Colombia
proyectos que estarían en riesgo si se decide adoptar lineamientos ambientales en Bogotá y la Sabana
Se llegó el día clave para decidir si se adoptan los lineamientos ambientales para Bogotá y la Sabana.un proyecto liderado por el Ministerio de Ambiente que introduce nuevas reglas para el ordenamiento territorial de la región. Este 26 de noviembre, se emitirá el concepto a favor o en contra de la propuesta.
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La decisión se toma en el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (CECH)organismo conformado por el Ministerio de Ambiente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Gobernación de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y algunas alcaldías municipales.
Además, cuenta con la intervención, pero sin voto, de la Procuraduría y de la Contraloría General.
Sabana de Bogotá. Foto:cortesia
Estas entidades han evaluado los impactos que trae la propuesta del Gobierno nacional y con base en ello comunicarán su decisión. Algunas voces, externas al CECH, también han acompañado la discusión ofreciendo visiones. Una de ellas es ProBogotá Región, que alertó sobre el impacto negativo de las directrices ambientales.
“La decisión de este 26 de noviembre se da luego de una gran deliberación y recolección de insumos. Creemos que el Ministerio de Ambiente presentará una nueva versión del texto de directrices ambientales. Las entidades que conforman la CECH deberán definir si le dan trámite en los términos que propone el Ministerio o, si en virtud de los grandes impactos, debe ser corregido”, afirmó María Carolina Castillo, presidenta de ProBogotá Región.
En efecto, para la organización, este proyecto. generaría afectaciones críticas e inmediatas sobre la movilidad, la provisión de servicios públicos, la competitividad y el desarrollo urbano y rural de Bogotá y 31 municipios de la Sabana.
sabana de bogota Foto:Rodrigo Sepúlveda / Archivo EL TIEMPO
De acuerdo con un análisis realizado por ProBogotá, las directrices proponen un nuevo régimen ambiental rígido sobre 427.536 hectáreas de Bogotá y la Sabana, de las cuales cerca del 71,5 por ciento quedarían algunas normas con mayor jerarquía a los POT, “sin margen de decisión para alcaldes y concejos”.
Esto, de acuerdo con el estudio, “obligará a que todos los proyectos de infraestructura —incluidos aquellos que ya tienen diseños avanzados o licencias vigentes— deban rehacerse o demostrar compatibilidad con nuevas figuras ambientales, creando un escenario de incertidumbre jurídica sin precedentes para la región”.
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Proyectos de infraestructura afectados
En particular, Serían más de 40 los proyectos que quedarían en jaque con la nueva normativa, en caso de adoptarsedebido a que quedarían en áreas clasificadas como páramo, bosque andino, subxerofitia, humedales, zonas de recarga o protegidas. Estas tendrían restricciones estrictas o incompatibilidad de uso.
En Bogotá, la organización advierte que Hay 14 grandes proyectos de infraestructura que se superponen a estas categorías ambientales. Entre los más relevantes se encuentran las líneas 1, 2 y 3 del metro de Bogotá.
Así se vería el tren del metro de Bogotá. Foto:Darío Hidalgo Guerrero X: @dhidalgo65
El patiotaller ubicado en Bosa y algunos tramos del recorrido quedarían en estas zonas de protección ecosistémicasegún la resolución del Ministerio de Ambiente, y podrían quedar limitadas por incompatibilidad ambiental o necesidad de nuevos procedimientos para la obtención de licencias ambientales o permisos que incluso no están contemplados en la ley.
Además, se verían afectados el Regiotram de Occidenteque ya se acerca al 50 por ciento de avance, y el Regiotram del Norteque hace tan solo unas semanas recibió la firma del convenio de cofinanciación.
ProBogotá también menciona los proyectos de la troncal calle 13, los cables de San Cristóbal, La Calera y Potosí; la Avenida Longitudinal de Occidente, la vía Suba – Cota, la extensión de la calle 63 y Bogotá Ciudad Aeropuerto.
Construcción del TransMiCable de San Cristóbal Foto:Mauricio Moreno
“Estos proyectos deberán demostrar compatibilidad con nuevas áreas protegidas, zonas de recarga hídrica, humedales y figuras de conservación, lo que podría traducirse en demoras, sobrecostos o imposibilidad técnica para su ejecución”, aseguran desde la organización.
Por otro lado, se pondría en riesgo la ejecución de 22 proyectos de vías regionales y nacionales que han estado pensando para impactar positivamente la movilidad y generar conexiones con la capital.
Según la resolución, habría una superposición con determinantes ambientales como humedales, rondas de ríos, zonas de recarga y áreas estratégicas del recurso hídrico, lo cual podría condicionar, replantear o bloquear tramos completos de estas obras.
Tramo de la Autopista Norte. Foto:Accesos Norte
Entre ellos se encuentran la Bogotá–Villavicencio, Bogotá–Girardot, extensión de la autopista Norte, Perimetral de Oriente, Tocancipá–Zipaquirá, autopista Briceño–Tunja–Sogamoso, Fontibón–Los Alpes, DEVISAB, entre otras.
“La restricción o detención de estas obras desconectaría a Bogotá de la región y del país, profundizando los cuellos de botella existentes y aumentando significativamente los tiempos de viaje para millones de personas”, alerta ProBogotá.
Vivienda, servicios públicos y actividades productivas en jaque.
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El análisis también alerta que se verían afectadas 14 subestaciones eléctricas prioritarias para la garantía del servicio, la PTAR Salitrecuya operación quedaría comprometida al imposibilitar el tratamiento de biosólidos; 177 Planes Parciales y el 43,2 por ciento de las Actuaciones Estratégicas del Distrito, por cambios en usos del suelo o incompatibilidades con nuevas áreas ambientales.
Pero no solo sería en esos puntos, sino que la eventual afectación se extendería a una de las actividades económicas más representativas de la Sabana de Bogotá: la floricultura.
En la propuesta se establece la prohibición de los invernaderos en la Sabana, lo cual resultaría en una caída del 70 por ciento de la producción nacional de floressegún el análisis de ProBogotá.
cultivo de flores Foto:archivo particular
Además, se proyecta una afectación sobre el 69 por ciento de los títulos mineros vigentes y el 54,7 por ciento de las solicitudes en la Sabana.
“Mientras en Bogotá la cobertura de servicios públicos supera el 95 por ciento, en los municipios de la Sabana como Chocontá, Cucunubá, Tausa, Suesca, Guatavita y Villapinzón presentan coberturas de gas entre el 3 y el 42 por ciento, y de alcantarillado entre el 19 y el 53 por ciento. Estas brechas, aún más profundas en las zonas rurales, indican que imponer nuevas restricciones profundizaría las desigualdades y pondría en riesgo la provisión de servicios esenciales para millas de familias en la región”, agregó el presidente de ProBogotá Región.
De cara a la decisión de este miércoles 26 de noviembre en el CECH, la organización pidió que se “evalúen con rigor técnico los impactos sobre la movilidad, la prestación de servicios públicos y la asignación de usos del suelo fuera de las competencias nacionales”.
sabana de bogota Foto:MAURICIO MORENO
Además, pidieron que se evitara llegar a un escenario de “limbo jurídico” que afecta proyectos en ejecución o ya financiados.
Cabe recordar que se llegó a esta instancia de la emisión del concepto tras una larga puja legal. En 2023 el Gobierno nacional inició la creación de estas directrices ambientales y el 28 de febrero de 2025, el Ministerio de Ambiente publicó para comentarios los lineamientos.
El Acueducto de Bogotá impugnó alegando que el proyecto no se había concertado previamente en el CECH, organismo creado a partir de la Sentencia del río Bogotá del 2014 (que ordenó recuperar el cuerpo hídrico de la contaminación).
Según la empresa, expedir el proyecto así desconocería esas órdenes y pondría en riesgo el cumplimiento de la sentencia y los servicios de acueducto y alcantarillado en Bogotá y la Sabana.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió que debían reiniciarse los trámites del proyecto de resolución sobre los lineamientos y que debía garantizarse la participación de las entidades y llegar a una concertación, decisión ratificada por el Consejo de Estado.
NICOLÁS DÍAZ MALPICA
Redacción Bogotá
