Colombia
gobernador Verano exige a la ANI el pago inmediato de $492.000 millones
El proyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, Considerada una de las obras más estratégicas para la seguridad hídrica y ambiental del Caribe colombiano, atraviesa una seria crisis financiera que amenaza con frenar su ejecución.
El problema surge por un incumplimiento de pagos que supera los seis meses y que compromete el cronograma, la estabilidad contractual y la seguridad de millones de habitantes en tres departamentos.
El gobernador del Atlántico y presidente de la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Caribe, Eduardo Verano de la Rosa, envió una carta al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Javier Torres Yarzagarayen la que le solicitud dar prioridad inmediata al pago de las obligaciones contractuales pendientes. La situación, según Verano, ya está generando impactos críticos tanto en la ejecución técnica del megaproyecto como en su sostenibilidad financiera.
La RAP Caribe reveló que la ANI mantiene una deuda con el concesionario Ecosistemas del Dique SAS – Sacyr Concesiones, responsable de la obra, por un valor de $492.381 millones, correspondientes a actividades ejecutadas desde junio de 2025.
Ese retraso ha generado intereses moratorios y obligaciones adicionales que terminan afectando el patrimonio público y creando un riesgo creciente de incumplimientos contractuales.
El gobernador Eduardo Verano es el presidente de la Región Administrativa y de Planificación Caribe. Foto:Gobernación
“Hoy Sacyr tiene un atraso en sus pagos de más de seis meses de casi 500.000 millones de pesos. Evidentemente el contratista no va a poder ir al ritmo que se requiere para terminar las obras a tiempo”, advirtió Verano. Señaló que la falta de flujo financiero está afectando el desempeño técnico del proyecto y podría derivar en retrasos de gran escala en una obra clave para Atlántico, Bolívar y Sucre.
Consecuencias del estancamiento
El documento enviado por la RAP Caribe detalla que los recursos adeudados corresponden a actividades esenciales de la fase inicial, entre ellas:
- Dragado de mantenimiento, indispensable para la navegabilidad y el control de la sedimentación.
- Obras de protección de orillas, necesarias para evitar derrumbes y la erosión de taludes.
- Intervenciones hidráulicas, claves para reducir riesgos de inundaciones repentinas.
- Programas sociales y ambientales con las comunidades ribereñas, que no pueden paralizarse sin afectar la concertación territorial.
El Canal del Dique tiene una longitud total de 115,5 kilómetros. Foto:Cortesia Cormagdalena
La mayor preocupación es el riesgo de inundaciones y sequías extremas si continúan los retrasos. Verano subrayó que, sin el avance oportuno, no será posible cumplir con la entrega de las dos esclusas principales, esenciales para regular los niveles del canal y proteger las poblaciones cercanas. “Nosotros tenemos que cumplirle a ellos para que Sacyr nos pueda cumplir entregándonos las exclusas que son vitales para regular las aguas del Canal del Dique.”, dijo.
El impacto de esta falta de regulación ya se empieza a sentir en varios frentes:
cartagena:
La exclusión de Puerto Badel es determinante para sostener el suministro constante de agua hacia la ciudad. Si el sistema no opera en los tiempos previstos, existe el riesgo de cierres en la dársena y afectaciones directas a la navegabilidad ya los servicios de acueducto.
Comunidades ribereñas:
Más de 1,5 millones de habitantes del sur del Atlántico, Bolívar y Sucre quedan expuestos a mayores riesgos de inundación, pérdida de cultivos, afectaciones en viviendas, obstrucción de vías fluviales y deterioro de su seguridad alimentaria.
Ecosistema:
La suspensión del dragado y la falta de manejo hidráulico aceleran el deterioro en zonas estratégicas como la Bahía de Cartagena, la Ciénaga de la Virgen y los complejos cenagosos que dependen del equilibrio del canal.
Riesgos jurídicos y llamado urgente
La RAP Caribe advirtió que el incumplimiento prolongado exponen al Estado a reclamaciones contractuales, procesos arbitrales, indemnizaciones millonarias y hasta la posibilidad de una liquidación anticipada del contrato, un escenario que tendría consecuencias fiscales y ambientales de gran magnitud.
Por ello, solicita a la ANI no solo el pago inmediato del monto adeudado, sino también la convocatoria urgente de una mesa de conciliación y acuerdo de pago, con acompañamiento de la RAP.
La entidad reiteró su compromiso con la protección del interés público y alertó que “las decisiones de aplazamiento presupuestal no pueden derivar en consecuencias irreversibles para un proyecto vital para todo el Caribe colombiano”.
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