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El funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)Edgardo Fernández Martínez, falleció en la noche del 30 de noviembre en la Clínica Portoazul Auna, tras permanecer más de siete meses en estado crítico. Fernández, de 59 años, era oriundo de Hatillo de Lobaen el sur de Bolívar, y había sido víctima de un atentado sicarial en abril, cuando se movilizaba en una camioneta en el norte de Barranquilla.
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Durante todo este tiempo, su condición fue delicada y bajo pronóstico reservado. Pese a los esfuerzos médicos, su cuerpo no resistió más las complicaciones derivados de las graves heridas por arma de fuego. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por allegados y difundida inicialmente en redes sociales de su municipio natal, donde era reconocido como “El Mono Fernández”.
Así fue el atentado en el norte de Barranquilla
El ataque ocurrió el 21 de abril, hacia las 12:40 del mediodía, en el parqueadero del súper almacén Makro, ubicado en el barrio. Villa Santosuna zona comercial muy conocida de la localidad Riomar. Fernández conducía una camioneta Mercedes Benz vinotinto, placas RGP-883y había ingresado al establecimiento para realizar unas diligencias personales. Tras estacionar el vehículo y sentarse en una silla, fue abordado por dos sicarios en motocicleta.
Esta es la camioneta en la que se movilizaba el hombre antes de ser atacado. Foto:redes sociales
De acuerdo con el reporte policial e imágenes de las camaras de seguridad del establecimientoel parrillero descendió del vehículo, se acercó a Fernández y le disparó varias veces a quemarropa. Luego, ambos huyeron en la moto sin dejar rastro. El ataque fue rápido y preciso; Todo indicaba que era un crimen planeado.no un intento similar de robo común o cosas. Testigos alertaron a las autoridades, y una patrulla trasladó de inmediato al funcionario a la clínica Portoazul, donde Ingresó en estado crítico.
Las imágenes captaron la secuencia del atentado y son. parte clave de la investigación que aún perdura un día de hoy. Desde el primer momento, la Policía Metropolitana del Atlántico y la Fiscalía asumieron el caso principalmente con la hipótesis de un sicariato dirigidodescartando el robo como móvil.
Tras el atentado, Fernández permaneció bajo cuidados intensivos durante más de siete meses. Su evolución fue lenta y marcada por complicaciones médicas, lo que mantuvo en vilo a familiares y colegas. Aunque en varias ocasiones se reportaron leves mejores, el pronóstico nunca dejó de ser reservado. Finalmente, ayer 30 de noviembre, los médicos confirmaron su fallecimiento.
Todo indica que fue un crimen planeado, no un intento de robo común. Foto:redes sociales
En Hatillo de Loba, su tierra natal, la noticia generó consternación. Fernández era conocido por su trayectoria profesional y por vínculos familiares con figuras políticas locales: era tío del actual alcalde Robinson Fernández y del exalcalde Jaisin Fernández Astorga. En redes sociales, líderes y ciudadanos lamentaron su muerte y exigieron justicia.
Hipótesis sobre el sicariato: ¿corrupción, extorsión o ajuste de cuentas?
Desde el inicio, las autoridades han manejado varias líneas de investigación. Una de ellas apunta a posibles vínculos con procesos judiciales. Según registros oficiales, Fernández tenía dos anotaciones: una por estafa en 2019 y otra por lavado de activos en 2023. Además, el entonces director de la DIAN, Luis Eduardo Llinás, confirmó en abril que el funcionario era investigado por la Fiscalía por presunto lavado de activosaunque aclaró que desconocía si el atentado estaba relacionado con esos hechos.
Fernández era conocido por su trayectoria profesional y vínculos con figuras políticas locales. Foto:redes sociales
Otra hipótesis sugiere que el ataque podría estar ligado a extorsión de las redes criminales que operan en la región, dado el modus operandi del sicariato: hombres en moto, disparos y fuga inmediata, una modalidad común en ajustes de cuentas. Sin embargohasta ahora no hay capturas ni imputacionesy la investigación sigue abierta.
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Las autoridades han reiterado que el caso es prioritario y que se analizan todas las pruebas, incluidas las grabaciones de seguridad y los movimientos financieros del funcionario. El objetivo es esclarecer si el crimen tuvo motivaciones personales, profesionales o si responde a estructuras delictivas más amplias.
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