 años con una tarifa estimada de 18,100 pesos. “Sin tarifa diferencial, como existe en otros pesos, terminaríamos pagando cerca de 60 mil pesos en trayectos cortos. Preferimos sufrir cinco o diez días de bloqueo y falta de ingresos ahora, que soportar 36 años de un cobro ilegal”, sentenció Valencia.
Hasta el momento, se mantiene el cierre total indefinido. Las comunidades esperan que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte reviertan la medida para evitar un colapso económico en una zona que vive del turismo.
Además, te invitamos a ver nuestro documental:
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
Francisco Javier Barrios
Especial para EL TIEMPO
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